El presidente Bernardo Arévalo afirmó este lunes 10 de agosto que cualquier empresa que efectúe gestiones en Guatemala para cobrar multas impuestas por Estados Unidos a migrantes deberá actuar dentro de la legislación nacional y aseguró que el Gobierno estará atento a posibles vulneraciones de los derechos de los guatemaltecos ante el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.

Arévalo se refirió durante una conferencia de prensa a la intención del Gobierno de Estados Unidos de contratar a una empresa para localizar en Guatemala a migrantes que tengan multas pendientes por incumplir órdenes de deportación. También respondió sobre las medidas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para restringir el ingreso de mujeres embarazadas y combatir el llamado “turismo de maternidad”.

“Sobre las deudas para los migrantes, lo que nosotros podemos garantizar es que cualquier persona que esté en gestiones de este tipo, ya sea contratada nacional o internacionalmente, tiene que tener claro que solo puede conducirse dentro de los márgenes de la legislación nacional al respecto, y que el Gobierno de la República no va a permitir, para eso existe un sistema de justicia, además, que acogerá denuncias que haga la población en su caso, cualquier acción que se lleve a cabo dentro del marco de la justicia”, declaró Arévalo.

La empresa que el Gobierno de Estados Unidos pretende contratar para localizar en Guatemala a migrantes con multas pendientes por incumplir órdenes de deportación podrá informarles sobre las deudas y facilitar opciones de pago.

El 5 de agosto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) publicó una convocatoria para contratar a una empresa que localice a personas deportadas o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos, verifique su identidad, les informe sobre las multas pendientes y facilite el pago mediante la plataforma Pay.gov.

La empresa deberá operar inicialmente en Guatemala, México y Honduras, aunque el programa podrá ampliarse a otros países, señala el documento. Entre sus funciones también figura comprobar que localizó correctamente al deudor mediante fotografías del lugar de residencia, facturas de servicios públicos, constancias laborales u otros documentos que respalden la identidad de la persona.

La convocatoria señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), por medio de la CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mantiene la facultad de imponer y cobrar multas civiles, sanciones y determinadas tarifas relacionadas con infracciones a la legislación migratoria.

El documento indica que estas medidas forman parte de la estrategia del Gobierno de Trump para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y dar seguimiento a las personas que permanecieron ilegalmente en ese país.

Prensa Libre publicó recientemente el caso de dos guatemaltecas que regresaron voluntariamente al país y continuaban recibiendo cartas del Gobierno estadounidense con multas de US$1.8 millones y US$2.3 millones.

En esa oportunidad, la abogada migratoria Ana Gabriela Urízar explicó que las sanciones pueden seguir aumentando aun cuando la persona haya salido de Estados Unidos y recomendó no ignorar las notificaciones, sino buscar asesoría legal para responderlas.

Restricciones para mujeres embarazadas

Arévalo también se pronunció sobre las decisiones de la Administración de Trump para fortalecer las restricciones migratorias dirigidas a mujeres embarazadas y combatir el denominado “turismo de maternidad”.

El mandatario guatemalteco afirmó que corresponde a cada Estado determinar sus políticas migratorias y establecer las condiciones de ingreso de extranjeros.

“Todo Estado es responsable y soberano sobre las decisiones migratorias que toma y a quién le permite y a quién no le permite entrar. Eso es algo que está en manos de ese Estado, salvo que se convierta en un problema de tipo internacional. Hay Estados con políticas migratorias muy restrictivas y Estados con políticas muy amplias, de manera que el presidente Trump y su Administración estarán decidiendo en el marco de las potestades que tienen para definir la política migratoria de su país”, expresó Arévalo.

El presidente aseguró, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dará seguimiento a la situación para atender a los guatemaltecos que consideren que han sufrido maltrato o vulneraciones de sus derechos.

“Lo que les puedo asegurar es que nosotros estaremos atentos; de hecho, la Cancillería está atenta para atender a nuestros connacionales para cualquier caso donde haya maltrato, una condición que se considera que vulnera el trato razonable y los derechos humanos de las personas. Y, en este sentido, ustedes vieron hace poco un pronunciamiento alrededor de un caso donde se golpeó a un guatemalteco, pues hubo una protesta de la Cancillería (…) seguiremos trabajando en esa dirección”, afirmó.

Arévalo agregó que el Gobierno ha respondido a la situación de los migrantes mediante el fortalecimiento de la atención consular y programas destinados a quienes regresan al país.

“La situación actual de los migrantes guatemaltecos en general, pero sobre todo en Estados Unidos, la hemos venido atendiendo tanto por una multiplicación de los servicios consulares en Estados Unidos como con la creación de los mecanismos de los programas de recepción e integración de los retornados”, dijo.

Trump busca restringir la ciudadanía por nacimiento

El 6 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que volvió a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en ese país, pese a que la Corte Suprema había bloqueado un intento anterior.

Trump afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado “turismo de maternidad”, que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en ese país y obtengan la ciudadanía estadounidense.

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. La Corte Suprema invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.

La Casa Blanca sostiene que el fallo permite limitar la ciudadanía de los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, así como en otros supuestos mencionados por la Administración estadounidense.

Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía de los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el día de su investidura para un segundo mandato, el 20 de enero del 2025.

Con información de Rubén Lacán y EFE

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