El juzgador les impuso arresto domiciliario, prohibición de acercarse a la Municipalidad de San Gaspar Ixchil y comunicarse con empleados y personas testigos y vinculadas al caso.
También obligación de firmar el libro de medidas sustitutivas los primeros cinco días del mes y caución económica. Se fijó plazo de dos meses para finalizar la investigación.
En octubre de 2017, el Ministerio Público (MP) informó sobre una investigación en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán, relacionada a casos de corrupción y que fue denominada “Munis Noroccidente”.
En esa oportunidad, el MP señaló que funcionarios y exfuncionarios cometieron actos de corrupción, mediante la coordinación con propietarios de constructoras a quienes beneficiaban con contratos para la ejecución de obra.
