Según el bufete Aguilar y Aguilar, que envió el documento a Prensa Libre, quedan sin efecto las acciones que fueron emprendidas contra los abogados González Vizcaíno, Ordóñez Zea y Aguilar Salguero.

Ellos eran perseguidos porque el Ministerio Público los acusaba de haber incurrido, como abogados y mandatarios judiciales, en el delito de lavado de dinero dentro del desaparecido Banco de Crédito, y que por dicha acusación fueron detenidos el 2 de septiembre del 2021; no obstante, 25 días después, les fue declarada la falta de mérito.

El bufete afirma que sus abogados aseguran que fueron amenazados entre febrero y marzo del 2021 para que renunciaran al caso, lo cual generó que sus profesionales emprendieran una querella penal contra los fiscales y que se encuentra en trámite.

La firma Aguilar y Aguilar explica que luego de detectar la serie de anomalías que se dieron en el proceso penal y haber conseguido la anulación del mismo desde la Corte de Constitucionalidad, los agraviados no descartan tomar acciones legales adicionales contra los fiscales y demás responsables de haberlos afectado.