La historia sobre cómo se tejieron esos vínculos empezó con el nombramiento de facto de Guillermo Lozano, piloto del binomio presidencial, para que se hiciera cargo del proyecto.
Él comenzó la negociación a instancias de César Medina Farfán, amigo de Martínez, quien le mencionó la posibilidad de hacerlo con la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), refirió una fuente cercana al proceso.
El proyecto se quedó sin operador cuando Aerocentro —compañía que fundó Lozano— apareció en un informe antinarcóticos de Honduras, en agosto del 2013 y fue sustituido por Juan Carlos Monzón.
El bufete del que venía el interventor de Puerto Quetzal, Allan Marroquín, habría participado en los análisis legales.
Informes
Las escuchas también evidencian que se pidieron informes como los que se elaboran antes de la constitución de una empresa o la celebración de un contrato —dilligence— al bufete Mayora y Mayora, como parte de las gestiones previo al préstamo otorgado por IFC (Corporación Financiera Internacional), de US$61.5 millones.
Las pesquisas arrojan que Pérez Molina insistió, con la ayuda de Martínez y Aguilar, en buscar dictámenes que favorecieran el proyecto al Ministerio de Ambiente. Según la fuente, en el terreno en donde se construiría la nueva terminal había plantaciones de mangle.
Audios
Estas son algunas de las interceptaciones en las que se mencionan dictámenes, bancos y abogados que fueron parte del proceso de Terminal de Contenedores Quetzal:
