La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE) a los procesos de selección y nombramiento de autoridades judiciales y electorales del 2026 pidió que los nombramientos pendientes en las elecciones de segundo grado recaigan en personas capaces, idóneas y honradas.

Los expertos de la misión permanecerán en el país durante marzo con el objetivo de dar seguimiento directo a los eventos relacionados con los nombramientos de autoridades y evaluar el desarrollo de los procedimientos institucionales.

En un pronunciamiento, la misión se refirió a las decisiones adoptadas la semana pasada en el marco de los procesos de selección y nombramiento de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.

Según el organismo europeo, uno de los aspectos destacados desde sus primeras comunicaciones fue la importancia de cumplir con los plazos legales establecidos en cada proceso, algo que, según indicó, se ha respetado hasta ahora.

La misión también valoró positivamente que el Congreso de la República realizara entrevistas a los candidatos a la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, expresó preocupación porque los recientes nombramientos se produjeron en un ambiente de alta tensión, marcado por presiones externas y cuestionamientos sobre la integridad de algunos aspirantes.

Además, el equipo internacional dio seguimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó al Congreso llevar a cabo la décima quinta sesión ordinaria del pleno.

Sobre este punto, la misión señaló que existe un debate legítimo sobre los límites de la función de control que ejerce la Corte de Constitucionalidad respecto de las decisiones de otros poderes del Estado.

La sucesión de acontecimientos, agregó el pronunciamiento, plantea interrogantes sobre los alcances del principio de separación de poderes, la independencia de las instituciones involucradas y la legitimidad de los mecanismos utilizados para elegir magistrados.

El organismo recordó que la Constitución Política de la República establece que los poderes del Estado pueden designar autoridades con autonomía y en ejercicio de sus facultades constitucionales.

No obstante, subrayó que esas decisiones deben responder al interés público y al compromiso de fortalecer la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

La misión señaló que, para garantizar procesos de designación judicial legítimos y transparentes, los nombramientos deberían derivarse de un debate sustantivo sobre la idoneidad e integridad de los candidatos.

Durante esta semana se esperan decisiones clave relacionadas con los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

En ese contexto, la misión exhortó a las autoridades e instituciones involucradas a actuar con un espíritu constructivo y priorizar los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los aspirantes, tal como establece la Constitución de la República de Guatemala.

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