Mynor López, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, fueron acusados de incitar a un grupo de personas para que secuestraran en 2013 a 10 trabajadores de la hidroeléctrica que acudían a laborar y los obligaran a firmar un documento donde se comprometían a no trabajar más en la planta.
La fiscalía también acusaba a Bernardo Ermitaño López Reyes de haber organizado a la comunidad en 2014 para evitar que se llevaran a prisión a López, Juan Pedro, Pablo Juan y Villatoro Hernández. Además, acusaba a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar de coaccionar al juez para dejar en libertad a dos campesinos acusados de asesinato.
El tribunal condenó a López Reyes a 3 años de prisión por obstrucción de la justicia pero le suspendió la condena por considerar que ya ha estado tres años en prisión.
El tribunal ordenó la inmediata libertad de los sietes líderes comunitarios.
La jueza Yassmín Barrios, presidenta del tribunal pidió “no criminalizarnos a los pueblos indígenas. Todos tenemos derecho a vivir en paz”, indicando que para el tribunal no existían pruebas suficientes de las acusaciones.
La zona de Huehuetenango, departamento fronterizo con México, ha sido blanco de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y campesinos que se oponen a los megaproyectos en sus comunidades.
