El Gobierno mexicano confirmó este miércoles que entre los 31 migrantes secuestrados en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, hay ciudadanos de Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador y México.

Las autoridades conocieron del hecho el 30 de diciembre, cuando hombres armados con pasamontañas interceptaron un autobús de pasajeros que iba de la norteña ciudad de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville (Texas), según detalló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“(Fue) en la autopista Reynosa-Matamoros en el kilómetro 6, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo (autobús) a bajarse y a abordar cinco camionetas“, indicó la secretaria en la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Estos son los hechos, en donde se identifican a personas de varias nacionalidades: venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos”, agregó.

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Rodríguez comentó que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas “está encabezando la investigación con el apoyo del Gobierno de México” en conjunto con las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad, así como la Guardia Nacional.

Entre las acciones realizadas enunció el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron en el secuestro, el análisis de los videos que quedaron en el autobús, y el uso de binomios caninos para el rastreo y búsqueda de los migrantes.

“Hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos o tres migrantes, pero este número en esa zona es atípico, no es una cuestión que se esté dando frecuentemente, es una cuestión, pero nosotros tenemos confianza en que el operativo búsqueda tendrá resultados, esperemos que más pronto que tarde”, manifestó.

Conferencia de prensa matutina, desde Yucatán https://t.co/sb0ejtWMIO

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 3, 2024

El secuestro en Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos para migrantes que atraviesan México, ha revivido el recuerdo de la masacre de San Fernando en ese estado, donde el cartel de Los Zetas mató a 72 centro y suramericanos en agosto de 2010.

Los plagios de migrantes también marcaron en 2023 a otros puntos del noreste de México, como en Matehuala, donde las autoridades informaron en abril pasado del rescate de más de 100 migrantes, mientras que en mayo se registraron cerca de 50 secuestrados.

El presidente López Obrador prometió informar “lo que se pueda decir, porque se requiere cierto sigilo, están de por medio la vida de las personas, pero sí se va avanzando”.

El hecho ocurre después de las cifras históricas de diciembre de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el mes pasado la llegada de más de 2.2 millones de migrantes de enero a noviembre.

El Senado de EE. UU. confirmó este miércoles 20 de diciembre a Tobin John Bradley como embajador de esa nación en Guatemala, luego de que este experto en temas narcóticos y exdirector de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fuera nominado el 20 de abril pasado por el presidente Jeo Biden para dirigir la misión diplomática de Washington en el país.

Luego de la confirmación por parte del Senado estadounidense, Bradley deberá presentar sus cartas credenciales al Gobierno de Guatemala.

Biden nominó el 20 de abril pasado a Bradley como embajador en Guatemala y la Casa Blanca informó en un comunicado que el diplomático es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior con el rango de ministro consejero.

La nominación de Bradley se dio a conocer luego de que se anunciara que el exembajador de EE. UU. en Guatemala, William Popp, fuera nominado como candidato a ser el embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Uganda.

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En su oportunidad, la Casa Blanca detalló que Bradley se desempeñaba como subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, en inglés).

Añadió que anteriormente “Bradley se desempeñó como director de INL en la Ciudad de México y cónsul general en Matamoros, México”.

También señaló que, además “se desempeñó como director de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Asuntos de Europa Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional”.

Exfiscales y exjueces guatemaltecos exiliados expusieron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “deterioro” de la Justicia y la democracia en Guatemala, un proceso del que acusan a la fiscal general, Consuelo Porras.

Desde hace semanas se han sucedido protestas en Guatemala que exigen la dimisión de Porras, sancionada por Estados Unidos, por los supuestos intentos del Ministerio Público (MP) de intervenir los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo de León, quien debe suceder en enero a Alejandro Giammattei.

Durante una audiencia pública de la CIDH, en Washington, la exmagistrada Claudia Escobar Mejía denunció en nombre de una cuarentena de exiliados “el deterioro” del sistema de justicia de Guatemala” y la “persecución” de los funcionarios de justicia que han denunciado la corrupción del poder político.

Acusó a Porras de haber “cooptado” el MP, haber desmantelado la lucha anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y haber utilizado el sistema penal en contra de “operadores de justicia, fiscales, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos”.

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Durante la audiencia se citaron los casos de la abogada Claudia López y del periodista Jose Rubén Zamora, ambos encarcelados en casos que organizaciones de derechos humanos consideran “fabricados” por la Fiscalía.

También denunciaron que el MP ha puesto “en riesgo el proceso electoral” con una “persecución sistemática” de las autoridades electorales y del partido Movimiento Semilla con el objetivo de “impedir a cualquier costo” que Arévalo de León tome posesión en enero próximo.

Por todo ello, el exfiscal Juan Francisco Sandoval solicitó a la CIDH que inste a Guatemala a “cesar de forma inmediata la persecución” de opositores y que la Comisión mantenga al país en el Capítulo IV.B de su informe anual, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua, por “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

En representación del Estado guatemalteco, Alejandro Contreras, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, abrió la puerta al “diálogo” pero negó que en Guatemala exista “criminalización y hostigamiento” de exfuncionarios de justicia, periodistas ni defensores de derechos humanos.

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Contreras descartó que el Estado tenga responsabilidad en la salida de los exfiscales y exjueces del país porque, afirmó, Guatemala respeta los derechos humanos “de todos sus habitantes”.

Asimismo, reivindicó que las últimas elecciones presidenciales se llevaron a cabo “de manera exitosa” y que la transición de poderes se está desarrollando “sin novedad”.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, fue crítica con esa intervención al señalar una “disociación” entre el relato expuesto por el Estado guatemalteco y el “debilitamiento de las instituciones” que la Comisión ha visto en Guatemala.

El presidente electo Arévalo de León, quien ha denunciado un “golpe de Estado” de la Fiscalía, se encuentra en Washington para “analizar la situación” en Guatemala con miembros del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos.

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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró este jueves que la independencia judicial en Guatemala se encuentra fuertemente amenazada por la corrupción en entidades estatales, especialmente en el Congreso y en el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

La organización defensora de los derechos humanos, con sede en Nueva York, Estados Unidos, aseveró en su informe anual sobre el año 2021 que en Guatemala las “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”.

Específicamente, Human Rights Watch señaló al Congreso guatemalteco por su reticencia a llevar a cabo la elección de 251 jueces del Organismo Judicial, una designación que debió adelantarse en 2019.

Además, el informe puntualiza que el Parlamento se negó también en 2021 a juramentar a la magistrada Gloria Porras en el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ya que Porras se había convertido en una férrea defensora de la lucha anticorrupción.

Actualmente la abogada se encuentra exiliada en Estados Unidos, tras no poder ser juramentada y tomar posesión del cargo.

De igual forma, la entidad defensora de los derechos humanos apuntó al Ministerio Público de Guatemala y su fiscal general, Consuelo Porras, por la remoción en julio de 2021 del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, galardonado internacionalmente por su labor durante el último lustro.

Con la remoción de Sandoval, Porras “bloqueó o trató de bloquear varios casos que implicaban a funcionarios de alto rango”, subrayó HRW.

Porras fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos, que decidió removerle su visa y prohibirle el ingreso a su territorio al acusarla de “obstruir la Justicia” en Guatemala.

Human Rights Watch también denunció que en septiembre la Corte de Constitucionalidad habilitó la prisión domiciliaria para personas sentenciadas a más de cinco años por corrupción estatal.

La entidad defensora de los derechos humanos enfatizó además que las amenazas a la independencia judicial nacen en parte por el final de la lucha anticorrupción en Guatemala tras la expulsión en 2018 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), un ente de la Organización de Naciones Unidas que entre 2014 y 2018 encarceló a más de 200 funcionarios que se enriquecieron ilícitamente.

Por último, HRW también explicó en su informe que los jueces y abogados guatemaltecos, al igual que los periodistas del país centroamericano, enfrentan “grandes retos” debido a “posibles persecuciones judiciales espurias” por parte de las autoridades.

Al menos cuatro abogados protagonistas de la lucha contra la corrupción en Guatemala viven exiliados en Estados Unidos, incluida la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018), quien encarceló por sobornos millonarios al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.

“La Fundación es como una casa que puede crecer infinitamente en preocupaciones, pero no en muebles”, decía García Márquez a Jaime Abello durante una actividad de la Fundación en México, en el 2003. Veinticinco años después, no se ha desviado del camino trazado por el Gabo, porque los fundamentos que rigen el oficio de periodista no cambian, aunque sí la forma en que se consume la información y crece el desafío a los medios y los periodistas para cautivar al lector, cada vez más exigente.

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Abello visitó Guatemala, y concedió una entrevista a Prensa Libre, donde reflexionó, desde la experiencia de convivir durante más de dos décadas con maestros del periodismo iberoamericano, cuál debe ser el papel de los medios de comunicación ante un mundo cambiante y una audiencia que no quiere más periodismo, sino mejor.

Hay quienes aseguran que el periodismo está en agonía, por las crisis económicas que lo azotan en todo el mundo. ¿Esto es así de dramático?

Hay una ruptura, y básicamente no hay que perder tiempo en adaptarse a las nuevas realidades, y esa adaptación pasa por un concepto fundamental que es cómo vamos a servirle a la audiencia de manera que no quiera que nos apartemos de ella y contribuya con el financiamiento del buen periodismo que está demandando.

Hay ejemplos de cómo hacerlo, pero todos pasan por un respeto fundamental al papel del periodista. El periodista es un trabajador intelectual, no es solo una pieza de una maquinaria industrial. Aun cuando hay ciertos aspectos que se pueden robotizar, el que quiera contar con el valor que un periodista da, que se llama ética, agudeza, capacidad de investigar y originalidad, pues debe valorar y respetar al periodista.

En la región también hay ataques directos a la prensa independiente desde los gobiernos. ¿Cómo entender estas prácticas?

Con los gobiernos estamos destinados a tener problemas. De los gobiernos no podemos esperar, sino exigir que cumplan la Constitución y las leyes, y los tratados de derechos humanos que dicen que la condición civilizada de los seres humanos exige un respeto a la libertad de opinión, de expresión e información.

Esa es la lucha civilizatoria, porque los gobiernos quieren acomodar la percepción de la realidad a sus intereses, y recordemos que los gobiernos solo son una fuerza que tiene a su favor el poder oficial, los recursos públicos, pero hay otras fuerzas en general. Llegó el momento de deslindarse de la adscripción de los partidos e intereses políticos. La gente reclama un periodismo de servicio a la audiencia y que sea imparcial.

