Política

Congreso rechaza veto y obliga al presidente a sancionar decreto que garantiza servicios básicos

Los diputados aprobaron con 126 votos a favor y uno en contra el acuerdo legislativo 15-2020 con el que le devuelven el decreto al presidente Alejandro Giammattei para que lo publique con el fin de que no se suspendan los servicios esenciales a los guatemaltecos. El Ejecutivo dijo que acatará lo que resolvió el Congreso.

Expertos consideran necesario que existan acuerdos, entre oficialistas y la oposición, para tratar de la mejor manera la readecuación presupuestaría e iniciativas relacionadas a la pandemia.  (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Expertos consideran necesario que existan acuerdos, entre oficialistas y la oposición, para tratar de la mejor manera la readecuación presupuestaría e iniciativas relacionadas a la pandemia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Congreso comenzó la sesión a pasadas las 15 horas de este 30 de abril, más de cinco horas después de la convocatoria, donde se conocerán proyectos relacionados con la emergencia por el coronavirus.

El primer punto fue conocer el veto presidencial al decreto 15-2020 creado por diputados para no suspender los servicios esenciales durante la emergencia por el coronavirus y que el presidente Alejandro Giammattei señala que tiene incongruencias e inconstitucionalidades.

Hubo un momento crispado cuando el diputado Fidel Reyes Lee presentó una moción para que el Congreso enviará el decreto 15-2020 a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que esta determinara si tiene o no inconstitucionalidades como dice Giammattei en el veto. Luego de un centenar de críticas Reyes Lee retiró la propuesta.

Pero antes de retirar el proyecto, los diputados señalaron que no estaban de acuerdo argumentando que no querían que la población destruyera su casa por cortarles la luz -energía eléctrica- por lo que poco a poco los diputados se fueron desmarcando del oficialismo.

Los bloques afines al oficialismo como Unión del Cambio Nacional (UCN), Todos, Valor, Viva, Partido Humanista empezaron a retirarles el apoyo, por lo que los diputados del bloque Vamos empezaron a desmarcarse y salirse del hemiciclo para no registrar que su voto fue en contra, solo quedó el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez quien fue el único que voto en contra.

Al regresarse el decreto 15-2020, se obliga al presidente que en término de ocho días de recibida la normativa, la publique en el Diario de Centro América para que entre en vigencia.

Publicará decreto

Luego de rechazarse el veto invocando la supremacía legislativa, el mandatario indicó a través de un mensaje de texto enviado por el secretario de comunicación social de la presidencia, Carlos Sandoval que el rechazo del veto se acatará sin ningún inconveniente.

“Yo estoy del lado del pueblo, por lo tanto se garantizarán los servicios públicos a la población guatemalteca, tales como energía eléctrica, agua potable, telefonía móvil, internet, etcétera, en beneficio de la mayoría de la población guatemalteca”, afirmó el mandatario en un mensaje a la prensa.

En contra del Veto

Congresistas expresaron que asintir al veto presidencial es aceptar que Giammattei diga que los diputados no hacen bien su trabajo en momentos en que el coronavirus puede desatar una crisis económica y social.

Juan Carlos Rivera, de Victoria, criticó que la iniciativa de Giammattei establezca un aporte millonario a Empagua, exclusivo para la capital, cuando hay entidades prestadoras de ese servicio en toda Guatemala.

Walter Felix, diputado de URNG, apeló a la supremacía constitucional para rechazar el veto y que, en dado caso, la CC resuelva lo que corresponde si hay inconstitucionalidades.

Sonia Gutiérrez, de Winaq, se sumó al rechazo al veto y comentó que acaso puede haber tecnicismos por revisar, pero no hay inconstitucionalidades.

Ligia Hernández, de Semilla, dijo que el procedimiento planteado por Reyes Lee no tiene nada que ver y evocó la supremacía legislativa para que el decreto 15-2020 avance.

Petrona Mejía, de UNE, afirmó que la emergencia está causando hambre, desempleo y muerte, y criticó que los programas sociales de rescate no han llegado al área rural.

Osmundo Ponce, de URNG, recordó que decreto el 15-2020 fue promovido en tres ocasiones, pero hubo rechazo de bancadas oficialistas y el pueblo se lo achacó, por lo que se sumó al rechazo al veto.

Jairo Flores, de la UNE, comentó que el veto es “ingrato” y las excusas no tienen consistencia política ni social. Dijo que se pudo subsanar en un reglamento, pero la ley ya estaría vigente y beneficiando a la gente.

El diputado Carlos Roberto Calderón del bloque Vamos fue el único que argumentó a favor del presidente y que acuerpó el veto presidencial, y criticó las acciones de algunos diputados quienes llevaron pancartas al pleno al calificarlo de un espectáculo y de un circo.

“No soy ni su esclavo, ni hago lo que él me ordena hacer porque yo tengo mente propia y así me criaron mis padres en saber pensar y en saber elegir y en saber qué decir el momento preciso, el presidente al vetar también entró al Congreso la solución porque el presidente no le va a dar la espalda a la población, por eso pido que se apruebe la iniciativa que envió de urgencia nacional”, dijo Calderón.

Referencia a la ducha

Samuel Pérez de Semilla en su intervención se refirió al pueblo de Guatemala para que no se le olvide el rostro de aquellos que con dinero del pueblo compran duchas y riegan sus jardines, en referencia al presidente del Congreso Allan Rodríguez que adquirió una ducha con recursos del Estado.

“Son los mismos que retrasan la aprobación para que el pueblo no le corten el agua son los esclavos del presidente Giammattei, son los esclavos del 0.1% el poder económico de Guatemala que son los culpables de esta crisis económica”, refirió.

Qué es la supremacía legislativa

La mayoría de parlamentarios que están en contra del veto presidencial, argumentan que se debe de ejecutar la supremacía legislativa para obligar al presidente Alejando Giammattei a que sancione el decreto 15-2020.

El artículo 179 de la Constitución establece la primacía legislativa y esta se dará cuando el presidente devuelve el decreto vetado al Congreso, por lo que la junta directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión, y el Congreso, en un plazo no mayor de treinta días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo.

“Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros -107 votos- el Ejecutivo deberá, obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efectos como ley de la República”, señala la normativa constitucional.

A gritos

A eso de las 14.30 horas, diputados de oposición reclamaron a gritos a la junta directiva del Congreso el retraso de la plenaria, que fue convocada a las 10 horas.

Al menos 20 diputados de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Winaq, Bienestar Nacional (Bien), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Movimiento Semilla tocaron la puerta de una sala de reuniones y demandaron respeto y el inicio de la sesión.

En el salón de sesiones de junta directiva se encontraban el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, el primer secretario Felipe Alejos, el diputado Manuel Conde Orellana, el jefe de bloque oficialista Mynor Mejía Popol y algunos directores de ese organismo del Estado.

El diputado Aldo Dávila de Winaq le gritó a Rodríguez que era una falta de respeto que la sesión no empezaba y que dejaran de estar “negociando con el hambre del pueblo”.

Rodríguez le respondió que estaban haciendo un show y no dio un estimado de la hora en que podría comenzar la plenaria y que para eso les pagaban.

Luego del incidente, los diputados se trasladaron al hemiciclo, después de 30 minutos empezó la sesión plenaria.

Agenda

Para hoy está previsto que se conozca la prórroga del estado de Calamidad y la iniciativa del Ejecutivo para asegurar entre mayo y julio de este año los servicios esenciales -agua potable, energía, teléfono e internet- a usuarios que no puedan pagar, así como otras iniciativas de ley.