La propuesta fue presentada por el diputado Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante, con el respaldo de varias organizaciones civiles que participaron en la redacción y demandan la aprobación de la normativa de urgencia nacional.
Proyecto
A criterio de Briere, en el país “no existen las herramientas normativas, las competencias y programas administrativos, y en general, las medidas para tutelar, defender y gestionar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”.
La ley permitiría la creación de la “unidad de protección especial a la niñez migrante”, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde participarían los ministerios de Educación, Gobernación, Salud, Desarrollo Social, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público.
“Es un primer marco que reconoce cuál debe ser el criterio y enfoque de derechos, y que de ahí se estén creando las áreas específicas en las instituciones públicas, porque estamos claros en que actualmente hay una debilidad que debe regularse”, indicó Carol Girón, de la Pastoral de Movilidad Humana.
La normativa prevé que se concentren las acciones desde solicitar asilo político a los niños y niñas migrantes, hasta el recibimiento y traslado a sus hogares de los grupos que son deportados.
“Se está protegiendo sobre todo que no se criminalice a la niñez, a los padres ni a los migrantes, y el mayor componente es que está enfocado a la protección y como complemento la persecución”, señaló Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez.
La normativa también crea en el Código Penal el delito de tráfico ilícito de migrantes, con penas de hasta 12 años de prisión y Q500 mil de multa.
Además, se pretende la extinción de bienes a las personas condenadas por el tráfico ilícito de migrantes, y permitiría que sean devueltas a sus dueños las propiedades que fueron trasladadas a los coyotes como pago por sus servicios.
Hace dos semanas el Congreso y la sociedad civil rechazaron una iniciativa presentada por el diputado oficialista Oliverio García, al señalar que los cambios solo se centraban en el Código Penal.
Cambios propuestos
Se crea la Unidad de Protección Especial a la Niñez Migrante, que coordinará con el cuerpo consular en el extranjero.
Se permite la activación de la alerta Alba-Keneth para la búsqueda, localización y resguardo de la niñez desaparecida en el trayecto migratorio hacia EE. UU.
Crea el delito de tráfico ilícito de migrantes, con multas de hasta de Q500 mil y prisión de hasta 12 años.
Se permite la extinción de bienes provenientes del tráfico ilícito de migrantes.
Los condenados por tráfico ilícito de migrantes están obligados a indemnizar a los agraviados por los daños y perjuicios.
El MP deberá crear un programa específico para la protección a víctimas, testigos y sus familias.
Un artículo transitorio determina asignar Q38 millones a las dependencias que integran la Unidad de Protección Especial a la Niñez Migrante, para su funcionamiento.
