Durante el juicio abreviado en el Juzgado Undécimo Penal Jiménez Mijángos aceptó el obstáculo a la investigación y el juzgador Cojulún lo condenó a tres años de prisión conmutables al pago de Q10 diarios.
Además, como reparación digna al Estado, deberá pagar la remodelación de la escuela de la aldea El Aguacate, en la zona 9 de Mixco. Por último, el juez le recordó que durante el tiempo de la pena tiene inhabilitación especial para optar a cargos públicos.
El fiscal Hugo González explicó que Jiménez Miaángos es el primer procesado que es vencido, en este caso al aceptar su culpa y confirmar así la tesis de investigación junto con la Cicig.
Mañana comparece en la misma judicatura el empresario del transporte Luis Gómez, quien estuvo prófugo más de un año y fue detenido el 3 de marzo pasado en la zona 9.
Gómez dirigió la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Alfonso Gómez González, fue detenido durante una revisión de rutina que hizo la Policía Nacional Civil (PNC) en la 1a. calle y 2a. avenida de la zona 9.
Procesados
En la fase uno del caso Transurbano está procesado el expresidente Álvaro Colom Caballeros y 11 de los que fueron sus ministros por el supuesto desvío de Q270 millones. La fase dos, donde se declaró culpable Jiménez Mijangos hay 12 procesados, entre ellos, Reyna Gómez, hermana de Luis Gómez.
Investigación
Durante 2008 y 2009 integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la Administración de Colom.
Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009, inclusive.
Las pesquisas se remontan a 2008 cuando en el seno de la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público se tomó la decisión de implementar un sistema prepago en buses de la ciudad capital. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por agentes públicos y privados para lograr la sustracción de Q270 millones.
Según la investigación del MP y la Cicig, el supuesto fraude para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 y con ello la erogación de los recursos. De esta manera, el Acuerdo Gubernativo fue la llave que permitió la asignación financiera a la AEAU de Q270 millones, sin mayores controles. Es decir, los responsables de la guardia y custodia del patrimonio estatal utilizaron una serie de artificios para defraudar al Estado y con ello a los agremiados de la AEAU y a la sociedad en general. El Acuerdo traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a la AEAU.
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