Condenan a 12 y absuelven a nueve en caso IGSS Pisa Chiquimula

El Tribunal Undécimo Penal absolvió a nueve personas y condenó a 12 implicados en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula, un fraude millonario por la atención a los enfermos renales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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Caso IGSS Pisa
Los implicados en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula escucharon la condena mínima y absolutoria. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Los implicados en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula escucharon la condena mínima y absolutoria. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Las juezas Morelia Ríos, Patricia Deras y Miriam Hernández, por unanimidad, dictaron sentencia esta tarde.

“Esta sentencia es amparada en nombre del pueblo de Guatemala”, dijo la jueza Rios antes de otorgarle la palabra a la vocal Hernández para leer la sentencia.

Durante 45 minutos la jueza Hernández explicó el evento por la autorización de un contrato anómalo, al que el tribunal calificó como fraudulento, y recordó el contrato de Q116 millones para atender a los enfermos renales.

Hubo algunos implicados que rezaron durante la lectura de la sentencia. La sala de audiencia estaba abarrotada y las juezas solo permitieron el acceso de periodistas.

Condenas

El Tribunal halló culpables a los exintegrantes de la junta directiva, a los de la junta de licitación, exfuncionarios y un exasesor a penas de seis años y tres meses, la cual fue suspendida, y gozarán de libertad condicional. También deberán acudir al MP cada 15 días para el control biométrico hasta que el fallo quede firme.

Los exintegrantes de la junta directiva del Seguro Social condenados por fraude son el militar retirado Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del IGSS; Julio Roberto Suárez Guerra, expresidente del Banco de Guatemala; Julia Amparo Lotan Garzona, exrepresentante del sector laboral; Max Erwin Quirin Schoder, exrepresentante del sector patronal, y Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente.

La misma pena fue impuesta a los exintegrantes de la junta de licitación, es decir las enfermeras Doris Elubia González Salazar, Mayra Lissbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañon Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez.

Otto Fernando Molina Stalling, exasesor del Seguro Social, recibió la misma condena y deberá pagar Q50 mil. Fue absuelto por asociación ilícita.

Francisco Cortez Bocaleti, exjefe del Departamento de Servicios Contratados  del IGSS, fue condenado por fraude.

Absueltos

El tribunal absolvió a dos exdirectivos y extrabajadores de la droguería Pisa de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, Edgar René de la Peña Archil y Ramiro Armando Lorenzana Ortíz. También a los sindicados Herbert Rodolfo García-Granados Reyes y al médico Arturo Adolfo Castellanos Poou.

Cinco procesados por el caso IGSS-Pisa-Chiquimula fueron absueltos: Jorge Mario López Pellecer, exdirector de la clínica del IGSS de Chiquimula; Walter Omar Linares Pacheco, exdirector médico hospitalario de consulta externa de Chiquimula, y los particulares Alma Judith Méndez Blanco, Salvador Rolando Álvarez Mérida y Lester Otto Daniel Ortíz Lima.

Cortez Bocaleti, quien fue sentenciado en el caso IGSS-Pisa, fue absuelto del caso IGSS-Pisa-Chiquimula.

Este caso buscaba esclarecer el arrendamiento de un edificio del exdiputado prófugo Baudilio Hichos para la institución.
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Argumentación del tribunal

El tribunal recordó que el sindicado Molina Stalling pactó una reunión el 5 de noviembre del 2014 con directivos de la droguería Pisa de Guatemala, S. A. “De acuerdo con las llamadas el señor Molina Stalling iba a ser beneficiado un beneficio personal económico cuya coducta se le reprocha por su participación”, dijo la jueza Hernández.

A criterio del tribunal el proceso de licitación de 2014 las intervenciones telefónicas se acreditó la reunión en una pastelería “con la finalidad de solicitarles dinero para la adjudicación del contrato”. 

