En la actualidad, Gobernación ha presentado reclamos por  cinco convenios   a cargo de Comunicaciones  Celulares, Sociedad Anónima, los cuales suman  unos Q1 mil 200 millones. La compañía niega cualquier irregularidad, señala fallas desde el Estado  en la implementación  y ha suspendido el servicio  porque  asegura que no le han pagado.

Entretanto, la falta de videovigilancia    impacta en la investigación e inteligencia, por ser una herramienta tecnológica que ha tomado auge, según   expertos, aunque aclararon que su impacto aún no es medible del todo.

Los hechos

Todo empezó en el 2009, cuando con el afán de buscar herramientas para reducir la criminalidad e inseguridad en el país, principalmente en las áreas más transitadas y los puntos rojos, se contrató el sistema de videovigilancia —arrendamiento de cámaras de video y centros de monitoreo, entre otros—.  Gobernación contrató varios  servicios con la empresa Internet Telecommunication Company de Guatemala, S. A., por    Q133.89 millones.

Sin embargo, dos años después  —diciembre del 2011—  la Contraloría  presentó una denuncia penal contra el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Baltazar Gómez Barrios, por anomalías identificadas en   dos contratos con la entidad, uno por Q95.2 millones y el otro por Q38.6 millones.

En ese momento la CGC argumentó  que la empresa Internet Telecommunication Company de Guatemala tenía  un capital de Q100 mil, según el acta de constitución, lo cual evidencia que no tenía capacidad financiera para un proyecto de esa magnitud.

A raíz de esa denuncia, según el actual ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se cancelaron los contratos y los casos se encuentran en la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó los  procesos y agregó que    los casos  se abrieron  a petición de  demandas planteadas por la sociedad.

El primer caso fue identificado con  el número 1190-2015-235 y abierto el 10 de agosto del 2015. “La empresa planteó la demanda donde exige  el pago de la rentas mensuales dejadas de cancelar y se ordene la devolución de todos los componentes tecnológicos, así como las cámara de videovigilancia a la PNC”, detalló la PGN.

Después de varias audiencias de las partes interesadas, el 9 de junio del año pasado   la Sala declaró sin lugar la petición de Telecommunication Company de Guatemala. La empresa buscó  revertir la  decisión al solicitar un recurso de ampliación; sin embargo, nuevamente se declaró sin lugar la petición.

El segundo caso se identificó con el numeral 01190-2015-273. La empresa demandó de nuevo a la PNC por la falta de pago de los servicios que prestó,  los cuales fueron de unos US$5 millones 704 mil  776  (Q42 .9 millones al cambio del día).

“El 25 de noviembre de 2015 se contestó la demanda y el 3 de junio de 2016 se aportaron las pruebas. Está pendiente la fecha y hora para la vista de la sentencia”, explicó  la Procuraduría.

Se consultó a la empresa para conocer su opinión, pero la persona que contestó respondió que por el horario no  estaba la persona responsable del tema y solicitó datos para  devolver la llamada, aunque ya no lo hizo.

Proyecto fallido

Cinco años después la historia se repitió. La Contraloría de nuevo presentó una denuncia contra las autoridades de Gobernación por la supuesta sobrevaloración de un contrato de arrendamiento con opción a compra de videovigilancia.
En esta ocasión el contrato fue suscrito en diciembre del 2013 entre la PNC y la   empresa  Construcciones y Telecomunicaciones, S. A., por un monto de Q262.5 millones.

El Ministerio Público (MP) confirmó que el expediente se encuentra en la Fiscalía contra la Corrupción y  que fue presentada contra el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, así como contra Manfredo Vinicio Pacheco, Telémaco Pérez García,  Mario de Jesús Ovando López, Dimas Morales y Mynor Adolfo Álvarez.

“Los argumentos de la Contraloría fueron porque no cumplieron  todos los requisitos definidos en las bases y   porque se adjudicó a la empresa con el precio más alto”, se aseveró en la Fiscalía contra la Corrupción.

Aclaró que aunque el contrato era de Q262.5 millones, la Contraloría solo hace mención de Q190 millones. Asimismo, dijo que esperan los resultados de un análisis financiero que realiza la unidad especial del MP  para acelerar la referida investigación.

Este convenio incluyó todo el sistema de  vigilancia en la zona 18 y aledañas.

Fallas

El año pasado, unos meses después de que tomará el cargo, Rivas pidió a la Contraloría que revisara los cinco contratos con la entidad Comunicaciones  Celulares, Sociedad Anónima,  los cuales sumarían  unos Q1 mil 200 millones.

La empresa tenía  a su cargo el sistema de videovigilancia de los municipios de Guatemala, Escuintla, San Miguel Petapa, Mixco y Amatitlán. El ministerio retuvo los pagos de los servicios que en su momento la entidad brindó, los cuales suman unos Q340 millones.

“Los contratos  los audita Contraloría y después le solicitaré un   dictamen a la Procuraduría General porque el servicio nunca ha funcionado bien”, declaró el ministro de Gobernación, por mensaje de texto.

La petición fue por inconsistencias administrativas en la parte contractual,  técnica y  presupuestaria, además porque los términos de referencia y lo contratado son diferentes.

Personeros de Comcel, S. A., refutaron los señalamientos y atribuyeron a deficiencias del propio ministerio, como el no haber entregado la base de datos para reconocimiento facial o el colapso del sistema de placas para identificar vehículos.

Carlos Mencos, contralor general  informó que personal técnico hace el estudio de lo señalado por Gobernación y esta semana podría notificar resultados.  Dijo que deben integrarse “los dos documentos: el informe técnico y el informe administrativo financiero, pero se encuentran de vacaciones algunos integrantes de las comisiones de auditoría”, enfatizó.

Rivas indicó que de todas las cámaras instaladas —cinco mil— solo funciona el 25 por ciento. La PNC indicó que las áreas afectadas son las zonas 6 y 18, y  San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

“Las que funcionan  lo hacen de forma parcial, pues muchas de las imágenes que se comparten no son en tiempo real”, agregó la PNC.

Base de datos no se entregó

Ante los señalamientos de Gobernación, Comunicaciones Celulares S.A.,   aseguró que la Policía Nacional Civil no  entregó las bases de datos de los rostros que  tiene el Registro Nacional de las Personas para hacer reconocimiento facial pese a que ya han hecho varias solicitudes. Aclaran que las cámaras sí tienen capacidad para grabar de noche, pero requieren de un sistema infrarrojo.  

“En los primeros siete meses que se prestó el servicio se habilitaron 150”, agregó la firma.

En la lectura de placas, el sistema de la PNC colapsó, luego de que la empresa hiciera unas 600 mil consultas. “El sistema  no aguantó la demanda de información”, aseveró.

Por último, aseguró que sí tiene  los cuatro centros de almacenamiento.