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Ya quedó claro que el papel es apenas un aspecto secundario de esta cosa —negocio—. Que lo que cuenta es la manera como un medio, una organización empresarial, se dedicada al trabajo periodístico; logra, por un lado, mantener y cultivar sus audiencias que migran de la lectura del papel a lo digital progresivamente.

En segundo lugar, logra plantear unos modelos de negocios que reconozcan realidades. La publicidad ya no necesariamente pasa por los medios; al contrario, ha crecido la publicidad en los últimos años, —pero— la publicidad en internet, pero sabemos que es un tipo de publicidad en el cual hay unos operadores globales que se llevan buena parte de ese ingreso, como Google y Facebook.

Entonces, se trata de reconocer esos cambios, replantear el modelo de financiamiento. Nosotros, en la Fundación, hemos encontrado que cada vez más ese financiamiento tiene que depender de las propias audiencias, lo que significa que tenemos que convertirnos en indispensables para las audiencias. Si no logramos que las audiencias consideren que somos necesarios, absolutamente necesarios, pues no nos van a pagar, y si no nos pagan, llámese suscripciones, llámese sistema de socios o apoyos o donaciones, pues no va a haber recursos.

Entonces, sí hay un enorme reto al liderazgo gerencial de las organizaciones periodísticas, pero ya no se trata —de que— el papel dure mucho o poco, eso no es lo principal, lo principal es cómo nos adaptamos a una nueva manera de relacionarnos con la audiencia, de entender la organización del trabajo periodístico, pero sobre todo una nueva manera de plantear la economía y el financiamiento de los medios, y tratar de salvar y recuperar y poner en valor todo lo que representan las marcas y la trayectoria de relación de la audiencia que específicamente tiene un medio, porque tiene una tradición, tiene sus lectores y no —debe— perderlos, sino amplificarlos.

¿Cómo competir con esas nuevas audiencias hundidas en el internet?

Es un reto grande, pero claramente tenemos que dar valores agregados a la información, porque para informarnos en lo básico la información está ahí, está circulando por cualquier canal. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el reto, el valor diferencial. Aquí en Guatemala estamos explorando una de las alternativas, que es plantear un modelo que llamamos “periodismo de soluciones”, un periodismo que es investigativo, pero que no se limita a denunciar o tratar de entender los problemas, sino a investigar caminos de solución comparativamente.

Otro punto que queda claro es que tenemos que tener presente que la gente está demandando del periodismo unos valores, unas aptitudes, y necesitamos, digamos, corresponder a esas expectativas de la sociedad y la audiencia, y el ¿qué espera del periodismo? La gente espera del periodismo rigor, cada vez más, que no se cometan errores, y cuando se cometan inmediatamente se reconozcan y se aclaren. Que haya transparencia entre las fuentes de financiamiento y las líneas editoriales. Que haya coherencia entre esos aspectos y los contenidos informativos. Que la gente sienta que se le respeta. En fin, estamos ante una audiencia mucho más exigente que hace 40, 50 o 60 años, y los millenials son muestra de esa exigencia, y sí, el reto es grande.

Creo que medios tradicionales, importantes de una capital de un país de América Latina, como es el caso de Prensa Libre, tienen una marca históricamente representativa, que está en la memoria cultural, pues es el momento de adaptar esa marca a las nuevas realidades sociales y económicas.

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García Márquez ya traía una experiencia enraizada en el periodismo tradicional. ¿Cómo ha cambiado esa visión frente a los nuevos desafíos y en la misma Fundación para mantener esa rigurosidad periodística en tiempos del internet?

García Márquez era un hombre que se anticipaba a su tiempo y que sabía que el periodismo ya estaba en problemas en el momento en que crea la Fundación, a mediados de los noventa, cuando ya estaba surgiendo internet.

A él le tocó ver cómo el internet se extendía, y se debatió sobre la manera de enfocar estas nuevas realidades. Entonces, no son temas ajenos a él. Él hizo varios énfasis a los que nos mantenemos fieles: hizo énfasis en la ética periodística y recordando que ética y técnica son inseparables, como el zumbido del moscardón. Hizo énfasis en que todo periodismo es investigativo por naturaleza. Hizo énfasis en el ideal de servicio público del periodismo. Hizo énfasis en que realmente el papel del periodismo es esclarecer la verdad en medio de un océano de mentiras. Y esas palabras, que son de 1995, se podrían repetir perfectamente en el año 2019, sobre todo cuando pensamos en las fake news —noticias falsas. García Márquez sabía que las mentiras han existido siempre, siempre hubo fake news, pero ahora tenemos un poder tecnológico para visibilizarlas, para bien y para mal. Para bien, en la medida en que las desenmascaramos, y para mal, para promoverlas y hacerlas creer como verdad.

En lo fundamental no ha cambiado —el periodismo—, pero sí ha variado. Antes, el modelo natural de la organización del trabajo periodístico lo daban los medios, ahora es mucho más flexible y plural. Al lado de los medios tradicionales también hay nuevos emprendimientos, las famosas startup —negocios emergentes— periodísticas. Vemos cómo se está extendiendo el periodismo colaborativo en redes de periodistas, hay un periodismo de autor y que hoy en día ha adquirido gran importancia la investigación de agenda propia y largo aliento. Vemos que hay un periodismo que no necesariamente es de autor, pero se hace individualmente. Ha surgido el periodismo de datos y se visualiza gráficamente y es otra estrategia el periodismo de verificación o chequeo del discurso público como otra manera de abordarlos, —ahora— sentimos el periodismo muy vivo.

Nosotros tenemos un escenario privilegiado en el premio Gabriel García Márquez y el Festival Gabo, en Medellín, y hemos encontrado muchos medios tradicionales que han sabido adaptarse a las nuevas realidades; entonces, son muchas maneras de hacer periodismo y estamos promoviendo la innovación, pero los otros aspectos se mantienen: la ética, la investigación, apego a la verdad, el servicio público, el periodismo explicativo y de análisis.

Otra cosa es que el periodismo dialoga mucho más con otros sectores, hay que juntar a periodistas, tecnología, artistas, y todos estos encuentros generan nuevas iniciativas.

Acá estamos viviendo el mejor momento de la Fundación, porque estamos descubriendo nuevas formas —de periodismo—, pero los valores se mantienen, no hemos variado ni un ápice. Ahora que lo pienso, me acuerdo de una frase de él —García Márquez— que era muy simpática: decía que era más difícil atrapar a un lector que a un conejo.

Hoy en día, la audiencia digital es como conejos corriendo, y una de las nuevas maneras de entender el trabajo periodístico es a través de las audiencias, cómo enganchar a la gente y hacerle llegar una información con mucho cuidado, pero si no hay manera de promoverlas a través de redes y otras estrategias, nunca se van a enterar. Creo que lo fundamental se ha mantenido.

“El mejor oficio del mundo”

Jaime Abello Banfi lee el fragmento de una entrevista concedida por Gabriel García Márquez poco tiempo después de haber ganado el premio Nobel, en el que anuncia su regreso al periodismo, al cual siempre calificó de “el mejor oficio del mundo”.

“Gabriel García Márquez toda la vida quiso hacer un periódico, y hay un momento muy bello, cuando dice que no quiere que se le recuerde por el premio Nobel, sino por el periódico”, dice Abello Banfi, mientras busca en su teléfono móvil el archivo donde guarda la entrevista.

“Desde que me inicié —estoy leyendo, esto es una entrevista que dio en 1982 a Darío Arizmendi— como reportero, con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. Cuando llegué a México —en ese momento era un exilio—, advertí que el ahora podría estar próximo, y debía aprovechar mi exilio para darle rienda suelta a la idea. Entonces —encontró el modelo del diario El Mundo, de Medellín—, me gustaba su aire, su amplitud. Vi que en sus páginas había búsqueda, creatividad, originalidad. Deduje que era un periódico de gente joven, con empresarios nuevos y mentalidad progresista y actualizada que merecía mayor dimensión y éxito nacional. Puede que les interese una propuesta de García Márquez, pensé.

Entonces, el entrevistador le pregunta: Gabo, excusame mi impertinencia. ¿Insistes en cambiar todo lo que tienes por irte a joder en un periódico? Él le contesta: Entonces, ¿qué quieres? Que me convierta en un viejito de pantuflas y me encierre en un cuarto para que no se me escape el aroma de la fama. No, voy a regresar a Colombia a trabajar y estudiar la fecha de salida. Quiero vivir, y donde más se vive es en la redacción de un diario. Quiero volver a empezar, trabajar sin sabelotodos de 45 años, con muchachos sin vicios, que no destilen hiel permanentemente. No quiero que se me recuerde por Cien años de soledad, ni por el premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista, y hoy me siento más reportero que nunca. Además, quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca nos rectifiquen”.

Abello Banfi detiene la lectura y agrega: “Esos son los valores que la Fundación promueve. Son los valores que sirven tanto para la internet como para el papel; es decir, hacer un periódico exacto, veraz, que explique, que tenga credibilidad, que cuente historias, que enganche a su público”.

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Una revisión a los perfiles de los 158 diputados que integran la legislatura 2016-2020 permitió establecer que pese a que la mayoría es nueva, el trabajo en el Legislativo no tiene cambios palpables.

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Una muestra de ello es que solo el 4 por ciento cumplió con asistir a las 98 sesiones de trabajo que se llevaron a cabo este año.

PLDatos hizo un análisis del perfil de los congresistas, con base en sus edades, los períodos electos, ausencias y asistencias al pleno, la cantidad de iniciativas de ley presentadas y las votaciones individuales que hicieron en casos claves, como el Pacto de Corruptos y el intento de retirar el antejuicio al presidente Jimmy Morales.

Según la recopilación, el diputado guatemalteco promedio tiene 48 años, su edad legislativa es de 1.7 años, se ha ausentado 12 veces de las sesiones y ha presentado dos iniciativas de ley.

La revisión, que se obtuvo de los perfiles publicados en la página del Congreso, también revela que, aunque más de la mitad —53 por ciento—  fue electa por primera vez, la experiencia del 47 por ciento restante es lo que pesa a la hora de la aprobación de los decretos.

