Justicia

Presidente Morales de nuevo bajo el ojo de la justicia en menos de dos años

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, está de nuevo bajo el ojo de la justicia por un caso de supuesta financiación electoral ilícita en 2015, y el Congreso, que lo arropó el año pasado y le mantuvo la inmunidad, podría ser de nuevo su mejorar aliado en esta nueva solicitud de desafuero.

Por ACAN-EFE

El presidente Jimmy Morales asumió la presidencia en 2016 y ha gobernado dos años llenos de enfrentamientos judiciales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El presidente Jimmy Morales asumió la presidencia en 2016 y ha gobernado dos años llenos de enfrentamientos judiciales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron el viernes el antejuicio contra el mandatario al considerar que en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) recursos para la campaña presidencial.

Y la moneda está por ahora en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le tiene que dar o no luz verde al desafuero. De ser admitida la petición, el proceso tiene que ser trasladado al Congreso.

En septiembre del año pasado el Organismo Legislativo rechazó en dos ocasiones quitarle la inmunidad al presidente para que fuese investigado por el mismo delito que ahora se le señala. Ese caso quedó archivado.

Protección del Legislativo

El Congreso sigue siendo el mismo. Su presidente ahora es Álvaro Arzú Escobar, el hijo del fallecido alcalde metropolitano y expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú (1996-2000), quien fue un gran aliado de Morales.

Ya el vicepresidente del poder Legislativo, Felipe Alejos, sobre el que también pesan denuncias por tráfico de influencias, adelantó que de llegar al Parlamento la solicitud de desafuero del mandatario no va a prosperar.

El diputado opositor asegura que no permitirá que se le de "un golpe" al presidente y que se desestabilice el país, y atribuye las acciones judiciales en su contra a "un odio desmedido y sistematizado" orquestado por el comisionado Iván Velásquez y la exfiscal, Thelma Aldana, quien no esconde sus aspiraciones políticas.

Analistas políticos tampoco creen que el proceso vaya a recibir el voto de los 105 diputados para que el jefe de Estado sea sometido a una investigación y el "pacto de corruptos" en el Congreso podría salir de nuevo victorioso.

En su primer pronunciamiento, el presidente dijo que era respetuoso del Estado de Derecho y que confía "en un procedimiento enmarcado en derecho y ajeno a intereses políticos".

Además, que dejaba en manos de las instituciones consagradas en la Constitución del país la "solución a esta nueva causa" promovida en su contra.

La fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, quien estuvo acompañada el viernes del comisionado de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, a quien el presidente intentó sin éxito sacar del país el año pasado tras la primera petición de desafuero, asegura que la petición para que se le levante la inmunidad al mandatario es para comenzar una investigación.

Tanto el organismo de las Naciones Unidas como la Fiscalía, tienen el testimonio de varios poderosos empresarios que admitieron haber financiado la campaña de FCN-Nación en el 2015 de forma anómala.

El colectivo político recibió, según la investigación preliminar, más de 7.56 millones de quetzales (más de 1,01 millones de dólares) para el pago de fiscales para la primera y segunda vuelta electoral celebradas el 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015, respectivamente.

La nueva denuncia agrega el hallazgo de 359 mil 899 quetzales (48 mil 114 dólares) de financiación al partido para pagar las capacitaciones de los entonces candidato, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, actual vicepresidente del país.

De esa cuenta la financiación que no se reportó al Tribunal Electoral supera lo 7.92 millones de quetzales (US$1.05 millones de dólares).

En abril pasado el grupo de grandes empresarios que entregó dinero para financiar ilegalmente la campaña del ahora partido gobernante mostró su arrepentimiento y pidió disculpas al pueblo por tomar con "premura" esa decisión en el contexto de una crisis política.

En el 2015 las denuncias de corrupción en contra del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, desbordó en sendas protestas en las plazas hasta que renunciaron. Ambos están presos y procesados por varios delitos.

Fue el trampolín perfecto para que Morales, que era más conocido por sus facetas de comediante en la televisión que por político, saltara a la arena y ganara la presidencia de Guatemala.

Si la justicia no lo alcanza, el actual mandatario deberá entregar el poder el 14 de enero de 2020. 

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