Explicó que también se planteó la creación de un escalafón para que los jueces y magistrados con más tiempo en el cargo puedan recibir una retribución económica más alta. “Hay compañeros que no ven justo que un juez o magistrado recién nombrado gane lo mismo que uno que lleva 15 años en el cargo”, señaló.
Además, están pidiendo que los togados cuenten con un seguro médico pagado por el Organismo Judicial. López explicó que actualmente los magistrados cuentan con sistema de reembolso de gastos médicos de hasta Q90 mil, por lo que el Organismo Judicial reintegra los recursos a quienes hayan usado el servicio.
Cuestionado sobre la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), el presidente de la asociación explicó que solamente los jueces cuentan con tal respaldo.
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“Es de conocimiento público el deficiente servicio que se presta a la población y a los afiliados del seguro social, consideramos que por el riesgo que tenemos por realizar nuestro trabajo merecemos un trato más digno”, afirmó.
La asociación pide que se contraten auxiliares judiciales, pues actualmente el nombramiento de este personal de apoyo “tarda demasiado” y se alarga hasta tres y cuatro meses.
Finalmente, López dijo que se solicitó que se establezca la jornada laboral para los jueces de Paz, que actualmente atienden sus órganos jurisdiccionales cuando se requiere sin un horario establecido.
Dijo que están a la espera de recibir la confirmación por parte de las autoridades de la Corte Suprema para tener en una reunión. Aseguró que es la primera vez que jueces y magistrados realizan un ejercicio de este tipo y que no han recibido un aumento salarial en 18 años.
El salario promedio de un juez de Paz es de Q12 mil, un juez de Primera Instancia Q20 mil y los magistrados llegan a Q27 mil.
Salarios dignos
En consideración del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, el Estado de Guatemala debe procurar ofrecerles un salario digno a jueces y magistrados, que les permita bienestar y los haga menos susceptibles a ser corrompidos. No obstante, no considera que se esté en condiciones para aceptar el incremento solicitado.
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Además, dijo que estos incrementos deberían estar sujetos a mayores exigencias a la hora de evaluar el desempeño de los togados y que debería actuarse con mayor contundencia cuando se detecte alguna anomalía en su actuación.
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