Busque a su diputado

En el siguiente interactivo ingrese el nombre del diputado de su interés para conocer información básica, como edad, periodos electo y cantidad de antejuicios en su contra. Además, conozca como votó en el Pacto de Corruptos y los intentos por quitar la inmunidad al presidente Jimmy Morales.

Un Congreso variado

Este año, el Legislativo estuvo formado por 124 diputados de entre 40 y 70 años, lo que representa el 78 por ciento. Otro 18 por ciento lo integra congresistas de entre 25 y 39 años, y el 4 por ciento restante no tiene edad registrada en su perfil.

En cuanto a los períodos de gestión, el 24 por ciento —39 diputados— fue reelecto y el 22 por ciento —35 congresistas— tiene tres o más períodos de laborar en el Congreso.

Solo siete de los 158 diputados —4 por ciento— tienen tres o menos ausencias, lo que significa que el 96 por ciento faltó entre cuatro a 44 veces a las sesiones del pleno.

Tres diputados no integran ninguna comisión de trabajo, mientras que dos están activos en seis de ellas.

Dos legisladores han presentado 10 iniciativas de ley durante el 2017, otros 19 han propuesto entre cinco y nueve, y 48 de los 158 no han presentado ninguna solicitud de creación o modificación de normativas.

Los ausentes

De manera individual se pudo determinar que la diputada más faltista, con 45 ausencias, es María Stella Alonzo, electa por primera vez para esta legislatura con el Partido Patriota, y que ahora es independiente.

Le siguen en la lista María Eugenia Tabush Pascual, del partido Visión con Valores, con 44 faltas, y Lucrecia Carola Samayoa Reyes, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con 33 ausencias.

Los congresistas con mayor edad son Oliverio García Rodas, independiente, y Javier Alfonso Hernández Ovalle, del partido oficialista —Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación—. Le siguen Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, 69, y Erwin Enrique Álvarez Domínguez, de Convergencia,  68, al igual que Arístides Crespo Villegas, del Frente Republicano Guatemalteco.

Sus votos

Los diputados son electos como representantes de un distrito; sin embargo, al momento de votar  lo hacen como un bloque, por lo que los resultados no necesariamente coinciden con lo que necesita la población que los eligió.

Eso se evidencia al hacer el análisis por bloques legislativos en las votaciones más controversiales de este año, como los dos intentos por quitar el antejuicio al presidente Jimmy Morales y las reformas al Código Penal para reducir penas al financiamiento electoral ilícito y quitar responsabilidades a los secretarios generales de los partidos políticos.

En el caso de esas reformas, 31 de 37 diputados de FCN-Nación votaron a favor; los otros seis, ausentes.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aportó 27 de 31 votos para esa aprobación, y de los 16 votos del bloque Todos, nueve fueron a favor, uno en contra y seis ausentes.

La presión que la población hizo al Congreso durante el segundo intento de votación sobre el antejuicio tuvo sus efectos, y así lo revela la forma en que votaron las bancadas.

En la primera ocasión, FCN votó de manera unánime en contra de dejar sin inmunidad a Morales, pero en la segunda, el 21 de septiembre, 16 de sus integrantes prefirieron abstenerse.

La UNE cambió totalmente su forma de votar, pues en la primera oportunidad 15 de sus 31 votos fueron para proteger al mandatario, pero en la segunda 30 votos fueron a favor de investigarlo.

El politólogo José Carlos Sanabria aseguró que es necesario que el Congreso se integre con coherencia y que se evidencie la unidad en la actuación de los diputados con las necesidades de la población a la que representa.

“Lo importante son las prioridades del distrito, y que esto se refleje en el diputado y el bloque al que pertenece, pero eso no se da en el Congreso”, aseguró el experto.

En Guatemala hay registradas 547 mil armas de fuego y entre enero y junio de este año se han comercializado legalmente 13 millones de municiones; los débiles controles en el expendio y comercio legal de los cartuchos hacen que estos lleguen al crimen organizado.

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Las armas ilegales también circulan por miles. Entre enero del 2014 y junio del 2017, la PNC reportó la incautación de 16 mil 491 armas de fuego, la mayoría pistolas y revólveres, aunque también se han localizado granadas de fragmentación, fusiles AK-47, AR15,  subametralladoras, entre otras armas de uso militar exclusivamente.
Balas a la venta

El exministro de Defensa Ronaldo Leiva explica que el tráfico de municiones es tan complicado como trasegar armas;  sin embargo, a través del mercado legal se pueden obtener municiones de una manera más fácil.

Según investigaciones del Ministerio Público, gran parte de la comercialización de las armas de fuego ilegales que se encuentran en el país pasan por armerías que facilitan el proceso de compra venta, tanto de armas y municiones.

“Alguien con licencia puede comprarla y compartirla, pues la munición no tiene un registro antes de ser disparada”, dice Leiva. “Lo único es que la cantidad está restringida”.

Las armas más comerciales en el país son las pistolas de calibre 9 milímetros, según el Ministerio Público, y las municiones para este tipo de armamento también son más fáciles de conseguir en el mercado legal porque son las más comunes para el uso civil.

La vigente Ley de Armas establece un límite de 200 municiones al mes a quien tenga permiso de tenencia y 250 para quien cuente con licencia de portación, no obstante,  en los polígonos de tiro  la ley deja libre la venta siempre que sean utilizadas ahí.

“Al salir del establecimiento el responsable de la munición es el que la compró y el problema es que la munición no está marcada”, dijo el coronel Carlos López, director de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), “Al final es el cliente el responsable de la munición, si la utiliza o vende”.

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Aunque la Digecam ha establecido un programa de control de venta de municiones en línea con las armerías autorizadas, no puede saber el destino final de las mismas.

“Nosotros no podemos corroborar con exactitud  que en realidad usó toda la munición que compró”, dice Álvaro Escobar, gerente general del polígono Hincapié. “Por eso le explicamos al cliente que no puede llevársela, en este caso habrá otras instancias que si lo encuentran en la calle puede tener algún tipo de problemas”.

La  Digecam efectúa una supervisión dos veces al año a los polígonos. Cada establecimiento cuenta con un libro en el que se registra cuántas municiones y a quién se las vendió;  sin embargo, no existe ningún mecanismo que compruebe cuántas balas disparó el usuario en sus instalaciones. “Es imposible controlar cuánta munición utilizan”, dice el coronel López.

Una alternativa para poder tener un mejor control de la munición es el marcaje individual de cada bala que se comercializa legalmente en el país y, al momento de ser comprada, que se tenga el registro de responsabilidad sobre quién la compró.

En República Dominicana se implementó el sistema de marcas a las municiones, dice López, aunque el proceso requiere, además de aspectos legales en la actual ley, un incremento en el costo de cada cartucho, por lo que la acción aún se ve lejos de ser implementada en Guatemala.

De México a la región

Son las 19.25 horas en la avenida Alta Verapaz, Jocotales, zona 6 de la capital, el área con más muertes violentas durante el 2016, con 114. Con suéter gris y capucha, César camina decidido a encontrarse con Kimberly; ninguno ha cumplido los 20 años, pero están a punto de enfrentar cargos por más de 10 años de cárcel inconmutables por portación ilegal de armas de fuego y municiones.

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La pistola va dirigida a Kimberly que ya tenía instrucciones precisas de qué hacer con ella. Se supone que el arma y 18 cartuchos serían entregados a una tercera persona para hacer “un trabajo”, quien después la entregaría  a otro contacto. De esta manera la pistola pasaría de mano en mano, bajo una consigna: la mejor forma de borrar huellas es dejar demasiadas, hasta que sea imposible definir el rastro.

Así  se mueven las armas en Guatemala. En el caso de César y Kimberly la PNC detectó el ilícito y los capturó, no obstante, las autoridades  reconocen que existe un movimiento de armas y municiones a diario que se sale del control. Se ha detectado armas desarmadas y municiones traficadas entre piñatas, pasteles, cajas de verduras o como paquetes en buses.

El tráfico de armas ilegales, casi en su totalidad, proviene de México, y Guatemala es un lugar de paso desde donde se suministra armamento en el Triángulo Norte.

El poderío bélico tiene un origen y un destino específico: el narcotráfico e incrementar el poder de las pandillas en el triángulo norte de Centroamérica.

“Son cárteles del crimen organizado que operan en México los que suministran armas de fuego a Honduras, El Salvador y Guatemala”, dice Francisco Rivas, ministro de Gobernación de Guatemala. “Definitivamente muchas armas se quedan aquí y otras van hacia El Salvador y Honduras”.

El Ministerio Público (MP)  ha identificado tres flujos de armas en el  país: el crimen organizado, cárteles de droga y los ex miembros del Ejército o la Policía, que han formado estructuras criminales, dice el fiscal de la Unidad Especializada en Pandillas del Ministerio Público, Aldo Chiapas.

La mayor capacidad de mover armas de alto poder, drogas y dinero la tiene la Mara Salvatrucha (MS), según  Gobernación, alcances que, por momentos, dejan en desventaja a la misma fuerza de seguridad pública.

“La MS tiene su vínculo más fuerte en EE. UU., con la mafia mexicana, que es un grupo delictivo de mayor organización con capacidades muy fuertes y desarrolladas en la región de California”, dice Rivas. “Adicionalmente tiene relación con grupos delictivos de México, y por eso, de alguna forma, con El Salvador y Honduras hemos podido notar el tráfico de armas de fuego que vienen”.

Para el exministro de Defensa  Ronaldo Leiva, las autoridades incautan muchas armas y municiones, sin embargo, la tarea es difícil por el escaso control fronterizo.

“La situación no es tan fácil porque las fronteras nuestras son muy porosas”, dice Leiva. “Las capacidades logísticas y de personal son limitadas”.

Para Chiapas es “casi imposible” tener el control sobre el ingreso de armas no registradas porque llegan desde las fronteras con México.

La relación de las pandillas con el narcotráfico ha sido fundamental para armar a estas últimas, que ofrecen al narcotráfico control para la venta al menudeo y algún tipo de seguridad.

“De Guatemala fluye el dinero de actividades criminales hacia el Norte —EE. UU. y México— y a vuelta vienen las armas”, dice Leiva. “Los intereses del narco han llevado a utilizar a las pandillas como narcomenudeo (…) ellos les han provisto las armas”.

Isabel y Claudina, fueron víctimas de un sistema fallido; sus muertes se convirtieron en el detonante que provocó la creación de un sistema que busca no repetir esos errores nunca más.

