El otro caso ocurrió el 4 de octubre de 2012, cuando reportó una comisión al departamento de Chimaltenango, sin embargo se corroboró por medio del GPS del vehículo asignado que se movilizó en otros lugares. En mencionada ocasión, también cobró Q1 mil 170 en viáticos.
Por lo anterior, el sindicalista recibió cuatro años inconmutables por falsedad ideológica y tres años conmutables por el delito de abuso de autoridad.
El fallo lo dictó el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala.
Antecedentes
José Aguilar Chinchila, según la investigación, habría aprovechado para su uso personal un vehículo del Ministerio de Economía (Mineco) que le fue asignado.
El ahora condenado es hermano de Danilo Aguilar García, exsecretario general del sindicato mayoritario del Ministerio de Economía, quien ya fue condenado a prisión, y también dirige una agrupación sindical en la referida dependencia.
Los señalamientos que realizó la Fiscalía contra Delitos Administrativos contra Aguilar Chinchilla indicaban que desde octubre del 2012 el sindicalista habría utilizado para su uso personal el automóvil que le fue asignado, sin que sus actividades tuvieran relación con la agrupación sindical que dirigía.
Los ilícitos imputados en contra del sindicalista son peculado por uso y falsedad ideológica, pues también habría falsificado documentación que ingresó al Mineco para cobrar viáticos.
El Juzgado determinó beneficiar al procesado con arresto domiciliario por el pago de una fianza de Q5 mil que Aguilar Chinchilla deberá depositar en la tesorería del Organismo Judicial.
También se le impuso la obligación de firmar el libro de procesos en la Fiscalía y la prohibición de salir del país sin la autorización de la jueza Silvia Morales.
Familiares
Aguilar Chinchilla y Aguilar García son hermanos y ambos laboraron por varios años en el Mineco.
En enero pasado fue detenido Aguilar García, quien respondió ante la justicia por hechos similares que su hermano.
El 24 de agosto último, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal lo condenó a tres años de prisión por peculado por uso. Ese mismo día se impuso la prohibición de que ocupara un cargo público mientras dure la condena, así como que ordenó al Mineco anular su contrato.
