En el Diario de Centro América se publicó hoy el acta que cobra vigencia a partir de mañana -martes-, con esta medida el Concejo busca poner obstáculos a la fiscalización de la población, ya que dicha comuna cobrará por cada copia que reproduzca y que contenga información municipal.
Presentarán acciones
El acta está firmada por el alcade en funciones, José Rafael Chamalé Enriquez y la secretaria municipal, Mirna Víctoria Herrera Carrera.
La jefa de la secretaría de acceso de la PDH, Violeta Mazariegos, manifestó que presentaran un recurso de reposición al Concejo para que de oficio se revoque el acta 40-2016 porque vulnera el acceso a la información a través del cobro.
“El procurador de Derechos Humanos presentará un recurso de reposición por si el concejo no quiera revocar de oficio dicha medida”, subrayó Mazariegos.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece la gratuidad, también se puede cobrar pero el valor no puede exceder al precio de mercado, el Instituto Nacional de Estadística dice que pueden ser Q.30.
El artículo 45 de la misma ley establece que la reproducción de la información puede ser por escrita o por cualquier otro medio que las personas lo soliciten, entre ellos el formato digital.
Sin entregar información
La PDH ha denunciado a alcaldes por no haber entregado información pública.
- El 10 de mayo del 2016, la PDH declaró la violación del derecho humano de Acceso a la Información Pública y responsabilizó al jefe edil de Aguacatán, Huehuetenango, Selvin Villatoro, y a la corporación municipal, así como a empleados municipales.
- El 19 de enero del 2016 fue sancionado de la misma manera el alcalde de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, Celso Gumercindo García, y su concejo, por no haber entregado información.
- El 13 de noviembre del 2015 también se sancionó al exjefe edil de Santa Catarina Palopó, Sololá Mariano López Nimacachi y su corporación.
- En el 2013 fue sancionada la encargada de la Unidad de Acceso a la Información de la Municipalidad de Mixco por no haber entregado información.
- El 2 de enero del 2016 se declaró la violación al derecho de acceso a la información pública por parte de funcionarios y empleados de la Portuaria Santo Tomás de Castilla por haberse negado a entregar datos.