A partir de agosto el Ministerio Público (MP) encabezará junto a la Policía Nacional Civil (PNC) un sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas, en cumplimiento a las sentencias de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por dos casos que expusieron el peligro de ser mujer en una sociedad inundada de estereotipos.

Alejandra González, jefa de la Secretaría de la Mujer del MP, explica que se trabaja con 11 instituciones y se dispondrá del teléfono 1792, y el 110 de la policía, para denunciar las desapariciones.

González explica que un boletín con fotografía, datos generales de la víctima y lugar donde fue vista por última vez, será difundido en las primeras horas para agilizar la búsqueda.

“Lo que está prevaleciendo es la reacción inmediata, hacer diligencias en las primeras seis horas, todas las instituciones”, dice González. “Esas primeras horas son vitales para proteger a la víctima”.

Condenada por estereotipos

María Isabel Veliz Franco murió a sus 15 años. Acababa de terminar tercero básico y trabajaba durante las vacaciones en un almacén en la 6ª. Avenida de la zona 1.

El 16 de diciembre de 2001 Isabel salió de su casa para no volver más. El día siguiente de su desaparición Elvira, su mamá, llegó al almacén pero no la encontró, solo fue informada que el día anterior un “muchacho de mal aspecto” la esperó y se fue con ella al salir del trabajo.

El cadáver de María Isabel fue localizado el 18 de diciembre en un terreno baldío en la zona 8 de Mixco. El informe forense confirmó que la niña fue violada y torturada.

Según familiares, la policía señalaba a María Isabel de ser pandillera o prostituta y por eso la habían matado. “Ellos tenían la obligación de investigar, cosa que jamás hicieron”, dijo a Prensa Libre doña Elvira, en 2015.

Funcionarios durante la investigación de los hechos “efectuaron declaraciones que denotan la existencia de prejuicios y estereotipos sobre el rol social de las mujeres”, cita la sentencia de la Corte.

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La indiferencia mata

La madrugada del 13 de agosto del 2005 quedo grabada en la memoria de la familia Velásquez Paíz. Una llamada a la casa familiar advertía que un amigo de Claudina, hablando por teléfono con ella, escuchó que gritó “¡no, no, no!”.

Claudina salió el 12 de agosto a las 8.30 de su casa rumbo a la universidad. Cursaba el cuarto semestre de Derecho, nunca regresó.

Jorge y Elsa, los padres de Claudina, comenzaron por notificar a la policía que su hija corría peligro. A las 3 de la madrugada de ese 13 de agosto dos agentes en una autopatrulla llegaron a la casa, en la zona 8 de Mixco, a conocer más detalles de Claudina y su desaparición.

A las 5 de la mañana los padres de Claudina llegaron a contar los escuetos detalles, otra vez, a la subestación policial, además aportaron una foto de su hija.

“No se preocupen, seguramente anda con su traido (novio)”. Fue la respuesta de la policía al conocer la denuncia, según declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos José Velásquez, padre de Claudina. “O seguramente se emborrachó y está con una amiga pasando la borrachera”.

Claudina, según la necropsia, murió entre las la medianoche y las 4 de la madrugada de ese 13 de agosto. La Corte hizo responsable al Estado de violar el Drecho a la Vida y a la Integridad Personal.

*Con información de Glenda Sánchez

En el 2005, la Policía Nacional  Civil reportó mil 456 personas desaparecidas, mientras que en el  2016 la cifra de adultos desaparecidos alcanzó los tres mil 526.

La cifra de guatemaltecos desaparecidos sube, mientras que las estadísticas oficiales de muertes violentas comenzaron un descenso a partir del 2012, una situación que llevó a analistas a sugerir que podría tratarse de un fenómeno relacionado con la forma en que las pandillas se deshacen de los cadáveres de las víctimas, una razón que se sumaría a factores como violencia intrafamiliar y trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

Los reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirman un incremento de cuerpos desmembrados en los últimos años, lo que refuerza la hipótesis de que muchos de los desaparecidos tendrían alguna relación con la violencia de  pandillas.

De esa cuenta entre el 2016 y 2017 se han identificado varios inmuebles donde pandilleros enterraron a sus víctimas; el caso más reciente es el de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, donde, el pasado 10 de mayo, se recuperaron al menos seis cuerpos enterrados en una fosa clandestina, la más grande localizada hasta ahora que no está ligada a masacres de la guerra.

Las muertes por heridas de arma de fuego han bajado a partir del 2011, según los datos del Inacif y en el mismo período se han duplicado los cuerpos desmembrados. El año pasado la cantidad de muertes violentas cerró en cuatro mil 11 personas, 17 por ciento menos que los muertos reportados en el 2011.

En San Bartolomé Milpas Altas, durante el allanamiento y excavación en la fosa, familiares de una de las víctimas identificaron una motocicleta que estaba en la vivienda como la del joven desaparecido tres meses antes; de inmediato se pusieron a disposición de las autoridades para reclamar el vehículo y tal vez recoger alguna pista del paradero de su familiar.

El Inacif tomó muestras de ADN de la familia y las comparó con la de los restos bajo análisis, uno de ellos correspondía al joven.

Un investigador de la Policía Nacional Civil confirmó que las pandillas han cambiado las formas en que matan, una de ellas es “mejorar” el método para deshacerse de los cadáveres, por un lado para destruir evidencia y como una forma de enviar mensajes sangrientos a los grupos rivales.

Wilber Alejandro Salán y Tomy Adolfo Dávila García, ambos de 17 años, desaparecieron el 10 de mayo del 2016, los familiares dieron aviso a la Policía y comenzaron la búsqueda.

Una semana después una llamada anónima dirigió a los familiares al fondo de un barranco en la colonia Ciudad Real, zona 12 de la capital, allí estaban los cuerpos desmembrados y semienterrados de los dos jóvenes.

“El desmembrar cuerpos es una práctica cada vez más común”, dice el investigador. “Los pandilleros así pueden deshacerse de los cadáveres sin dejar mayores rastros de quién dio la orden. Pareciera que las clicas compiten a ver quién es más sanguinaria”.

Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales,  explica que el enterrar los cadáveres evidencia que los pandilleros han cambiado la estrategia “porque hay mayor miedo que los intercepten”.

En cuánto a los cuerpos desmembrados, aunque hay un incremento sostenido no es significativo para los niveles de violencia; sin embargo, esto “sí afecta la percepción de las seguridad”, dice Menchú.

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Proteger a la mujer

Al final del 2016 hubo 424 reportes más de mujeres desaparecidas que de hombres, en el primer trimestre de este año las víctimas mujeres superaban en 47 a los hombres en los registros del Ministerio Público.

El Inacif reportó entre enero del 2016 y marzo del 2017 un total de 76 personas desmembradas, 30 de ellas, mujeres. Sin embargo, en la cantidad de muertes violentas las mujeres  representan el 13 por ciento, lo que sugiere que  desaparecen por otras causas.

En el 2016, el Ministerio Público (MP) recibió mil 825 denuncias de desaparecidas, es decir, cinco casos al día, en promedio. Hasta junio de este año se han denunciado 741 desapariciones de mujeres, más de 200 casos por hechos delictivos.

“Un 40 por ciento sí aparecen y no están en situación de riesgo sino por  circunstancias personales”, dice Alejandra González, encargada de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público.

González encabeza, desde el MP, una alianza interinstitucional para crear el mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas Isabel-Claudina.

El sistema podría entrar a funcionar a finales de julio y estará dedicado a coordinar y prevenir la desaparición por violencia de género así como cualquiera de las modalidades de trata.

“En un sistema patriarcal, con un machismo exacerbado expresado en violencia física, cualquier mujer puede estar en riesgo”, dice González.

La alerta Isabel-Claudina, al igual que la de menores Alba-Keneth, coordinará la búsqueda y divulgará boletines con fotografías de la mujer reportada como desaparecida.

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Niñez en peligro

En mayo pasado la Policía capturó a Gilda Nohemí Sicajá Juárez, de 42 años, conocida como doña Chiqui. Ella coordinaba un negocio de prostitución de menores en hoteles de Villa Nueva, Amatitlán y la capital.

Durante el operativo, la Policía logró rescatar a varias menores, entre ellas Lucía, de 17 años, que había desaparecido el 26 de diciembre del 2015, en la zona 8, según la denuncia presentada por familiares.

Las niñas y adolescentes superan  a los registros de desapariciones de personas adultas. Siete de cada 10 reportes de desapariciones son de mujeres entre 13 y 17 años, por lo que desde el 2010 se creó el sistema Alba Keneth.

En el caso de la desaparición de  mujeres adolescentes el estigma social hace su labor: “la víctima se fue con el novio”. Esto, aunque puede ser cierto, no sucede en todos los casos, y muchas veces la joven se fuga de su casa convencida de que tendrá una mejor vida y es engañada por estructuras de explotación sexual.

“Es porque hay una situación de maltrato, de rebeldía o decisión influenciada por alguna persona para una convivencia maridable”, dice Suilma Cano, jefa de la unidad Alba Keneth. “O se escapa coaccionada para integrar alguna pandilla; generalmente, eso pasa en zonas rojas”.
El problema del tráfico de personas, principalmente en la modalidad de prostitución, es un problema que persiste de acuerdo a informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, aunque los registros del Ministerio Público reportaron una reducción en la identificación de víctimas, 596 en el  2016 en comparación a las 673 víctimas rescatadas en el 2015.

El último informe de la PDH  advirtió sobre la situación del país, donde la  explotación sexual encabeza el peligro para las mujeres, seguido de la explotación laboral.

El trámite de visa siempre será un tema de tiempo y cumplir con ciertos parámetros, lo que significa una condicionante para elegir un destino de viaje, sin embargo Guatemala tiene convenios con 64 países a los que se puede ingresar con tan solo presentar el pasaporte vigente.

Cada país tiene sus propias políticas migratorias, lo que significa que existen algunas restricciones por país para el ingreso, aún si no se requiere visa. Por ejemplo, para viajar a Perú se recomienda vacunarse 15 días antes del viaje contra la fiebre amarilla,  aunque no es un requisito indispensable.

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Francia, otro destino al que se puede ingresar como turista solo con pasaporte, también pone ciertas condiciones, por ejemplo, se debe comprobar que la estadía en el hotel está completamente cancelada y contar con un mínimo de 56 euros para gastos al día, esto en efectivo, cheque de viajero o tarjeta de crédito de uso internacional.

