Defensa de Inngmar Iten detiene caso Traficantes de influencias

Una denuncia penal evitó que el Juzgado Décimo Penal escuchara este miércoles cuatro testimonios contra los sindicados en el caso Traficante de influencias.

Durante la audiencia una silla se rompió y provocó que varios abogados defensores cayeran al suelo. (Foto Prensa Libre: Javier Lainfieta)
Durante la audiencia una silla se rompió y provocó que varios abogados defensores cayeran al suelo. (Foto Prensa Libre: Javier Lainfieta)

La defensa de Inngmar Iten presentó una querella penal contra el fiscal Andrei González, a cargo del caso, el pasado lunes, un día antes de que se celebrara la audiencia de anticipo de prueba en la que testificarían empresarios y trabajadores estatales sobre una presunta red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar el pago de crédito fiscal.


El recurso fue presentado en el Juzgado Noveno y buscaba separar al fiscal del caso.

González presentó un recurso de reposición en un intento de evitar que se suspendiera la audiencia y  se escuchara a los testigos.

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“Esta es una medida desesperada de la defensa”, le dijo a la jueza, y argumentó que él ya ha sido denunciado cuatro veces anteriormente y en ninguna ocasión los recursos han prosperado.

No obstante, la juez suplente del Juzgado Décimo, Abelina Cruz Toscano, resolvió reprogramar la audiencia debido a que desconocía cómo había resuelto el Juzgado Noveno y se corría el riesgo con que las actuaciones del fiscal no tuvieran validez.

Este es la segunda ocasión en que la audiencia de anticipo de prueba es suspendida. En la primera ocasión no fue posible llevarla a cabo debido a que no estaban presentes todos los sindicados.

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En este proceso están involucrados 19 personas, entre ellas Felipe Alejos, diputado y vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso; Adrián Rodríguez, juez Séptimo, y los empresarios Hugo Alberto Molina Bortrán, Luis Alberto Paz Masek, Carlos Enrique Arévalo García, así como Iten.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, la estructura, en la que participaron varios exjefes de la SAT en complicidad con funcionarios y particulares, se benefició con el cobro de comisiones ilícitas en alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.

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