“Algunas otras cuestiones que se puedan coordinar con la Policía Nacional Civil, toda vez que directamente  el traslado de los reos depende del Sistema Penitenciario, estaremos viendo si se solicitan algún tipo de refuerzo de parte de la PNC, no tengo conocimiento de algún requerimiento particular”, afirmó,

Reiteró que siempre prevén todas las medidas de seguridad que garantice que las personas sindicadas, medios, abogados, jueces y Ministerio Público puedan ingresar para que se lleve a cabo la audiencia sin contratiempos.

Rojas refirió que cuando los casos son de numerosos detenidos, los jueces pueden programar las audiencias de tal manera que no se ocasionen aglomeraciones, sin embargo este caso de cooptación del Estado al momento no ha sido solicitado algún proceso.

“Los juzgados son los que tienen todas las condiciones para que se lleven a cabo esas audiencias, porque recordemos que debe llevarse el control de la grabación  y exactamente en la sala de vista se podría llevar tomar esa previsión, pero la salas tienen esas capacidades  para llevarse a cabo esas audiencias”, ejemplificó.

Al consultarle sobre si tienen algún plan para atender a sindicados cuando los casos tengan grandes números de implicados, Rojas recordó que en un caso donde se detuvieron a unas 90 personas se coordinó que en un lugar amplio se les hiciera saber el motivo de su detención.

En este caso se trata de 27 detenidos y otros más que ya estaban en prisión. Se presentará al juzgado B de Mayor Riesgo.

“El sistema de justicia lo que debe hacer es trabajar en forma coordinada y en el caso que así proceda se está haciendo”, refirió el presidente.

Financiamiento ilícito

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), descubrieron que el Patriota se agenció de fondos para ganar las elecciones en 2011.
 

Se colocaron operadores en las instituciones públicas que gestionaron comisiones ilícitas. @prensa_libre pic.twitter.com/l9Q8ru53e1

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) June 2, 2016

Además, al haber llegado al Gobierno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti habrían negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones en sobornos.

Hasta el momento suman 27 personas capturadas, además de las llamdas a declarar de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ntre otros implicados.