• En el interactivo averigüe los destinos a los que puede viajar y conocer información sobre los requisitos de visado para ingresar, además de la ubicación de las embajadas o sedes consulares dónde hacer el trámite. 

Zona Schengen

De los 64 destinos a los que guatemaltecos pueden viajar solo con su pasaporte, la mayoría están en Europa, 37, gracias al acuerdo Schengen.

Este espacio lo integran 26 países europeos, que no necesariamente son parte de la Unión Europea, que abolieron los controles fronterizos. A partir de 1995 comenzó a funcionar esta particular política migratoria que representa para fines de tránsito migratorio un solo país.

El acuerdo Schengen, para Guatemala, no requiere visa a turistas que estén en cualquiera de los países que lo integran por un espacio igual o menor a 90 días.

Fallidos intentos entre el consulado de Guatemala y Sudáfrica le llevaron una semana a Mónica en Brasil. Al final regresó a Guatemala sin haber cumplido sus planes.

“El Gobierno de Guatemala tiene la obligación de informar a sus ciudadanos sobre los pasaportes extendidos”, opina Mónica. “¿Quién le informa a uno a dónde viajar o no con estos pasaportes de pacotilla?”, criticó.

Mónica tuvo que viajar a  la Ciudad de México para solicitar la visa a Sudáfrica —en Guatemala no hay representación consular de ese país—, pero su pasaporte venció y fue revalidado por la Dirección General de Migración (DGM) con una calcomanía.

El pasaporte guatemalteco tiene  vigencia de cinco años, desde su emisión, y por US$30 —unos Q240— se revalida por el mismo tiempo; sin embargo, problemas administrativos retrasaron el proceso de compras de libretas y Migración tomó como alternativa la calcomanía.

La solución que el consulado de Guatemala en Brasil le ofreció a Mónica fue un nuevo pasaporte, en dos meses. La   alternativa fue regresar  a Guatemala y perder boletos de avión y el hospedaje reservado.

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La directora de Migración, Carolina Miranda, aseguró que todos los países aceptan como válido el pasaporte con calcomanía.

“Hemos estado en constante monitoreo y reiterando esa renovación excepcional”, afirmó Miranda.

Ahora el Congreso autorizó la compra de 500 mil libretas, lote que cubrirá la demanda de pasaportes hasta febrero de 2018, informó la funcionaria.

La falta de cartillas causó también problemas a los guatemaltecos migrantes en EE. UU., y en el primer trimestre del 2017 se acumulaban 45 mil  pasaportes pendientes de emitir. Aunque la cifra ha bajado, aún se trabaja para agilizar la impresión de documentos y cubrir una demanda de hasta  mil  al día.

El problema de pasaportes también afecta a guatemaltecos en la provincia, ya que se debe  esperar hasta una semana para la emisión del documento, trámite que en la capital  dura unos 45 minutos. 

Vilma Pérez, por ejemplo, salió a las 4 horas de Huehuetenango y cuatro horas después estaba en la capital esperando por su pasaporte.  Ella  pudo ahorrarse tres horas de viaje y solicitar el documento en Quetzaltenango, pero allí el trámite tarda ocho días.

Guatemala ha perdido en la última década 10 posiciones en la clasificación de países a los que menos requisitos les piden para viajar, una escala en la que solo se está arriba de Nicaragua en la región centroamericana.

El índice de restricción de visa  lo presenta cada año Henley and Partners, que trabaja desde 2015 con la Oficina del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata). La firma coloca a Guatemala en el lugar 40 de los 199 países evaluados.

En la actualidad, los guatemaltecos solo pueden ingresar sin requerimiento de visa a 63 destinos; la mayoría en Europa.

“Las restricciones de visado se basan principalmente en la ciudadanía”, explica la firma internacional.

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En el puesto 40, Guatemala comparte espacios en calidad de ciudadanía con la isla caribeña Dominica y está por debajo de otras ciudades como Trinidad y Tobago, que ocupa el puesto 32; Venezuela, el 34, y los Emiratos Árabes Unidos, en el puesto 38.

En el 2007 Guatemala se encontraba en el lugar 30, el segundo de Centroamérica mejor calificado por Henley and Partners, después de Costa Rica. 10 años más tarde, El Salvador y Honduras han sumado más países a los que sus ciudadanos pueden entrar sin requerimiento de visa y con ello dejaron atrás a Guatemala en la escala. 

En la cabeza de la medición se encuentran Alemania, cuyos ciudadanos pueden entrar sin ninguna restricción a 176 países; Suecia, que tiene libre tránsito en 175.  Dinamarca, Finlandia, Italia, España y Estados Unidos empatan en el tercer lugar, con la libertad para sus ciudadanos de viajar sin visa a 174 de las 218 naciones posibles.

El excanciller y exvicepresidente Eduardo Stein explicó que el requisito de visa se trata más de un tema de reciprocidad entre países; es decir, aquel al que Guatemala no le pide visa tampoco la solicita  a los guatemaltecos, aunque el que un país ponga más restricciones para viajar afecta no solo al turismo, sino también puede tener efectos en la economía al dificultar el ingreso a posibles inversionistas.

Solo en el   2016, un millón 58 mil guatemaltecos viajaron con fines turísticos fuera del país; la mayoría a Estados Unidos, que exige visa, aunque   Guatemala no exija  más que el pasaporte a los estadounidenses que desean ingresar al territorio.

Guatemala recibió en el mismo año a un millón 917 mil visitantes, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, México y en menor cantidad de centroamericanos. De Europa se recibió a 125 mil visitantes en 2016. 

Documento poco fiable

La certeza de que el pasaporte no es falso es una de las primeras condiciones para  ingresar sin visa  a otros países. En Guatemala, la última década ha estado marcada por escándalos en la Dirección General de Migración (DGM) que van desde corrupción, redes internas de falsificadores y  falta de libretas para ese documento.

Juan Alberto Donis Prado fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el pasado 23 de junio, señalado de liderar una banda que robaba vehículos de lujo bajo demanda. Cuando esta persona  intentó ingresar  al país, procedente de Colombia,  se detectó que su pasaporte  era falso y su verdadera identidad era la de Byron Estuardo Amezquita Galindo, de ese país sudamericano.

Para Stein, la vulnerabilidad del pasaporte y los riesgos de falsificación cada vez son menores. El tema compete exclusivamente a la Dirección General de Migración (DGM) y no tienen ninguna relación o consecuencia directa con las gestiones diplomáticas.

El 28 de noviembre del 2013, una investigación del Ministerio Público reveló una red de falsificación de pasaportes integrada por trabajadores de la DGM y que durante 10 años pudo haber emitido los documentos alterados con identidades falsas.

En enero del 2014 fueron detenidas 21 personas señaladas de integrar una estructura que cada mes falsificaba hasta 50 pasaportes. Los señalados trabajaban como delegados de Migración en el aeropuerto La Aurora y otros, en el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Ciudadanos de China, Cuba, India, Colombia, Perú, Rumania, Jordania, Pakistán, Siria, Nepal y Ghana obtenían los documentos alterados por unos Q10 mil.

“Lamentablemente la vulnerabilidad es latente para Guatemala y cualquier país del mundo”, expuso Carolina Miranda, directora de Migración. “Nuestro país tiene altas medidas de seguridad, pero está latente la falsificación”, dijo.

Marcela Ortega, de nacionalidad colombiana, quería ir a trabajar a España y ese país le exigía visa, a diferencia de los guatemaltecos, que pueden ingresar únicamente con pasaporte y permanecer hasta tres meses en ese territorio. El esposo de Marcela ya se encontraba en ese país con  nacionalidad guatemalteca falsa, y ella pagó Q115 mil por la misma travesía.

Marcela fue capturada en el aeropuerto La Aurora. Su documento personal de identificación (DPI) y   pasaporte guatemaltecos no la delataron, fue su acento lo que  truncó los planes de reunirse con su esposo.

La vulnerabilidad  de los pasaportes, aunque se cuenta  con controles biométricos,   es  latente, aseguró Mérida, sin embargo existe la capacidad humana para identificar   alteraciones.

“Nuestro personal está capacitado. Derivado de ello  se han detectado varios casos y ya hay resoluciones condenatorias”, informó la directora de Migración.

Mariela y Teresa nunca olvidarán el 2013, cuando su abuelo comenzó a violarlas. Ese año marcó la vida de ambas hermanas, que a sus 13 y 10 años acompañaban al hombre a recoger leña, con el permiso de la madre, que ignoraba lo que sucedía.

Ellas guardaron el secreto dos años, temerosas por las amenazas del adulto. Las agresiones cesaron cuando el cuerpo de Mariela comenzó a cambiar y su salud se deterioró; estaba embarazada.

El abuelo de las niñas era una autoridad indígena en Nebaj, Quiché, lo que complicó la denuncia y significó un proceso difícil para la familia, que fue expulsada de la aldea al considerar que señalar al abuelo era una “falta de respeto a la autoridad” que él ejercía.

La mitad de denuncias penales por abusos sexuales de niñas y adolescentes son después del parto de la menor, luego del reporte obligado del hospital, no por convencimiento de la familia de señalar al culpable del estupro, dice Sonia Pérez, abogada que asesora a víctimas de violencia sexual.

“El proceso judicial es lento, doloroso, desgastante e involucra gastos. Generalmente las víctimas son de lugares lejanos y de escasos recursos, por lo que casi siempre desisten  a la mitad del proceso”, dice Pérez.

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Justicia a medias

La familia de Mariela y Teresa no desistió, y en septiembre del 2016 el abuelo fue condenado a 210  años de prisión, se le ordenó pagar todos los gastos de su hija-nieta hasta que cumpla los 18 años y  manutención a sus dos nietas violadas.

Hasta el 30 de abril se efectuaron mil 498 exámenes forenses por delitos sexuales cometidos  contra  niñas y adolescentes, de los cuales solo 372 están registrados como denuncias de violencia sexual en el Ministerio Público.

Pérez señala que en el 99 por ciento de los casos que se siguen en un juicio finalizan con  condena, pero lamenta que el proceso sea muy lento. La abogada tiene en su agenda debates que comenzarán en el 2009 y hay casos del 2014 que aún no han llegado a juicio.

