Por violencia sexual, falta de recursos, riesgo social, víctima de secuestro, alcoholismo, afiliación a pandillas y conflicto con la ley penal ingresó una por cada razón.
Respecto a los lugares de residencia u origen de las 56 adolescentes, la mayoría provenía de sitios en donde las condiciones de servicios básicos y pobreza no le permiten a la población un desarrollo integral.
De las 26 menores del departamento de Guatemala, dos provenían de Amatitlán, seis de Villa Nueva y una de Mixco. Aunque la SBS no especificó las zonas, durante los días posteriores a la tragedia familiares indicaron que residían en áreas vulnerables donde la presencia de las pandillas es fuerte.
De las adolescentes que vivían en el área rural, había cinco de Jutiapa, cuatro de Chimaltenango, tres de Huehuetenango y el resto de otros departamentos, en donde las condiciones de pobreza en las que crecieron y la falta de oportunidades de educación fueron determinantes para trasladarse a un lugar lejano a su comunidad.
Reflejo de la realidad
Rosa María Ortiz, experta en derechos humanos y de la niñez, quien visitó el país recientemente, comentó: “Generalmente, las víctimas son un espejo de lo que nos falta. Lo triste es que además de ser víctimas se les culpabiliza, en lugar de ver que las carencias estaban altas”.
Eso se evidenció en el informe Pobreza multidimensional infantil y adolescente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (2014), que muestra que el 54.8 por ciento de los hogares en los que habitan menores de 18 años viven en situación de pobreza, no solo monetaria, sino también y de forma simultánea en situación de privación en al menos dos dimensiones de derechos.
Para Ortiz, en los casos de las víctimas del Hogar Seguro, “hay muchos índices de discriminación, ya que muchos de los que estaban allí son niños indígenas y pobres”.
Destacó la experta que es necesario tomar en cuenta que la discriminación que mató a esas jóvenes “tiene que enseñarnos que están faltando políticas de inclusión”.
Esto debido a que entre las jóvenes, y el resto de niños albergados, había quienes estaban allí porque la madre trabajaba o porque sus padres se separaron.
Ortiz indicó que se debe “evaluar qué servicio precisa Guatemala, y servicios donde viven los niños, no servicios dentro de la capital”.
