Un mes después, el fiscal Carlos Videz aún continuaba con la descripción de los hechos, el desvío del dinero de los sindicados. Dos de ellos fueron señalados por financiamiento electoral ilícito, que fue modificado por los legisladores el 18 de octubre último que fue publicado en el Diario de Centro América esta semana y ya está vigente.
Los argumentos de la defensa
El abogado Juan Rodolfo Pérez pedirá a la jueza el cambio de delito a favor de su cliente, Omar Augusto Guerra Villeda.
“La ley no es retroactiva salvo en cuanto beneficia al reo y acá lo que se dejó son las reglas claras para las elecciones, que se castigará al que aporte dinero a los partidos políticos de forma anónima”, explicó Pérez.
El defensor explicó que corresponde aplicar la nueva ley, en este caso, el delito de financiamiento electoral no registrado, que contempla la reducción de la prisión de uno hasta cinco años y deja sin efecto la cárcel de cuatro a 12 años.
“Entiendo que todos los casos están en momentos procesales distintos, aunque en esta audiencia de primera declaración a mi patrocinado no lo han procesado”, agregó Pérez.
“El haber cambiado, a juicio mío, la forma en que se reformó este delito tiene efectos derogatorios, por lo tanto, el delito anterior ya no puede ser aplicado”, finalizó el abogado Pérez.
Los señalados
La acusación por financiamiento electoral ilícito fue contra José René González-Campo Hinojosa, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), quien aportó Q558 mil destinados a financiar la campaña electoral de Sinibaldi, según la Fiscalía.
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También fue sindicado Omar Augusto Guerra Villeda, quien habría aportado Q143 mil 200 el 2 de julio de 2011 a la empresa Impresos Urbanos, S. A., de Sinibaldi.
Videz informó que hizo la imputación con la descripción de los indicios. “En mi caso ya imputé por el delito de financiamiento electoral ilícito. Sería cuestión de la defensa que solicite que se ligue por este delito nuevo el financiamiento no registrado”, agregó.
Óscar Shaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, informó que aún están en etapa de análisis de cada uno de los casos. “La fiscal General -María Consuelo Porras- nos instruyó para que en cada caso se realice un análisis de acuerdo con las circunstancias, ya que cada caso es diferente”, recalcó.
“Cada caso es diferente, además que procesalmente en su momento se deberá hacer los pronunciamientos ante las judicaturas que llevan el control de los mismos. Por el momento se encuentran en etapa de investigación todos los casos”, agregó Shaad.
Porras adelantó que después de la revisión de los casos decidirá si plantea una acción de inconstitucionalidad.
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