Heridas por sanar

Aunque se probó ante un juez el abuso continuado del abuelo a las dos niñas durante dos años, la vida de ellas nunca será normal. La sentencia condenatoria se dictó, pero el resarcimiento no llega.

El caso de Mariela y Teresa también es el primero en el país que incluye un resarcimiento moral, pues la sentencia se debe traducir al idioma k’iche’ y difundirse en las aldeas donde vivieron las niñas, y la comunidad que las expulsó les debe dar un terreno para la construcción de una vivienda.

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“Lo importante es denunciar. Lamentablemente no se hace”, recuerda Pérez, quien asegura que la violencia que se comete en contra de la mujer, y en especial contra las niñas, no se pueden prevenir solo con capacitación, pues se requiere también que se reconozcan el valor y derechos de las mujeres.

Por el momento, la familia de Mariela y Teresa decidió no regresar a la comunidad y alquilan una pequeña habitación en la capital, con la esperanza de que las niñas puedan tener en algún momento una vida normal. Ellas sufrieron el abuso de su abuelo, el rechazo de la comunidad y aún esperan el cumplimiento de la sentencia.

Asistir o no a la escuela puede marcar la diferencia entre ser niña o convertirse en madre, así lo reflejan los municipios con más y menos natalidad de niñas y adolescentes.

San Benito, Petén, donde solo 7 de 10  niños terminan la primaria y la deserción escolar de niñas es alta, se registró en el 2010 una tasa de 4 mil 418 embarazos de niñas y adolescentes por cada 10 mil mujeres entre 10 y 17 años.

Al otro extremo está Santa Apolonia, Chimaltenango,  que llegó a registrar 6 embarazos por cada 10 mil adolescentes, una de las tasas más bajas fuera del departamento de Guatemala, que por tener más acceso a educación y servicios de salud reporta la tasa de natalidad de niñas y adolescentes más baja del país.

El país tiene una de las tasas de natalidad adolescente más altas de Latinoamérica, solo superada por Haití y Bolivia. Édgar Hidalgo, coordinador de las Encuestas de Salud Materno Infantil, señala que aunque no hay una tendencia al alza, la cifra tampoco ha reducido en la última década.

Hidalgo reconoce que el acceso a la educación tiene incidencia directa en los embarazos de niñas y adolescentes, pues de mil mujeres con primaria completa, 24 son madres, pero la cifra se reduce a 13 cuando las adolescentes logran tener acceso y finalizan sus estudios de nivel básico.

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Luchan por cambiar

Una red de protección a la niña y adolescente que trabaja desde hace cinco años podrían ser el motivo por el que Santa Apolonia figura como uno de los municipios con una baja tasa de partos en menores de edad. El municipio también es  uno de los más bajos  en casos de violencia sexual contra niñas.

La red, coordinada desde el Centro de Salud, involucra a la oficina municipal de niñez y adolescencia, a maestros y al Juzgado de Paz.

En Santa Apolonia, el 80 por ciento es población es indígena y el idioma que predomina es el Kaqchikel. Allí la mitad de estudiantes son mujeres y se superan las cuatro consultas prenatales que el Ministerio de Salud requiere como mínimo para un control adecuado.

Las charlas educativas y talleres sobre educación sexual comienzan con estudiantes de sexto primaria que son incluidos en la estrategia que la red utiliza para prevenir los embarazos tempranos. A los padres de familia se les capacita en reuniones que se programan durante la entrega de calificaciones de sus hijos.

Las visitas a las comunidades son un factor determinante, señala Adela Buc Sirín, encargada de la Dirección Municipal de la Mujer. Ella reconoce que hablar violencia sexual y educar con este enfoque todavía es un reto, pero es necesario.

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Lo reconocen

En Petén las autoridades lo tienen claro: falta educación sexual. Más de cuatro mil embarazos de niñas y adolescentes se han registrado durante 2017 en San Benito, lo que lo convierte el lugar donde más violencia sexual contra menores se registra del país.

Heidi Romero Portillo, encargada de la oficina municipal de la mujer reconoce que es la falta de educación sexual uno de los mayores desafíos para detener esta cifra. Conscientes del problema, se impulsan programas de educación, algunos en alianza con universidades, para empoderar a jóvenes y sean estos los que faciliten la información.

La distribución de métodos anticonceptivos en los centros de salud es otra de las estrategias que se apoyan, aunque de acuerdo a la directora del programa municipal Salud y Liderazgo, Helen Leiva, la cifra de niñas madres sigue creciendo.

La región petenera se encuentra entre los cuatro primeros lugares de embarazos  de niñas  de 10 a 14 años, por lo que se considera el lugar donde más violencia sexual se registra en el país, aunque la mayoría no se denuncian.|

San Benito, Petén, donde nació Brenda, también fue en el 2011 el municipio con la tasa más alta de niñas madre: 916 alumbramientos por cada 10 mil mujeres entre 10 y 17 años.

Para evitar la discriminación a la que se enfrentan las niñas que se embarazan a temprana edad, la mamá de Brenda se hizo cargo de su nieta y los últimos seis años la ha criado como si fuera su hija. Brenda, que ahora tiene 16, hace el papel de hermana de su propia hija de seis años. Ahora viven en San Luis Petén, donde ningún vecino conoce su pasado; ellas prefieren mantenerlo así.

Ni la abuela-madre ni la madre-niña denunciaron al agresor, por lo que nunca se abrió ningún expediente judicial.

¿Qué hace que estas niñas sean víctimas de abusos sexuales? La creencia de que el hombre tiene poder sobre las mujeres y el deseo de tomar ese poder los motiva a violar. Este comportamiento está detrás del 89 por ciento de los casos donde la violación ha sido cometida por un familiar, según encuestas del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.

Muchas madres resuelven no denunciar ante las autoridades y son numerosos los casos en que, aseguran los expertos, las niñas no revelan el hecho a sus padres. La vergüenza, el miedo al rechazo y la culpa de creer que ellas han provocado los hechos están detrás de ese comportamiento. El fenómeno es peor cuando el embarazo es producto de una violación, pues en ocasiones la niña no entiende por qué se convirtió en madre, dice la psicóloga forense y experta en el tema, Meshelle Kababíe.

En la última década se han registrado casos de violencia sexual hacia menores de 14 años en todo el país, sin excepción. Sololá durante la última década tiene una de las tasas de natalidad en niñas y adolescentes más bajas de Guatemala, porque autoridades indígenas dirigen programas de concientización sobre el valor de la mujer e igualdad de oportunidades para erradicar el machismo.

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“Es un flagelo social. Los embarazos tempranos ocurren por violencia sexual, por discriminación, menosprecio y misoginia a las niña y adolescentes”, dice Dominga Vásquez, exalcaldesa indígena de Sololá. “Se  cree que es un objeto para ser tratado por un hombre”.

Exclusión dañina

Brenda no va a la escuela desde que se convirtió en mamá. Las niñas en Guatemala, sobre todo en la provincia, tienen menos posibilidades de acceder a educación pues es un privilegio al que tienen mejor acceso los hombres, por diversos factores, entre estos que la niña debe ayudar en las tareas domésticas.

Según la Encuesta de Salud Materno Infantil 2015 (Ensmi), solo dos de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años tienen estudios completos de primaria. Si son madres, como Brenda, la posibilidad de ir a clases se reduce aún más, pues no sólo deben atender a sus niños sino que cargan un estigma social por su condición, en un país donde el machismo predomina y la madre soltera es tomada con menor valor.

En Guatemala, al igual que en otros países de Centroamérica, el persistente machismo no halla extraño preguntarse ¿de qué sirve que una niña vaya a estudiar si lo que le toca es casarse y tener hijos?, argumenta Veronica Simán, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

“Ese sistema no permite ver que las niñas tienen derechos, a la educación, a la recreación, a la salud”, dice. “Las niñas están en franca desventaja”.

El problema es mayor en el área rural, donde las niñas se exponen a ser discriminadas por indígenas, pobres y campesinas, y ellas crecen creyendo que no tienen otra opción más que convertirse en mamás.

La evidencia de esta exclusión a las niñas de la provincia es el departamento de Guatemala, el más urbano del país. Allí los municipios tienen la menor tasa de niñas niñas-madres por cada 10 mil mujeres menores de entre 10 y 17 años.

“Por lo general, la población en el área rural está más excluida de las oportunidades de desarrollo y tienden a tener indicadores más deprimidos; menor asistencia a la escuela, mayores tasas de embarazos adolescentes y mayor mortalidad materna”, dice Simán.

La falta de oportunidades para estudiar, el escaso acceso a educación integral en sexualidad y el simple hecho de ser mujer someten un menor desarrollo óptimo comparado con los varones.

Ser mujer en Guatemala ya es difícil: según la Ensmi, para 2015 ocho de cada 10 mujeres de 15 a 19 años no tenía trabajo; si a eso se agrega la baja escolaridad y la condición de niña madre el problema es aún mayor. Con menores posibilidades de estudiar, una niña madre tendrá una probabilidad menor de conseguir un trabajo; cuando lo consiga, será más temporal y peor pagado que los de otras mujeres sin familia y mejor educadas y significativamente menor que los de cualquier hombre.

Si esa madre niña es pobre, la brecha de pobreza crecerá. Y también aumenta las probabilidades de que el ciclo empeore: es muy posible que, cuando llegue a mujer, esa niña madre sea abuela a muy temprana edad.

Entre el 2006 y el 2016, 122 mil niñas y adolescentes, entre 10 y 17 años se han convertido en madres, pero ese número podría alcanzar casi el cuarto de millón debido a la anómala disminución de los registros que provocada a partir de 2012 por la política de salud del Partido Patriota.

El ministro de Salud entre 2012 y 2014, Jorge Villavicencio, negó que los datos hayan sido alterados, pero reconoció que  el sistema informático de la cartera “tiene dificultades”, lo que podría explicar “algún mal registro” durante ese período.
La reducción de casi el 30 por ciento, según Villavicencio, fue resultado de una política de prevención impulsada en ese período.

Implementar un protocolo de alerta al identificar casos de alto riesgo y el haber reconocido el trabajo de las comadronas en las áreas de Salud  influyó directamente en la reducción de mortalidad materna y embarazos en niñas y adolescentes, según Villavicencio.

