La denuncia de los sindicalistas indica que el acuerdo entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y TCQ para construir una terminal de contenedores infringía las leyes nacionales, pues fue aprobado sin consultar a la sociedad civil y se basó en una evaluación de impacto ambiental que no se procesó debidamente.

La CAO, en su informe final del 20 de abril del 2015, detalló que no encontró inquietudes significativas por los resultados ambientales y sociales de la inversión de IFC, ni cuestiones que revistan importancia sistémica para la corporación y que exijan como respuesta una investigación de cumplimiento.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, indicó que no recibió respuesta sobre la denuncia presentada al director general de IFC, la cual consistía en que no se otorgara el crédito a TCQ debido a que había un litigio e irregularidades en la manera en que se otorgó el usufructo.

Hoja de ruta

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, informó que se acordó con la Procuraduría General de la Nación (PGN) trabajar con la Secretaría General de la Presidencia en los próximos días, para analizar detenidamente y evaluar rutas jurídicas, los pasos correctos, lo que está en marcha y hacerlo de manera cuidadosa y decidida, para asegurar y proteger los intereses del país y la justicia.

“De ninguna manera se busca afectar el proceso penal contra los sindicados en este proceso. Eso sigue con toda la fuerza, pero el proceso civil de este puerto y la operación es importante para la competitividad del país, y se tiene que proteger”, manifestó Estrada.

El funcionario agregó que se debe proceder jurídicamente con mucho cuidado, pues si bien las cosas están a favor del Gobierno de Guatemala, se debe hallar un mecanismo para cambiar la situación actual. “No seguir los procedimientos jurídicos y los pasos correctos nos puede generar contingentes que eventualmente nos generen contrademandas”, advirtió.

El viernes último, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticularon una estructura que implica al expresidente Otto Pérez Molina, a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a empresarios españoles.

Sobornos

Según la investigación, se determinó que los exmandatarios habrían recibido sobornos por US$4.2 millones cada uno para que se otorgara el usufructo a TCQ.

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que los señalamientos incluyen asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

Por ese mismo caso se pidió que se le retire el antejuicio al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal Ramos, debido a que podría estar involucrado en supuestos favores judiciales.

El exinterventor de la Portuaria Allan Marroquín se encuentra prófugo, fuera del país, a pesar de que ofreció entregarse a las autoridades.

La PGN espera instrucciones del Ejecutivo para determinar si presenta demanda para buscar la nulidad del contrato.

Banco Mundial

“Si las malas prácticas ocurrieron, IFC tomará las medidas pertinentes”

• Una portavoz de la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés) indicó en un comunicado, en  relación con el caso de TCQ,  que IFC tuvo conocimiento del asunto, y lo conversó con las autoridades jurídicas en el país.
• “Esas conversaciones informaron nuestra decisión de apoyar el proyecto.  Había precedentes de contratos de usufructo en el puerto que confirman la disponibilidad y uso de este tipo de acuerdos. En el  2012, Terminal de Contenedores Quetzal  (TCQ) se convirtió en el usufructuario número 22 de la Empresa Portuaria Quetzal. El usufructo de TCQ se rige por las mismas normas, condiciones y tarifas de los otros 21 usufructos vigentes en  ese momento.  Estos incluían  terminales de carga especializada que manejan granos, etanol y azúcar, dos terminales de carbón, una planta de cemento, una terminal de gas licuado, una terminal de plátano y una terminal para cruceros”.
• “En el año 2012, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), una entidad pública, inició contactos directos con varias firmas internacionales con experiencia en manejo de terminales de contenedores que se habían mostrado interesadas en desarrollar la terminal de contenedores de Puerto Quetzal. Las corporaciones confirmaron su interés en el proyecto y todas, excepto Grup Maritim TCB, compañía matriz de TCQ, pidieron exclusividad en la operación de los contenedores. Solo TCQ aceptó el usufructo sin exclusividad, lo cual permitiría a los otros operadores continuar ofreciendo sus servicios en el puerto”, explica el comunicado.
• Sobre por qué no se recurrió a la Ley de Contrataciones, la postura de IFC señala que la EPQ se rige por sus propios reglamentos en lo referente al uso de sus activos, incluyendo la creación de derechos de usufructo. “En tres ocasiones, en 2006, 2012 y 2013, la Procuraduría General de la Nación opinó que esos reglamentos eran aplicables”, precisa.
• “El Grupo del Banco Mundial requiere que sus clientes cumplan con la ley… Bajo la ley constitucional y criminal de Guatemala, existe la presunción de inocencia hasta que las acusaciones se hayan probado.  Si se concluye que las prácticas sancionables ocurrieron, IFC tomará las medidas pertinentes”, puntualiza.