Justicia
Feci hace cinco requerimientos al Gobierno por caso de vacunas Sputnik
El MP da tres días para que el Gobierno entregue información que forma parte de una investigación de supuestas irregularidades en la compra de vacunas rusas Sputnik V.
Guatemala y otros países de Latinoamérica tuvieron problemas con la empresa rusa fabricante de la vacuna Sputnik V contra el covid-19. (Foto: Hemeroteca PL)
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) le hizo cinco requerimientos al Gobierno de Guatemala respecto al funcionamiento de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid) y de la contratación del excanciller Pedro Brolo, como parte de la investigación sobre supuestas irregularidades en la compra de las vacunas Sputnik V.
El pasado 4 de abril, el Gobierno de Guatemala denunció penalmente a la exministra de Salud, Amelia Flores, por la polémica compra de vacunas rusas anticovid en 2021 durante la administración del presidente Alejandro Giammattei, quien enfrentó críticas de posible corrupción por la adquisición de dicho fármaco.
La denuncia fue interpuesta contra Flores, quien suscribió un contrato confidencial con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), según dijo ese día el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, quien agregó que la exfuncionaria es señalada de la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado o malversación de fondos.
De esa cuenta, este miércoles el Ministerio Público (MP) le hizo cinco requerimientos de información al Ejecutivo, a quien le dio tres días para que entregue los informes de forma certificada y de manera urgente.
“La Fiscalía Especial contra la Impunidad, en seguimiento a investigación iniciada por el Ministerio Público relacionada a posibles irregularidades en el proceso de adquisición de las vacunas Sputnik V, realizó requerimientos de información a la Secretaría General y Secretaría Privada de la Presidencia de la República, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores”, señaló el MP.
El MP le solicitó a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) el expediente laboral del excanciller Pedro Brolo Vila; además, a la Secretaría General de la Presidencia le requiere el acuerdo gubernativo del nombramiento de Brolo Vila como titular de la Cancillería.
Otro de los requerimientos va dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, a quien le solicitan el acuerdo gubernativo del nombramiento de Edwin José Asturias Barnoya como director ejecutivo de la Coprecovid. A esa misma dependencia se le solicita el acuerdo gubernativo 65-2020 de la Presidencia de la República sobre de la creación de la Coprecovid.
Por último, el MP le pide a la Secretaría Privada de la Presidencia el listado de todo el personal que laboró en la Coprecovid y que se incluya los contratos de estas personas.
El MP dijo que la diligencia no se deriva de la denuncia que recientemente presentó el actual ministro de Salud, Óscar Cordón, junto al procurador general de la Nación, Julio Saavedra, sino que se trata de una investigación que se tenía desde antes.
Qué dice el Gobierno
Respecto a si se cumplirá con los requerimientos hechos por el MP, el Gobierno respondió que “aún se está considerando qué implicaciones legales puede tener que ellos -MP- hayan publicado un oficio que era confidencial y que fue bajo los términos sobre los cuales enviaron la solicitud”.
Sobre si se entregará la información señaló que “primero se analizará la forma y las implicaciones legales”
La Coprecovid se creó el 25 de mayo de 2020 y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. La comisión tenía el objetivo de asesorar a la cartera de Salud en la toma de decisiones durante la pandemia y estuvo a cargo del Epidemiólogo, Edwin Asturias.
Sin embargo, además de asesores, también la integró el exministro de Salud, Hugo Monroy seguido de Amelia Flores; el exministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, exministro de Trabajo, Rafael Rodríguez Pellecer, exministro de Desarrollo, Raúl Romero, exministro de Agricultura, José Ángel López y la secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Keila Gramajo Vilchez.
Compra
La compra de las vacunas rusas Sputnik V se efectuó durante la gestión de Flores y mientras el país atravesaba la emergencia por la pandemia del coronavirus.
En EL 2021, Flores dijo que se había negociado con la empresa Human Vaccine LLC, por una compra de ocho millones de dosis de vacunas y por la cual se desembolsarían Q614.5 millones correspondientes al 50 por ciento de lo negociado.
El contrato entre el Estado de Guatemala y la empresa rusa se mantuvo bajo confidencialidad durante el gobierno anterior, a pesar de señalamientos que se hicieron por parte de diversos sectores.
Durante la gestión anterior, las autoridades insistieron en que la empresa rusa requirió la confidencialidad de la negociación y las dudas de la negociación se incrementaron debido a que durante la emergencia los envíos de vacunas fueron pausados.
Desde que se hizo la negociación, Guatemala recibió 20 lotes de vacunas. El último fue de 2.4 millones de dosis, recibido el 30 de diciembre de 2021, con el que se completó el contrato de los ocho millones.
Detalles
Santiago Palomo, titular de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción el día que presentaron la denuncia le requirió al MP que “cumpla con su mandato e investigue seriamente las denuncias”.
El jefe de la Procuraduría General de la Nación, Julio Saavedra, señaló 11 puntos por los que se presentó la denuncia contra la negociación de las vacunas Sputnik V.
Agregó que fue ilegal suscribir un contrato con un ente que no era el productor de las vacunas, que no se corroboró quién firmó el contrato por parte de la empresa Humman Vaccine.
También dijo que fue ilegal haber firmado el contrato en inglés y que se negociaron condiciones desfavorables para el Estado de Guatemala al haber aceptado todas la condiciones impuestas al Ministerio de Salud.
Además, refirió que se incluyó que el Estado de Guatemala debía pagar regalías, lo cual podría haber incurrido en peculado.
También señaló que se fijó como límite US$100 mil, en caso de que el Estado exigiera indemnizar a la empresa Human Vaccine.
Agregó que no se respetó la jerarquía de las leyes nacionales ni los preceptos legales al haber sometido el contrato a arbitraje.
Una cláusula de confidencialidad en el contrato no fue justificada, porque los actos de administración pública deben ser públicos, señaló.
El lugar donde se firmó el contrato se desconoce, según indicó el funcionario en esa oportunidad.
También dijo que se aceptó una vacuna cuyo uso no estaba autorizado ni certificado conforme al Decreto 1-2021.
ESCRITO POR:
César Pérez Marroquín
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.