La estrategia citada por  el exfuncionario contrasta con casos registrados en Salud desde el 2012, cuando bajó la cobertura que se ofrecía a través de organizaciones cercanas a comunidades de difícil acceso, y para 2013 los contratos con las oenegés que prestaban este servicio fueron cancelados.

La rescisión de esos contratos permitió al gobierno de Otto Pérez Molina un “ahorro” de más de Q470 millones, pero dejó sin servicios básicos de salud al 31 por ciento de mujeres y niños del país. Salud aún no cuenta aún con programas específicos en las áreas que quedaron sin cobertura.

Villavicencio, señalado de corrupción, fue sustituido en septiembre de 2014, por Luis Enrique Monterroso, quien  también niega que se hayan ocultado datos de manera intencionada.

“No hay programas, ni evaluaciones que demuestren que Guatemala trabaja o ha reducido los embarazos en adolescentes”, dice Mirna Montenegro, secretaria ejecutiva del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), la entidad que en Guatemala lidera la investigación sobre estos temas.

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Sin registros ni soluciones

Del total de niñas madre registradas en la última década, el 11 por ciento tiene 14 años o menos, lo que indica que han sido víctimas de violencia sexual.

Pero el número de casos registrados es solo la punta del iceberg. Las cifras corresponden solo a los partos atendidos en el sistema de salud, y cuatro de cada 10 se atienden fuera de este, de acuerdo al Osar.

La falta de datos certeros sobre la situación de las niñas y adolescentes que se convierten en madre causa que no se construyan políticas públicas para reducir los embarazos de niñas. El informe final del país sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), presentado en 2015, confirmó que la fecundidad en adolescentes es un tema aún pendiente.
Guatemala ha tenido una “evolución contraria” en el tema de salud materna, según el indicador de los ODM.

El problema tiene estrecha relación con la violencia, desnutrición y pobreza del país, un ciclo que lejos de tener respuesta se repite de forma constante.

¿Resultados mágicos?

Hasta el 2011 el registro de niñas madre creció a un ritmo de cinco por ciento cada año sin que existieran estrategias enfocadas en atender este problema.

En el 2012 la cifra bajó 31 por ciento y para el 2016 el descenso era del 62 por ciento. Pero ese descenso no era algo positivo sino todo lo contrario, pues se dejó de reportar los partos de niñas y adolescentes y se presentaban cifras erróneas sin que existieran políticas o programas para prevenir los embarazos en menores de edad.

La supuesta baja también se refleja en los datos del Registro Nacional de las Personas (Renap), pues en 2013 se inscribieron 14 por ciento menos niños nacidos de mujeres de entre 10 y 19 años. La cifra se repite en todos los departamentos, algo que también genera suspicacia, pues los nacimientos se incrementan para otras edades.

Gran parte del subregistro fue provocado por la disposición ministerial de retirar a las oenegés de la extensión de cobertura en salud en el 2013.

Hasta entonces, las 67 organizaciones no gubernamentales concentraban su trabajo en comunidades de difícil acceso y principalmente rural. Pero el Ministerio tomó la decisión de liderar de manera institucional la atención y canceló los convenios, lo que produjo que nueve mil 327 comunidades se quedaran sin atención médica estatal y consecuentemente, acceso a planificación familiar y salud sexual y reproductiva y, claro, el registro.

Abilio López, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos de Salud, asegura que Q417 millones de todo el presupuesto de Salud estaba destinado a la extensión de cobertura. “Ese presupuesto lo siguió manejando el Ministerio de Salud –a partir del 2013—”, dice.

Otra causa de la falta de reportes de embarazos en niñas y adolescentes fue que a partir de 2013 hubo campañas que informaban que sostener relaciones con menores de 14 años era delito, lo que provocó que las víctimas no denunciaran al agresor, por ser un familiar o amigo cercano.

Guatemala ha tenido una “evolución contraria” en el tema de salud materna, según el indicador de los ODM, al no lograr reducir las cifras de niñas madres. 

“Nosotros contenemos los daños”

El programa Planea, que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación, además de la apertura de espacios amigables para adolescentes es la propuesta del Ministerio de Salud para  prevenir los embarazos en menores de edad, explicó el viceministro técnico, Adrián Chávez.

El funcionario reconoció que durante el cambio de mando no se abordó el tema de los embarazos en niñas y adolescentes de manera específica y que fue después de tomar el cargo que se percataron del convenio con Educación, el cual busca brindar educación sexual a los adolescentes.

El viceministro indicó que no existe una fuente específica de financiamiento para atender este problema, al que considera una consecuencia de factores sociales como la educación y la pobreza, y en general las oportunidades de desarrollo de las niñas y adolescentes.

Chávez explicó que los embarazos en niñas y adolescentes tienen impacto social por el mayor riesgo  de mortalidad materna, y cree que una de las causas del descenso en los registros es la falta de denuncia.

El dinero que se recauda del 15 por ciento del impuesto a bebidas alcohólicas es  entregado al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que utiliza parte del recurso a la compra de métodos anticonceptivos, los que se ponen a disposición de la población. Según Chávez, están abastecidos para atender la demanda.

El viceministro afirmó que lo que Salud hace es “contener los daños”, pues la prevención requiere un tratamiento integral.

En abril de 2016 un Tribunal de Sentencia de Huehuetenango condenó a 25 años de prisión a Mario Carrillo López y Santiago Gómez López, hallados culpables de participar en el linchamiento de dos presuntos delincuentes, en Santa Bárbara, en el mismo departamento del norte de Guatemala.

Las víctimas fueron Mario Sánchez y Manuel Sales, dos jóvenes acusados de asaltar a vecinos del lugar. Una turba de vecinos de Santa Bárbara sacó a Sánchez y Sales de su vivienda por la fuerza y los arrastró al cementerio de la comunidad. Ahí los golpearon con palos y piedras y, cuando se cansaron, los colgaron frente a la capilla.

Santa Bárbara no ha tenido policías ni jueces por 15 años. El destacamento de la Policía Nacional Civil (PNC), fue cerrado por orden del Ministerio de Gobernación en 2002, poco tiempo después también cerró el Juzgado de Paz, luego de varios conatos de linchamiento en contra de las autoridades por negarse a entregar a dos supuestos ladrones.

El de Santa Bárbara es uno de los 685 linchamientos registrados entre 2013 y 2014, el período más violento de los últimos 12 años, según los registros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En esos años, 94 personas –9 mujeres y 85 hombres— murieron a causa de las heridas provocadas por turbas en Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché. Otras 738 víctimas quedaron con lesiones.

No es justicia

Entre 2005 e inicios de 2017 hubo 2 mil 556 linchamientos denunciados en Guatemala. Fueron asesinadas 20 personas y 91 resultaron heridos, muchas de ellas de gravedad. Cuando los linchamientos registraron un pico, entre 2013 y 2014, algunos grupos liberales comenzaron a señalar a las comunidades indígenas como responsables de los crímenes.

Un año antes, en 2012, le llegada del primer militar a la presidencia en la era democrática de Guatemala también empoderó ciertos círculos del ejército y, estos a su vez, puntos de conflicto entre la población, otra vez, en el altiplano. Una protesta en octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska, en Quetzaltenango, fue reprimida por el ejército que mató a seis campesinos que protestaban contra los precios de la energía eléctrica.

En el país de nuevo se retoma el discurso dividido de la derecha y la izquierda ideológica, en medio, los grupos indígenas del altiplano.

En 2016 se incluye un paquete de reformas constitucionales, ahí se incluye la jurisdicción indígena y esto crea grupos en oposición a que se reconozca la autoridad ancestral, por promover los linchamientos. Sectores empresariales se opusieron a los cambios y la discusión llevó a manifestaciones en las calles y el Congreso, señalando la supuesta violencia de las comunidades y su poca capacidad de juzgar un delito.

Tomar la justicia por cuenta propia en una población no es un hecho con relación directa a las costumbres ancestrales. Las poblaciones indígenas en el país, aunque reconocen los castigos públicos y aplicación de justicia ancestral, no practican la incineración y goles hasta la muerte del castigado.

Regiones con predominante población indígena, como Sololá, cuentan con autoridades ancestrales aunque no estén plenamente reconocidas por el Estado de Guatemala. En 2016 estos tribunales resolvieron 3 mil casos, ninguno con aplicación de ningún castigo físico. Las sentencias aplicadas van desde resarcimiento a las víctimas, trabajo comunitario, destierro y en caso extremo varios azotes, según la falta, aplicados por algún familiar del victimario.

El linchamiento, aunque se trata de una muestra de desconfianza en la justicia, es un crimen, y quienes participan en esa práctica cometen el delito de muchedumbre y homicidio en estado tumultuario, explica Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y exasesor del Ministerio Público.

Monterroso refirió que Guatemala es de los pocos países en donde todavía se registran linchamientos, y que eso ocurre por los altos índices de impunidad. En el país según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, existe un 97 por ciento de impunidad.

“La población debe entender que el linchamiento no es la respuesta. Eso nos convierte en un Estado donde no existe el debido proceso”, manifestó.

Monterroso señaló que el Estado debe ser más eficiente en la aplicación de la justicia, lo que involucra también al Ministerio Público, para evitar los linchamientos. Añadió que también se perseguir a quienes cometieron el crimen y eso sirva como  disuasivo.

Vivir con miedo

Cuilapa, Santa  Rosa, es junto a San Juan Sacatepéquez, el municipio donde más linchamientos se reportaron en 2016. Cuatro en ambos casos.

Rigoberto Escalante Pérez, tiene 36 años, 15 de los cuales ha servido como bombero voluntario en Cuilapa. El 20 de mayo de 2016 vivió uno de los episodios más frustrantes de su carrera como socorrista. Él, junto a dos compañeros bomberos, fue al rescate de dos hombres vapuleados por una turba afuera del mercado municipal. Los acusaban de ser extorsionadores de mototaxis.

“La gente estaba muy molesta”, dice. “Estuvimos varias horas dentro de la ambulancia con mucho miedo porque la unidad fue rociada con gasolina”.

Escalante Pérez encabezó el grupo de tres bomberos que rescató a los dos hombres, pero el grupo de pobladores le cerró el paso a la ambulancia cuando se dirigía al Hospital Regional de Cuilapa.

“Son momentos horribles”, dice el bombero. “Enfrentamos a veces la incomprensión a nuestro trabajo y también el riesgo de morir cumpliendo el deber”.

