Nueve guardias penitenciaros que fueron capturados el pasado miércoles por tener supuestos vínculos con una estructura criminal que recluta a menores para prostituirlas en las cárceles del país fueron ligados a proceso penal este jueves 21 de marzo y beneficiados con arresto domiciliario, informaron fuentes judiciales.

Fue el juez de Primera Instancia Penal con competencia especializada en delitos de trata de personas, Efraín Najarro, quien resolvió dejar en arresto domiciliar a los agentes que fueron detenidos durante un operativo de las fuerzas de seguridad que se denominó "Adolescentes en Peligro" y que en total dejó 20 aprehensiones y 8 notificaciones en reclusorios.

Najarro dictó que los nueve guardias del Sistema Penitenciario (SP) enfrentarían un proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes y les otorgó medidas sustitutivas, entre ellas, arresto domiciliario, presentarse al MP a colocar su huella, arraigo y no pagar fianza.

El pasado jueves, la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas y la Policía Nacional Civil efectuaron 32 allanamientos como parte del operativo "Adolescentes en Peligro", el cual se ejecutó en seguimiento a la investigación relacionada con el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados.

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“Como resultado se coordinó la aprehensión de nueve guardias de la Dirección General del Sistema Penitenciario quienes, de acuerdo con la investigación, han colaborado con la estructura criminal del Barrio 18 para el ingreso de niñas y adolescentes a centros carcelarios”, detalló la Fiscalía.

Agregó que también se ejecutó la detención de 11 particulares “identificados como quienes captan, reciben y trasladan a las víctimas”.

Además, se notificaron órdenes de aprehensión a ocho privados de libertad y el secuestro de diversos indicios, entre estos varios dispositivos electrónicos que permitirán fortalecer la investigación que se lleva a cabo.

“Como parte de los esfuerzos interinstitucionales para abordar este caso, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario, realizó una requisa en los recintos carcelarios ubicados en la zona 18 de la ciudad de Guatemala y en el municipio de Fraijanes”, señaló el MP.

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Investigación

El MP informó que durante las pesquisas la unidad especializada documentó el ingreso de menores comprendidas entre los 12 y 16 años a cárceles, “en las cuales son abusadas sexualmente y reclutadas con el fin de integrarlas a la pandilla del Barrio 18 y sus diferentes clicas”.

“En la investigación se identificó la manera de operar de la estructura criminal para captar a las niñas y adolescentes y obligarlas a integrar las diferentes clicas de la Pandilla del Barrio 18. Esta consiste en captarlas por medio de las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, redes humanas, institutos o centros de estudios, entre otros, los cuales son el primer contacto entre las niñas y adolescentes con los miembros de pandillas” refiere.

Agrega que luego son trasladadas por medio de vehículos de colaboradores Uber, InDrive, mototaxis, autobuses colectivos y extraurbanos, los cuales son costeados por los miembros de las pandillas o bien con dinero de las niñas y adolescentes que tengan en su poder o logren extraer de sus padres.

“Posteriormente son recibidas en las residencias de miembros o colaboradores de las pandillas juveniles o en inmuebles abandonados, en los cuales no existe control de personas adultas o responsables”, agregó el ente investigador.

Señala que en dichos lugares reciben instrucciones por parte de miembros de las pandillas para los delitos que deban cometer o visitas a centros carcelarios que tengan que realizar, así como ingerir bebidas alcohólicas o utilizar estupefacientes.

Finalmente, las niñas y adolescentes son retenidas mediante amenazas de muerte, engaños o violencia durante su tiempo de adaptación a las pandillas, ya que los lugares de acogida son vigilados por miembros de estas.