Ello contrasta con la fuerte atención  que dio Jimmy Morales como candidato a las giras por EE.UU., en donde obtuvo incluso donativos a su campaña, a través de Mérida.

De hecho, los migrantes tienen una importancia macroeconómica creciente: las remesas  son la segunda fuente de ingreso de divisas del país y  en 2016 superaron los US$7 mil millones.

El 6 de marzo, el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención de la Migración Irregular, ocasión en la que el presidente Morales anunció que su esposa Patricia Marroquín, encabezaba las acciones gubernamentales por los migrantes.

“Todos estamos trabajando de diferentes formas, necesitamos coordinarnos y trabajar en equipo”, declaró Marroquín.
La estrategia  incluye reconocer los cursos escolares que menores retornados hayan aprobado  en EE. UU., acreditar conocimientos técnicos en oficios y facilitar empleos. El 18 de abril último, De Morales participó en un acto de inicio de la remodelación de un área del aeropuerto La Aurora para recibir a  deportados.

Planes disfuncionales

 “Vivimos la peor  crisis en materia migratoria”, dijo Álvaro Caballeros, del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos.

El experto señaló que han existido programas y coordinaciones institucionales, pero no responden a una verdadera política pública.

En efecto, los gobiernos han anunciado varios planes como válvula de escape ante las peticiones de apoyo de los connacionales residentes en EE.UU. y de retornados quienes, al ser deportados, vuelven prácticamente con las manos vacías al país que dejaron por falta de oportunidades.

El 12 de octubre del año pasado el Congreso aprobó el Código de Migración, que reemplaza la Ley de Migración de 1998, el cual crea  la Autoridad Migratoria Nacional, un ente dirigido por el vicepresidente, para crear y supervisar   la política migratoria.

Sería la primera vez que Guatemala tendría una entidad a cargo de las acciones en materia migratoria, pero todo quedó varado el 16 de diciembre  último por  un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad, que dejó el código en suspenso.

Liderazgo difuso

El asesor de la iniciativa Puente Migraciones, Pedro Pablo Solares, opinó que la mayor deficiencia es la falta de un marco legal para atender a losmigrantes por lo que Cancillería ha tomado el liderazgo  que “no debiera corresponderle”.
El asesor señala  que  la creación del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua),  en  2007 fue un gran logro pero perdió rumbo porque  “  está politizado y nunca llegó a desarrollar el papel para el que fue creado”, dijo.

El Código de Migración era otra gran esperanza pero no sirve de nada por estar  “en un limbo legislativo”, refirió el asesor.

sin prioridad

“Una política es funcional si se aprueba y cuenta con una institucionalidad que la guíe. Puede ser bonita, pero sin presupuesto que la haga funcionar no se puede”, dijo Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales , de la Universidad Rafael Landívar.

“Los migrantes no son prioridad para ningún gobierno. Hay falta de voluntad política. El Ministerio —de Relaciones Exteriores— no termina de coordinar con otra institución que se haga cargo; su papel es otro, no   atender a la población en el exterior”, destacó.

Para Roldán, la Ley de Conamigua tenía las condiciones necesarias y pudo ser adecuada para proponer una política, pero no se le otorgaron recursos: “Si salud y educación tienen presupuesto insuficiente, imaginen Conamigua”.

Desamparados

El país carece de una política para los connacionales en el extranjero porque no se planifica, afirma Carlos Roberto Calderón, presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos (Conguate).

Estimó que si existiera un marco regulatorio habría posibilidad de mejor protección y mecanismos para detener la migración.

“Al no tener las políticas nos pone en peligro con situaciones como que no hay pasaportes, y no se protege a los connacionales. Las personas no solo están indocumentadas en el exterior, también lo están en Guatemala”, dijo.
Calderón se opone al Código de Migración porque cree que  solo representa más  burocracia.

Recordó que Cancillería implementó programas de atención  en los consulados, pero cuando la migración aumentó se creó Conamigua, que no logró tener el suficiente peso político.

De hecho, Caballeros y Solares coinciden en que   las iniciativas aisladas y sin planificación tienen como resultado que el migrante guatemalteco tenga la peor protección consular a nivel regional.

“Menos servicios, más deficientes, en menos consulados. De la falta de planificación  resulta absurdo abrir más sedes consulares, pues el migrante no obtiene pasaportes, ni servicios del Registro Nacional de las Personas”, apuntó.

Reclamos

El 6 de abril, el presidente Morales inauguró un consulado en Lake Worth, Florida, de 11 proyectados.  En la fanpage de Facebook del presidente, connacionales se quejan de la tardanza de hasta 6 meses para obtener un pasaporte.

“De nada sirve que abran mas consulados si el personal que tienen no sabe ni como dar informacion”, opina Limbe Alarcón, mientras que  Eddy Arce va más allá: “¿Para que abrir tanto consulado nuevo en los Estados Unidos? Es porque nuestro paisanos salen huyendo del país por la falta de trabajo, seguridad, salud y educación. Cuando van a trabajar para mejorar esa situación?”

Código de Migración

• El 12 de octubre del 2016, el Congreso aprobó el Código de Migración.
• Deroga la Ley de Migración, decreto 95-98.
• Establece los derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas migrantes.
• Reemplaza la Dirección General de Migración por el Instituto Guatemalteco de Migración.
• Integra la  Autoridad Migratoria Nacional, que será dirigida por el vicepresidente e incluye a cinco dependencias estatales.
• Crea el  Sistema Migratorio Guatemalteco como el conjunto de instituciones estatales que velan por el migrante. Estará integrado por la Autoridad Migratoria Nacional, el Instituto y Conamigua.
• Constituye la profesión de Carrera Migratoria y la reconoce el Estado, para garantizar el personal adecuado.
• Crea el Consejo de Atención y Protección.
• Establece procedimientos de protección para niños no acompañados.