El tribunal y los jueces “no se percataron de la gravedad del estado de Oliva Leal, a pesar de que existían informes médicos legales y hoy tenemos ese desenlace”, dijo Mérida.
Oliva ya presentaba síntomas de depresión, lo que lo habría llevado al suicidio. El 19 de mayo último, un grupo de familiares de los sindicados efectuó una manifestación para exigir celeridad en el proceso y que les otorgarán medida sustitutiva.
La esposa del médico, María Mercedes Martínez de Oliva, indicó que él tuvo que ser recluido en el Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora por padecer depresión crónica, ataques de ansiedad, miedo e ideas suicidas.
Familiares de sindicados en el caso #IgssPisa realizan un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia. A tres años de estar en prisión preventiva exigen una medida sustitutiva y que se agilice el proceso penal. Señalan que muchos de los sindicados muestran síntomas de ansiedad. pic.twitter.com/2Tll8Q5ht3
— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) May 19, 2018
“Se le está desarrollando una neuropatía por causa de la diabetes que ha sido mal tratada porque no ha podido llevar un control como debe de ser. En el Federico Mora lo han atendido muy bien, pero tiene bastantes limitaciones. Es demasiado tiempo el que han pasado encarcelados, por lo que pedimos a las autoridades que se les otorgue una medida sustitutiva”, dijo Martínez de Oliva el 19 de mayo.
Irregularidades
El MP y la Cicig remarcaron que el procedimiento idóneo para garantizar la salud del sindicado era someterlo a un estudio y evaluación por parte de Inacif, para que éste deteminara otra vez su estado y recomendara las decisiones a adoptar a fin de proteger su integridad.
En referencia a ello, la Cicig y otras instituciones solicitaron que se realizara el dictamen pertinente. El juez admitió lo solicitado, pero supuestamente, 18 días después, aún estaban a espera de la evaluación medica .
Además, el Sistema Penitenciario (SP), de acuerdo con la Ley del Régimen Penitenciario, establece que son las autoridades carcelarias las responsables de la atención de la salud de los privados de libertad, y Oliva Leal estaba bajo control y cuidado del SP, por lo tanto, era esta institución la responsable de evitar cualquier agresión, propia o a terceros, máxime cuando existía un cuadro de depresión.
No es el primero que muere
En septiembre del 2016 falleció el médico Erwin Raúl Castañeda Pineda, de 61 años, implicado en el caso IGSS-Pisa.
Castañeda Pineda murió a su ingreso al Hospital Militar, zona 16, centro al que fue trasladado por padecimientos cardiorespiratorios.
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Castañeda Pineda Integró la junta directiva del IGSS como representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y según la acusación en su contra, participó en la adjudicación anómala de un contrato a la droguería Pisa para atender a los enfermos renales.
Oliva Leal sería el segundo sindicado que muere durante el proceso penal.
Agrupación se pronuncia
La Asociación Voces por la Justicia, que agrupa a familiares de los médicos, enfermeras y sindicalistas implicados en el caso IGSS-Pisa emitieron un comunicado en el que se manifiestan “con mucha tisteza y dolor” por la muerte del médico.
“En el caso IGGS-Pisa lo que está pasando en la institucionalidad guatemalteca es una total incapacidad de impartir justicia”, dice el texto.
La asociación ve este caso como una atrocidad, injusticia y “total irrespeto a los derechos humanos” e insta a la Procuraduría a actuar.
Proceso causa polémica
La medida de prisión preventiva ha abierto varias polémicas, principalmente entre grupos y entidades que velan por los derechos humanos.
Organizaciones han dicho que las condiciones de hacinamiento y mora judicial en el país hacen urgente una reforma al proceso de prisión preventiva.
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Según estándares internacionales, la prisión preventiva debe decretarse como última medida siempre y cuando se aseguren condiciones dignas mínimas y no prolongarla por tiempo indefinido.
Además, en este caso, son las autoridades carcelarias las encargadas de la atención de la salud de los privados de la libertad, por lo que algunas entidades han remarcado que el proceso idóneo es someter a la persona a un estudio y evaluación para tomar medidas al respecto.
El caso
En mayo del 2015, la cúpula del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue capturada bajo señalamientos de corrupción por la adjudicación anómala de un contrato por Q116 millones a favor de Droguería Pisa para atender a pacientes con insuficiencia renal.
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Las investigaciones revelaron que el contrato estaba plagado de irregularidades y que incluso hubo un pago por la aprobación.
Oliva Leal fue ligado a proceso por fraude y enviado a prisión junto a otros 16 sindicados el 26 de mayo del 2015.
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