El jefe de la Fiscalía Especial, Juan Francisco Sandoval, confirmó que las diligencias pretendían secuestrar documentos administrativos, financieros y electrónicos de esas entidades privadas que podrían aportar a las pesquisas del caso que ya está en desarrollo y que en el 2018 llegará a la fase intermedia, en la que los implicados podrían ser enviados a  juicio.

“Se está colaborando con entregar toda la información que el Ministerio Público está pidiendo”, aseguró HW Contractors por medio de su oficina de comunicación.

Sigma informó que facilitaron toda la información requerida por las autoridades. “Muy respetuosos de toda la parte legal del país”, añadieron.

El caso

La Fiscalía Especial contra la Impunidad comenzó las investigaciones sobre el caso de sobornos por varias denuncias sobre actividades ilegales que apuntaban al exministro Alejandro Sinibaldi, a quien las autoridades no han podido localizar desde el 2016, cuando fue señalado en el caso La Cooperacha.

Empresas de cartón

Tres empresas se encargaban de facturar por servicios que no prestaban a otras constructoras. El objetivo era ocultar el verdadero destino de los fondos, que tenía como fin el pago de sobornos a cambio de facilitar que el Estado solventara la deuda acumulada.

Las empresas de cartón eran Constructora Benelli, S. A.; Agropecuaria y Constructora  Agua Azul, S. A., y Agropecuaria El Florido, S. A.

La facturación de los servicios se dio entre el 2012 y el 2014, sin tener la capacidad técnica, de personal, maquinaria y equipo para desempeñar las funciones que los supuestos contratos  le encargaban.

La Feci contabilizó unos Q19 millones facturados por esas entidades como recepción de las coimas de las constructoras. Los fondos eran repartidos entre los cómplices de Sinibaldi.