Justicia

Investigan muerte de dirigente comunitario en Santa Rosa 

Ángel Estuardo Quevedo, uno de los líderes comunitarios que encabezan la protesta contra la minera San Rafael, fue atacado a balazos en una carretara de Santa Rosa. 

Por William Oliva / Guatemala

El cuerpo de Quevedo quedó a pocos metros de la motocicleta en la que se movilizaba. (Foto: MP)
El cuerpo de Quevedo quedó a pocos metros de la motocicleta en la que se movilizaba. (Foto: MP)

Según reportes de medios locales, Quevedo, de 50 años, se conducía en una motocicleta cuando fue ultimado el jueves cerca del mediodía en la aldea El Salitre, en la carretera hacia Santa Rosa de Lima. 

Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, dijo que las investigaciones respectivas las efectúa la fiscalía de Distrito de Santa Rosa. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la muerte de Quevedo, integrante de la resistencia pacífica de Casillas, que se opone a las operaciones de la Minera San Rafael, y ofreció acompañamiento y seguimiento del caso ante las autoridades competentes. 

Varias organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos denunciaron que la víctima estaba recibiendo amenazas de muerte desde hacía varios días. 

En mayo último, el Alto Comisionado expresó en Ginebra, Suiza, su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Guatemala, especialmente contra los líderes comunitarios y dirigentes indígenas y campesinos. 

Lea también: Estos son los números de Mina San Rafael a un año de ser suspendida

"En los últimos 10 días, tres defensores de derechos humanos que trabajaban con organizaciones de derechos de los pueblos indígenas y de campesinos fueron asesinados", denunció entonces el Alto Comisionado. 

El Proyecto El Escobal, propiedad de la Minera San Rafael, cumplió un año sin operar este 5 de julio luego de haber sido suspendido por una resolución inicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la fecha aún está pendiente el fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En tanto, protestas entre opositores y trabajadores de la mina se han efectuado, al punto que dos campamentos se mantienen frente a la edificio de la CC para presionar por una solución definitiva. 

En el año de suspensión, Q1 mil 861 millones han dejado de entrar a la economía el país, de estos Q400 millones se refieren a estimaciones de impuestos y regalías, indicó Andrés Dávila, gerente de comunicación de la Minera San Rafael. La firma pide que se le permita seguir operando.

En tanto, el Centro de Acción Legal y Ambiental (Calas), espera que se suspenda en definitiva la licencia y que se inicie el proceso de solicitud de nuevas licencias en cuyo proceso se deba efectuar las consultas a las poblaciones indígenas en el área de influencia, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes dijo el asesor jurídico Rafael Maldonado.

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