La fiscalía hondureña acusa a De León Pérez por lavado de dinero, luego que fueran interceptados por el paso fronterizo El Corinto, entre Guatemala y Honduras, con una suma de dinero que superaba los US$10 mil.
Presuntamente, el togado pretendía salir de Honduras con Q72 mil 695 en efectivo. El hombre no pudo demostrar satisfactoriamente el origen del dinero que no reportó en la aduana.
Antes de ser asignado al Juzgado de Delitos de Femicidio en Izabal, De León Pérez fue juez de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché.
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Piden investigación
Carmen Aida Ibarra, miembro del Movimiento ProJusticia, señaló que el Ministerio Público (MP) debe investigar al juez para determinar cuál es el origen del dinero que pretendía ingresar al país.
“Su captura en Honduras tiene relación con lo que sucede en Guatemala. Él es una persona que imparte justicia y se debe investigar si el dinero es producto de actividades ilícitas o lícitas”, comentó Ibarra.
En este sentido, explicó que es importante que se esclarezca la situación del togado en territorio extranjero porque la suma de dinero no es coherente con el sueldo de un juez de Primera Instancia. “Esta podría deberse a la venta de resoluciones o a su participación con actividades ilegales que actúan en el interior del país”, comentó.
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No es la primera vez que un juez se ve involucrado en un caso de blanqueo de activos. En el 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el MP acusó a la jueza Jisela Reinoso por lavado de dinero.
Reinoso no pudo explicar cómo adquirió una vivienda valorada en más de Q3 millones y varios vehículos durante el tiempo que estuvo al frente del Juzgado Cuarto de Sentencia Penal y fue condenada a 11 años de prisión por dicho delito y enriquecimiento ilícito.
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