Revelan la red Traficantes de influencias

Nueve empresas que pretendían cobrar la devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) accedieron a la “eficiente” pero ilícita forma de negociaciones de Giovanni Marroquín Navas —capturado en 2015 por el caso La Línea—, que consistía en el pago de sobornos a funcionarios de esa institución para acelerar el proceso.

La investigación presentada ayer por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reveló  que al menos Q19 millones fueron pagados por las empresas en concepto de comisiones a Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.


El caso tiene origen en La Línea, la red de defraudación aduanera revelada en 2015, y en  Impunidad y Defraudación en la SAT, relacionado con comisiones ilícitas pagadas en esa institución tributaria. En esa ocasión se capturó a Marroquín Navas y se incautaron sus pertenencias, entre ellas un dispositivo electrónico y una agenda, en la que estaban almacenados datos que revelaron “una estructura de mayores dimensiones y que tenía personas externas”, afirmó la fiscal general, Thelma Aldana.

La vía fácil

El atractivo para las empresas fue que los captadores de clientes ofrecían abreviar el plazo para la devolución del crédito, lo que era posible porque Marroquín Navas activaba sus contactos a nivel superior  y facilitaba los trámites.
Entre el 2011 y 2014 fueron negociados unos 30 expedientes, detallaron el MP y la Cicig.

Aceros de Guatemala, S.A., se acogió a la táctica tres veces, en 2013, por intermediación de Muñoz Ledo-Carrillo. Por ello habría pagado Q2.6 millones.

Al finalizar la auditoría de la SAT se elabora la resolución en la que se indica si es procedente  la devolución solicitada.
Si se requiere de ajustes se dan a conocer por medio de una audiencia.

El Banco de Guatemala se encarga de la devolución de crédito autorizado por la Administración Tributaria en el caso de los exportadores.

El beneficio de la devolución está establecido en los artículos 16 y 23 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para los exportadores y contribuyentes que venden a entidades exentas del pago del IVA.

Cuando la empresa compra, paga IVA; cuando vende, Finanzas devuelve.” transformer=”gsi.gn3quote.SCD_ListaGris_2017″ /]
Maya Quetzal, S.A., fue otro de los clientes de la red. En 2011 aceptó pagar Q270 mil por una devolución de crédito de Q2.7 millones. En esa ocasión el captador fue Leal Castillo, quien obtuvo una comisión de Q86 mil, según el MP.

Diferencias

El cobro a los interesados en la gestión variaba según el tiempo que demorara el trámite. Como no era posible agilizarlo en todos los casos, interponían amparos para obligar a la SAT a nombrar un auditor, lo que se convirtió en  táctica ocasional. A ese mecanismo se adhirió Industria de Tubos y Perfiles, S.A., en 2013, a la cual la SAT le devolvió Q5.4 millones. La empresa pagó Q630 mil a la red.

Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A., dio comisiones por seis expedientes. Marroquín Navas obtuvo Q4.3 millones y Leal Castillo, Q908 mil.

Productos y Negocios Industriales Pronindusa tramitó cuatro casos, por los que la  red cobró Q481 mil. El Ingenio Magdalena, S.A.  habría dado a la red Q4.7 millones por dos casos, mientras que Productos y Servicios Azucareros otorgó comisiones por Q5.1 millones, según la Fiscalía.

Seis expedientes no concluyeron las negociaciones que Marroquín Navas gestionaba en la SAT, porque fue detenido por el caso La Línea.

Los casos que quedaron pendientes fueron del Ingenio Palo Gordo, S.A., según detalló la investigación del MP.

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