“Este tribunal realizó un estudio por la erogación del contrato para la droguería Pisa de Guatemala. Con la prueba aportada se evidencia que el 30 de enero del 2014 se pidió la solicitud de contrado de diálisis”, apuntó la juzgadora.

Las juzgadoras recordaron que “se estableció el encubrimiento en el contrato como la falta de licencia para prestar el servicio médico. También es de suma importancia que en el lapso del cronograma se autorizó el contrato privado entre Pisa y la empresa Medicina Corporativa, S. A., denominado contrato privado para la prestación de servicios médicos hospitalarios de diálisis”.

“El contrato era en la zona 14 con médicos especialistas y la prestación fue de Q7. Este contrato deja claro que la entidad Pisa no contaba con las especificaciones para atender a los pacientes”, añadió la jueza Hernández.

Por último, el tribunal advirtió: “No es creíble ni razonable que no hubiese sido advertida por los miembros de la junta de licitación al momento de hacer el estudio. En ese sentido la Ley de Contrataciones del Estado, que en caso que no existan ofertas que no cumplan los requisitos de ley puede declararse desierta la convocatoria”.

El evento fue aprobado por la junta directiva del IGSS el 5 de noviembre del 2014. “Esto evidencia una acción fraudulenta”, concluyó el tribunal.

Posturas

El penalista César Calderón, quien defiende a Rodríguez López, indicó que respetaba la sentencia pero que no la compartía. “A partir de la notificación vamos a apelar debido a que no se demostró el evento”, dijo.

Alberto Morales, abogado de Max Quirin, dijo: Voy a esperar el fallo para establecer a qué documentación le dieron valor probatorio para preparar la apelación. La libertad de forma condicional es una medida que se otorga mientras está firme el fallo.

Molina Stalling, por su parte, declaró: “No es una pena mínima, pero me pusieron como autor, no sé de dónde sacaron esto, considero que la condena tiene un tinte político”, indicó.

Carlos Moscoso, abogado de Edgar de la Peña, quien fue absuelto, dijo que la sentencia fue satisfactoria. “Es importante que la prisión preventiva fue excedida por más de tres años, aunque nadie les va a devolver ese tiempo es una gran alegría la sentencia absolutoria. Este es uno de los procedimientos que tiene el proceso penal”, mencionó. 

De igual forma el abogado David Pineda dijo que la sentencia absolutoria a Ramiro Lorenzana era algo que se sabía. “Había llamadas pero mi cliente no fue beneficiado en ninguna forma”.

Al ser consultado sobre el uso de la medida de prisión preventiva, el jurista respondió: “Mucho de este proceso se tuvo que haber resuelto durante la etapa de investigación en el juzgado respectivo. Se ha visto que algunos jueces se lavan las manos y mandan a otra instancia a que se resuelva, pero muchas veces las personas no tienen alguna participación”, agregó.

El expresidente del Banguat, Julio Suárez, dijo que respeta la decisión judicial. “Considero que existen otros medios de impugnación los cuales voy a analizar con mi abogado porque para mí es importante, más que cualquier cosa demostrar que soy inocente”.

Stalling en la sala

La magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, acudió a la sala de audiencias junto con su abogada Delmi Castañeda. “Estoy como madre”, dijo y enfatizó el señalamiento a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, uno de los procesados.

Al ser consultada si le afectaría haber acudido a la audiencia debido a que fue beneficiada con arresto domiciliario, respondió: “Si la cárcel me la van a dar como una venganza porque, como madre, he actuado, pues no me importa. Si Dios me sacó (de la prisión) es porque quiso que estuviera con mi hijo”. 

El Congreso le despojó la inmunidad a Stalling y está procesada por haber presionado al juez Carlos Ruano para que favoreciera a su hijo Molina Stalling con arresto domiciliario.

 

Fallecidos

En este proceso fallecieron en prisión los médicos Jesús Oliva, exdecano de la Faculdad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Erwin Castañeda.
 

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