Según la investigación del Ministerio Público (MP) reveló que López Bonilla se aprovechó de su cargo para influir en funcionarios de menor jerarquía y habría permitido que se contratara a una empresa para que reparara las autopatrullas de la Policía.
De esa cuenta, se habría beneficiado con Q3.8 millones que sirvieron para remodelar la vivienda que utilizaba en la zona 10.
La audiencia fue suspendida por la jueza y continuará el próximo lunes 15 de mayo, cuando de determinará su situación jurídica.
Al salir de la audiencia, López Bonilla expresó que todo forma parte de un proceso administrativo y que la lección de este caso para el resto de funcionarios públicos es “no firmar nada porque tarde o temprano los acusarán”, manifestó el ex funcionario.
López Bonilla es imputado por asociación ilícita, fraude y peculado por uso. Audiencia se suspende. Continuará el lunes. @prensa_libre pic.twitter.com/QSts5W8F4R
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) May 9, 2017
El exministro de Gobernación agregó que desconoce si declarará en la próxima audiencia o bien esperará a que se complete la investigación.
Las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público aprehendieron el viernes pasado a 17 personas entre funcionarios y exfuncionarios de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), así como particulares que son representantes legales de empresas que se utilizaron para sustraer fondos de la PNC.
Las personas son sindicadas de asociación Ilícita, fraude, cohecho pasivo y peculado de uso, ya que integraban una estructura que operó a lo interno de la PNC para desviar unos Q12.7 millones, aparentando que adquiría bienes y servicios, sobre todo en autopatrullas y la contratación de obras para subestaciones de la PNC.
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López Bonilla está implicado en el caso La Coperacha.
Antecedentes
Por estos señalamientos ya fue ligado a proceso penal Héctor Florentino Rodríguez Heredia, quien fue exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC, y otras 11 personas entre exjefes, exasesores y particulares.
Las investigación hecha por el MP y la Cicig determinaron que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014 los ex funcionarios efectuaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos. Además se emitían facturas que no sobrepasaran los Q90 mil.
La organización operó en lo interno de la PNC para desviar los fondos al aparentar que adquiría bienes y servicios sobre todo para la reparación de autopatrullas, también contratación de obras y servicios para el remozamiento de subestaciones.
