“Los pueblos indígenas en Guatemala han hecho una construcción de un sistema propio de resolución de conflictos de más de 500 años. En la casa comunal de los 48 Cantones tenemos registros desde 1792 de las autoridades resolviendo problemas”, explicó.
Celso Chaclán, consultor en pueblos indígenas, coincide con Ixchiu en cuanto exponer la vergüenza debido a que el castigo maya va enfocado en que las personas no vuelvan a cometer ilícitos.
“La alcaldía indígena de Chichicastenango, Quiché, descubrió a un ladrón y la sentencia fue usar un chaleco con la frase “soy ladrón”, hacer limpieza en la municipalidad y todos se dieron cuenta de que es un ladrón; ahí va la sanción por la vergüenza”, señaló.
Nanci Sinto explica que ese Derecho no se ha logrado entender y en el imaginario de los capitalinos se refleja como si fueran linchamientos, y esto no es así.
“El sistema siempre va trabajando para armonizar a las comunidades”, indicó.
Diputados y sectores empresariales del país se oponen a que el Derecho Indígena sea reconocido en la Constitución Política, como parte de las reformas al pacto social que se discuten en el Congreso y que fueron consensuadas y discutidas en todo el territorio.
Norma legal
Las reformas constitucionales que se discuten agregan un párrafo al artículo 203 relacionado con las autoridades de los pueblos indígenas.
Queda de la siguiente manera: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Para el efecto, deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el sistema de justicia oficial y las autoridades indígenas.