Mayén dice que “la violencia llama violencia” y justifica los linchamientos en el área porque “los vecinos están cansados de la violencia y no confían en el sistema de justicia”, por el retraso en los procesos penales en los juzgados. La mora judicial en el país, hasta diciembre de 2016, señala que solo 5 de cada 10 casos llega a una audiencia, las demás son suspendidas y reprogramadas por meses.

Mayén sostiene que el sistema de justicia “debe recuperar con hechos la confianza de la población”, agilizando los procesos y sentencias, de manera que la población vea una solución al denunciar los delitos de los cuáles son víctimas, de lo contrario las personas seguirán buscando otras formas de infringir castigo a quienes consideren delincuentes. 

Una investigación de Prensa Libre permitió establecer que, aunque la mayoría de linchamientos se reportan en comunidades con mayoría de población indígena, esta no es una condición para explicar por qué toman la justicia a cuenta propia. Por el contrario, estos actos se derivan de la represión militar y la estructura paramilitar implementada allí por el Estado.

En los últimos 13 años dos mil 612 personas fueron víctimas de linchamientos en toda Guatemala. Casi la mitad de ellos, en Guatemala, Quiché y Alta Verapaz. Que ocurran allí desnuda una lógica perversa: en esas áreas del país también se concentraron 9 de cada 10 masacres cometidas por el Ejército durante el período más sangriento de la guerra, en los años 80.

Quienes golpearon, azotaron, mataron y lincharon durante los últimos tiempos quizás ejercieron una práctica ancestral, pero la actualizaron con un método más nuevo: hacer justicia por mano propia es producto de la ausencia y deserción del Estado moderno.

El mantenimiento de la práctica del linchamiento, y en muchos casos su acentuación, revela la incapacidad o ausencia de voluntad de las autoridades de varias administraciones para detener la violencia en el país.

De alguna forma, el Estado mató durante las guerras, volvió a matar durante la recuperación democrática, cuando se ausentó para normar la vida y aplicar la ley, y vuelve a matar ahora, cuando en Guatemala continúan los linchamientos y la Justicia tarda y en sancionar.

Los datos recogidos por Prensa Libre, al cruzar el registro de riñas tumultuosas de la Procuraduría de Derechos Humanos, el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y publicaciones de la época, demuestran que donde hubo más presencia y organización militar persisten las prácticas violentas sin control del Estado. En el caso de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, aunque no registra masacres durante el período de la guerra, su cercanía con Quiché fue aprovechada por grupos que migraron, huyendo de la guerra.

Las causas de la muerte

Alta Verapaz con 178 linchamientos y Huehuetenango con 191 son los departamentos con mayor cantidad de casos de linchamientos y muertos. Ambas, junto con Quiché fueron las áreas donde más represión hubo durante la guerra y luego de ella también se constituyeron en territorios de conflicto, fuerte organización comunitaria, pobreza y carencia de servicios básicos.

En estos territorios, el Ejército ejecutó las masacres de la base militar 21, Estrella Polar, y Quiquil, entre otras, donde alrededor de mil personas fueron asesinadas entre 1982 y 1984. Tanto en Alta Verapaz como en Huehuetenango, la guerrilla fue barrida con operaciones militares implementadas, según el Ministerio Público, bajo una política de tierra arrasada y la ejecución de planes como Sofía y Victoria 82, que iban dirigidos a eliminar a las comunidades que, supuestamente, ayudaban a la guerrilla.

No es coincidencia que el altiplano concentrase en estos años la mayor cantidad de linchamientos. Según Óscar Manuel Castellanos Martínez, sociólogo de lo urbano, los crímenes presentes en esos municipios tienen “fuertes vínculos” con grupos exparamilitares que “han resistido al tiempo y no fueron desarticulados en su totalidad”.

“Donde hubo presencia de paramilitares y ofensiva contrainsurgente y tierra arrasada reinó la ley del más fuerte, las ejecuciones extrajudiciales estaban a la orden del día” dice Castellanos Martínez. “Allí en dónde quedaron feudos, en esos municipios, los comisionados militares y exparamilitares continuaron actuando con impunidad”.

En 1988 Prensa Libre publicó el linchamiento de 2 personas a manos de un grupo, liderado por un comisionado militar. En 1980, el inicio del período más sangriento de la guerra, también se registró el linchamiento de varios dos personas en Huehuetenango, esta vez fueron pobladores que rechazaban el reclutamiento forzado, las víctimas eran comisionados militares.

El sociólogo Luis Mack, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y profesor de la Universidad de San Carlos, dice que, durante la guerra, las poblaciones del altiplano organizaron estructuras como las Patrullas de Autodefensa Civil que luego mutaron a comités de vecinos o de seguridad, con la misma lógica de organización, donde un grupo de no más de tres personas decide cómo resolver los problemas de la comunidad e imparte justicia, según su criterio.

De hecho, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, el municipio con más linchamientos del departamento, un comité de vigilancia se convirtió poco a poco en un grupo de represión y autoridad paralela al Estado, obligando a las personas a prestar patrullajes “voluntarios” cada semana o pagar una cuota por el servicio. El comité además impuso reglas de convivencia y decidió qué tipo de justicia aplicaría a quien se señalase de algún ilícito.

El grupo, de acuerdo a publicaciones de Prensa Libre, restringe el horario para salir a la calle, así como quién entra y sale de su jurisdicción. El pasado 1 de marzo de 2017, un grupo de “seguridad ciudadana” de San Juan Sacatepéquez, incluso, vapuleó a tres oficiales del ejército que, en su día de descanso, ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública. 

“Puede haber relación porque los lugares donde se estableció el conflicto era donde había más pobreza y eran los más olvidados por las instituciones del Estado”, dice Mack.

Los departamentos donde más linchamientos se reportan, con excepción de Guatemala, también concentran condiciones precarias de vida. En Huehuetenango, de acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 8 de cada 10 habitantes viven en pobreza y en promedio solo van cuatro años a la escuela, mientras que en Alta Verapaz, son 9 de cada 10 quienes están en pobreza y la escolaridad se limita a cuatro años.  

No es por cultura

La práctica de linchamientos ha sido reportada desde 1970. Registros de Prensa Libre desde 1970 hasta finales de 1980 muestran que en departamentos como Chimaltenango, Quiché y Alta Verapaz era común. Por años, se extendió la creencia de que los linchamientos eran prácticas propias de las culturas precolombinas, pero la investigación de Prensa Libre no ha hallado ninguna correlación directa entre los asesinatos y crímenes de las turbas y las etnias indígenas del país.

El departamento de Guatemala es la prueba definitiva de que los linchamientos no obedecen a cuestiones étnicas: con 338 casos, casi el mismo número que Huehuetenango y Alta Verapaz combinados, es la jurisdicción con más linchamientos totales entre 2005 y abril de 2017. De acuerdo a los datos cruzados por Prensa Libre, departamentos como Santa Rosa también registran hasta nueve muertos en el último año, un lugar con el 97 por ciento de población ladina.

Según los registros, 90 personas han sido asesinadas y otras 390 heridas en linchamientos, en su mayoría en San Juan Sacatepéquez, donde la población está organizada en un comité de seguridad fuera del control de la Policía Nacional Civil (PNC). Otros hechos, ocurridos en Villa Nueva, Mixco y las zonas 1, 2, 7, 9, 10, 12 y 18 de la capital son menos recurrentes y aislados.

El departamento de Guatemala, y específicamente San Juan Sacatepéquez, es un caso especial. El departamento de Guatemala tiene la menor proporción de población indígena per cápita del país y, con la capital como epicentro, es la región menos desvalida –la pobreza a indigencia alcanza a 30 por ciento de sus habitantes— , y tiene el mayor acceso a servicios de justicia y seguridad. Pero, excluida la capital, los indicadores asemejan al departamento a otras jurisdicciones. En San Juan Sacatepéquez 5 de cada 10 habitantes viven en la pobreza o pobreza extrema.

Según Mack, los linchamientos en San Juan Sacatepéquez se explican en la migración interna de los 80 y serían ejecutados por actores ajenos a las comunidades. El sociólogo dice que durante la guerra y después de ella, familias completas migraron a otros departamentos huyendo de la represión o en busca de nuevas oportunidades de vida. Muchos de ellos se radicaron en áreas específicas de la capital o municipios cercanos.

Villa Nueva y Mixco, los dos municipios más poblados de la jurisdicción, fueron poblados por víctimas de la guerra que migraron a la capital, en busca de trabajo. Actualmente ambos lugares enfrentan serios problemas de violencia y pobreza, con fuerte presencia de pandillas que coordinan extorsiones y sicariato.

En Mixco también hay presencia militar a través de un destacamento que ofrece seguridad civil, Villa Nueva tuvo un programa de seguridad militar similar, sustituido por patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil.

Ausencia de Estado

La gravedad de la situación es tal que el propio Estado reconoce que los crímenes suceden por su incapacidad para actuar en beneficio de la población. A inicios de abril de 2017, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, dijo a Prensa Libre que los linchamientos ocurren, precisamente, porque “hay ausencia del Estado, falta de justicia, desesperanza y frustración de la población, pero no se pueden considerar una práctica legítima”.

El Procurador coincide en que los linchamientos no son una acción ligada a razones culturales o exclusivas de poblaciones indígenas, las razones que motivan los linchamientos pueden ser las mismas pero van más allá de la etnia.

De León destaca como ejemplo a Totonicapán y su organización comunitaria en 48 cantones, un área en el altiplano del país que no registró masacres durante los años de la guerra.

“Grupos de pobladores hacen lo que el Estado no hace, imparten justicia, construyen carreteras, abastecen de agua”, dice. “Su organización es envidiable y da como resultado una comunidad armoniosa”.

En efecto, Totonicapán es el departamento con mayor población indígena del país –98 por ciento de sus habitantes pertenecen a las etnias k’iche’, pero, con 68 casos totales, registran menos linchamientos que cualquier otro departamento del país.

Otros departamentos con un bajo registro de casos de linchamientos son Zacapa, El Progreso y Jutiapa, áreas del oriente que, según la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), no sufrieron ninguna masacre relacionada al conflicto armado.

“No es un fenómeno exclusivo de poblaciones indígenas”, dice De León. “Tiene que ver con falta de justicia, desesperanza y frustración porque la justicia no llega. Hay ausencia del Estado”.