Según Alejandro Marroquín Ariza, gerente general del Organismo Judicial, esto responde a dar protección a todos los operadores de justicia del país. “La situación de criminalidad y el riesgo al que están expuestos por su posición y cargo nos hace aprobar esta ampliación”, dijo.
Sin embargo, al ser cuestionado en qué consistía el programa, Marroquín Ariza explicó que se realizó un análisis de riesgo general para el organismo y que aún están pendientes por definirse las acciones particulares para reforzar la seguridad de los jueces.
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No descartó que estas acciones puedan incluir contratar más agentes de seguridad del OJ, así como incrementar el presupuesto de la Dirección de Seguridad Institucional, que de acuerdo con el acuerdo será la dependencia encargada del programa de seguridad.
“Este acuerdo viene a reforzar el programa de seguridad, de acuerdo con los protocolos que ya se han establecido. Se realizarán las ampliaciones que sean necesarias”, dijo el gerente.
En este sentido, afirmó que los jueces y magistrados que ya cuentan con un esquema de seguridad no serán afectados y que el programa no interrumpirá la colaboración que presta la Policía Nacional Civil (PNC).
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“Se va a continuar con la alianza con el Ministerio de Gobernación y se van a reforzar”, comentó.
Más de 900 jueces y magistrados en todo el país podrán pedir seguridad a la Dirección de Protección Institucional del OJ, según mencionó Marroquín Ariza. “Las solicitudes –de seguridad– son constantes”, dijo.
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