Justicia

Inmuebles vinculados a exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, pasan a ser administrados por secretaría de extinción de dominio

Los inmuebles están vinculados a la investigación denominada Caso Muni Chinautla.

Uno de los 9 inmuebles que fueron entregados a la Senabed y que están vinculados al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrando. (Foto Prensa Libre: MP)

Uno de los 9 inmuebles que fueron entregados a la Senabed y que están vinculados al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrando. (Foto Prensa Libre: MP)

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Extinción de Dominio hizo entrega de 9 inmuebles a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), los cuales están relacionados al exalcalde Arnoldo Medrano dentro de la investigación Caso Municipalidad de Chinautla.

Los bienes consisten en una vivienda ubicada en Condado Naranjo, una oficina en el edificio Plaza Portal del Bosque, así como seis espacios d estacionamiento y una vivienda ubicada en colonia Ciudad Nueva, zona 2 de Guatemala.

A solicitud de la fiscalía, estos inmuebles cuentan con medidas cautelares materializadas en fechas 26, 27 y 28 de julio de este año.

Condenado por corrupción

El Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por Pablo Xitumul, halló culpable de corrupción, el 20 de agosto de 2020, al exalcalde Arnoldo Medrano y lo condenó a 29 años y medio de cárcel por ser el cabecilla del caso Municipalidad de Chinautla: un negocio de familia.

Xitumul dictó sentencia contra Medrano por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y fraude. Además, impuso una multa de Q25.7 millones.

Durante la sentencia, Xitumul dijo que Medrano y “allegados en agrupaciones políticas y seudo empresarios voraces, insolentes, con ínfulas de grandeza” cooptó y convirtió la municipalidad de Chinautla en su centro de operaciones -llegó por primera vez en 1988 y gobernó hasta 2014- y el departamento de Guatemala como su área de actividad delictiva.

El juez determinó que la conducta de Medrano fue en perjuicio de la administración pública, hizo fraude al Estado y en menoscabo de la economía nacional por blanquear capitales y activos sustraídos mediante artimañas de supuesta ejecución de obra, apropiados sin escrúpulos de los tributos encomendados.

En la sentencia Xitumul expuso que la red obtuvo Q469.8 millones de “lucro injusto”, según la prueba presentada, para lo cual los procesados montaron un plan criminal que dividió tareas y definió roles y niveles alrededor de Medrano, al que llamó cabecilla; sus hijos y allegados.

Durante su declaración previa a la sentencia, Medrano pidió la absolución por los delitos de fraude, asociación ilícita y lavado de dinero porque no quedaron probados durante el debate.

En esa oportunidad fueron condenados

  1. Arnoldo Medrano: por asociación ilícita 13 años y meses, fraude en forma continuada cinco años y cuatro meses; lavado 10 años y cuatro meses y multa de Q.25,7 millones. En total 29 años de prisión.
  2. Alba Lissette Fabian Barrera: fraude en forma continuada, dos años de prisión y ocho meses de prisión.
  3. María Luisa Osorio Vásquez, fraude en forma continuada, dos años y ocho meses de prisión.
  4. Max Alfonso Muralles Aché: asociación ilícita, dos años y cuatro meses, fraude en forma continuada un año y nueve meses y lavado dos años y ocho meses, y multa de Q144,620.26. En total seis años y nueve meses y multa de Q25 millones.
  5. David Antonio Pérez Muralles: fraude en forma continuada, dos años de prisión y ocho meses de prisión.
  6. José Lizandro Mendizábal Monroy, asociación ilícita ocho años de prisión, lavado ocho años inconmutables y multa de Q4 millones 160 mil 922.01.
  7. Esaú Alonzo Cajero Bautista: fraude en forma continuada, dos años y ocho meses.
  8. Oscar Noé Cajero Bautista: fraude en forma continuada, dos años y ocho meses.
  9. Gustavo Adolfo Soto Osorio, asociación ilícita 10 años y 8 meses y fraude en forma continuada, cinco años y cuatro meses.
  10. Cristian Adolfo Pérez Guerra: asociación ilícita seis años y lavado cuatro años y multa de Q1 millón 557 mil 175.55.
  11. Samuel Escalante Vásquez: fraude en forma continuada dos años y ocho meses.
  12. Héctor Adolfo Aguirre Vásquez, asociación ilícita seis años de prisión y lavado cuatro años de prisión y multa de Q228 mil 429.69.
  13. Josué Alexander Colindres Pérez: asociación ilícita seis años prisión y lavado cuatro años y multa de Q184 mil 232.64.
  14. William David Colindres Pérez: asociación ilícita seis años de prisión y por lavado cuatro años y multa Q3 millones 140 mil 188.68.
  15. Milton Amory Pérez Guerra: absuelto.
  16. Milton Alexander Aguirre Vásquez: absuelto.
  17. Brígido César Equité Guamuch: absuelto.
  18. Manuel Escalante Vásquez: absuelto.

 

El caso

En abril de 2009, Medrano Menéndez expuso al Concejo la necesidad de crear el fideicomiso Chinautla/Banrural. El listado incluía proyectos de vivienda mínima, pavimentación de calles y construcción de un sistema de alcantarillado, entre otros.

Simultáneamente, entre los años 2008 y 2010, crearon las siguientes empresas para captar los contratos de la municipalidad: Grupo Dinámica S.A., Constructora Aguirre Hermanos S.A., Servicios Bauca, S.A., Constructora Lagunilla S.A., Multitel S.A., Santa Cruz Construcciones S.A., Constructora Escala S.A., Construcciones Equité S.A., Muralles Pérez, Construcciones S,A., Chomo S.A. y Escalante Vásquez Construcciones S.A.

Seis de esas empresas fueron creadas en un período de 15 días. Todas tenían como contador a Gustavo Adolfo Soto Osorio, quien a su vez estaba contratado como auditor interno en la comuna de Chinautla, y también compartían a los mismos socios.

Cuando se firmaron los contratos las empresas no tenían ni siquiera un año de haber sido inscritas. El referido fideicomiso fue creado para administrar los fondos, pero el exalcalde lo utilizó para pagar obra pública adjudicada de manera fraudulenta.

El monto de los siete contratos asciende a Q25 millones, de acuerdo con las investigaciones.

Las operaciones del clan Medrano-Osorio se ampliaron a otras municipalidades y muestra de ello es que siete empresas ligadas a la familia recibieron contratos por unos Q400 millones entre 2009 y 2010.

ESCRITO POR:

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.