El Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Hastings, y el Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús de Argentina dirigieron el estudio, con apoyo de organizaciones en cada país.
En el caso de Guatemala, fue la Pastoral de la Movilidad Humana y la Asociación Pop No’j. La investigación de dos años se hizo en Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos, explicó Lisa Fridman, parte del equipo que coordinó el informe.
Sin acciones
Los niños y adolescentes afectados por la migración salen de sus países porque se han convertido en testigos directos de la violencia, experimentan violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos, faltas de oportunidades de empleo y sin acceso a educación, servicios médicos e incluso alimentos.
“Hay una ausencia de políticas públicas que atiendan la problemática. Las instituciones rectoras solo se involucran en la recepción de los deportados y terminan el ciclo al entregar al niño a sus familias, sin dar seguimiento”, indicó Carol Girón, directora general de Proyecto de la Pastoral de Movilidad Humana.
Los problemas siguen en la fase de tránsito; especialmente en México, donde los actores gubernamentales y carteles criminales acechan a los niños y sus familias con secuestros, extorsiones o violaciones.
“Hay discriminación en todos los niveles. Incluso a las mujeres se les da anticonceptivos porque saben que van a ser violadas por el coyote, sus compañeros de viaje o las autoridades”, lamentó Juan José Hurtado, director de la Asociación Pop No’j.
En los países de destino la situación empeora porque las políticas están centradas en el control de la migración, y no en los derechos de los menores.
Gerardo Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, México, hizo ver que las instituciones de su país aplican políticas de control migratorio que castigan y disuaden la migración, pero no protegen a los niños ni se promueve el respeto de los derechos humanos.
Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral, expresó: “Los niños migrantes no son paquetes para entregar sin acompañamiento y sin trato digno”.
