A finales del año pasado, un grupo de ciudadanos obtuvo un amparo en definitiva, que garantiza la democracia en Guatemala, pero esa acción de amparo también vinculaba originalmente a la Feci y a la Policía Nacional Civil (PNC).
Por razones de competencia, esa parte de la acción legal se remitió al juzgado noveno pluripersonal, que el pasado 15 de diciembre resolvió de manera favorable.
En la resolución se le ordena directamente a la Feci que “deben proceder diligentemente en apego a los principios que rigen el proceso penal y cuidando de cumplir estrictamente con los plazos procesales establecidos en la ley”.
En el documento también se ordena, que pese a que es una entidad encargada de procesos de investigación para la averiguación de la verdad, deben de garantizar la alternabilidad de mando, que según la Constitución Política de la República de Guatemala será el próximo 14 de enero.
“Deben velar, en su función de hacer cumplir las leyes y su vinculación a la Constitución; por la preservación de la institucionalidad, la defensa del régimen democrático, y velar por la plena vigencia y efectividad del principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”, indica la resolución.
La Feci es la unidad del Ministerio Público (MP) que mantiene a su cargo la investigación contra el partido político Movimiento Semilla, partido político que ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta.
Los avances en las indagaciones de la fiscalía, dan cuenta que a su juicio las actas electorales no tienen valor, por una serie de posibles anomalías que habrían alterado, a criterio de la fiscalía, los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio.
Los argumentos
A criterio del titular de la Feci, según hace constar su apelación que ingresó a la CC el pasado 17 de diciembre, a su juicio, no existen argumentos reales que atenten contra la alternabilidad de las autoridades, y que eviten que los ciudadanos electos tomen posesión este 14 y 15 de enero.
“El amparo es planteado con argumentaciones que son ineficaces para crear siquiera remotamente, un mínimo grado de convicción que llegue a hacer creer que existe el riesgo y amenaza que alegan”, señala el jefe fiscal.
La acción de amparo indica que las acciones de ciertas instituciones, incluida la Feci del MP, podrían atentar contra el régimen democrático, extremo que Curruchiche, refuta en el documento.
“Los amparistas no puntualizan, desarrollan ni sustentan en forma razonable, de acuerdo al correcto entendimiento humano, que las diligencias de investigación que efectúa la Feci constituyan alguna amenaza cierta e inminente a alguno de sus derechos”.
Para el jefe fiscal, los argumentos del amparo se basa en mensajes replicados en las redes sociales. “La ineficacia de los argumentos infundados de los amparistas para sustentar la amenaza que alegan su falsedad, falta de seriedad y de respaldo objetivo, se revela en su origen dudoso, ya que indican que sus fuentes son las “redes sociales””.
El verdadero fondo de las acciones legales que cuestionan el sentido de las investigaciones de la Feci, a consideración de Curruchiche, podría tener otro tipo de intenciones.
“La presente acción constitucional de amparo podrían formar parte de una serie de acciones interpuestas por distintos actores que se atribuyen actuar en forma independiente, pero cuyas argumentaciones podrían constituir un actuar coordinado y estructurado, en unidad de argumentos y objetivo de obstaculizar las investigaciones que efectúa el Ministerio Público en el cumplimiento de su mandato constitucional”, señaló en el documento.
La apelación de Curruchiche explica que el MP cuenta con una función de investigación respaldada en la Constitución, y que al no existir ningún fondo que busque afectar la democracia, la misma sea dada con lugar y quede sin valor las consideraciones del juzgado noveno pluripersonal.
Rechazan versión
Los ciudadanos que obtuvieron el amparo, respondieron de manera escrita ante la CC, rechazando los argumentos del MP, que señalan un posible intento por obstaculizar las investigaciones.
A criterio de los amparistas, los temores son reales y todo ello ha venido de la mano con autorizaciones judiciales.
Mismas que el año pasado dejaron allanamientos en sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), e incluso el secuestro de actas electorales.
“En este sentido, es necesario mencionar que la fuente cierta e inminente de amenaza a los derechos de los amparistas la constituye una resolución emitida por un juez contralor como resultado de acciones propias de la Feci”, indican.
En el documento rechazaron de manera categórica los señalamientos de Curruchiche, que apunta a un intento de obstaculizar la investigación del MP.
“No pretenden obstruir el ejercicio de las funciones de investigación del MP. Reconocen que es facultad y obligación del MP investigar la posible comisión de hechos delictivos y averiguar la verdad sobre estos. Sin embargo, insisten en que dicha facultad debe ejercerse dentro del marco legal y bajo los estándares del principio de proporcionalidad, lo cual, como ya se ha evidenciado en escritos anteriores y se reiterará en este memorial, no ha ocurrido en el presente caso”, refieren.
Se desconoce en cuanto tiempo podría resolver la CC, ya que los amparistas pidieron una vista pública
