La normativa fue discutida durante tres sesiones, en las que los congresistas manifestaron su apoyo u oposición a lo que en ella se reglamentaba. Finalmente, se aprobó en una votación con 118 diputados presentes; 40 se reportaron ausentes o pidieron licencia.

En el nuevo decreto, que obtuvo la nomenclatura 7-2015, se prohíbe al acreedor o agente de cobranzas molestar, oprimir o abusar a una persona de manera insistente y repetitiva, para exigirle el pago de una deuda que haya adquirido por el uso de la tarjeta de crédito.

En esa prohibición se establece que el cobro no podrá hacerse por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro medio análogo en días y horarios inhábiles.

Tampoco se podrá tener más de tres comunicaciones al día para realizar el cobro, ni utilizar acoso a distintas personas que el deudor haya puesto como referencias para propiciar el pago de la deuda del usuario de tarjeta de crédito.

De igual manera, no podrán colocarse avisos en postes y viviendas cercanas a la residencia o trabajo del usuario para causar vergüenza al deudor.

Largo camino

Durante dos años, la iniciativa de ley estuvo esperando ser aprobada, y la semana pasada generó una disputa, debido a que al pleno se presentaron dos propuestas, una dictaminada por la Comisión de Economía y otra por la de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta última retiró de la propuesta el tope para las tasas de interés.

Aunque había acuerdos antes de que ayer diera inicio la sesión, se decía que existieron presiones para que no se concluyera la aprobación, y si se hacía, se modificara lo relativo a la tasa de interés, y en lugar de dejar el techo en el doble de la tasa activa ponderada que registra el Banco de Guatemala (Banguat), se hiciera sobre la de consumo.

A septiembre, la primera estaba sobre el 13.13%, lo que significa que si se contratara una tarjeta de crédito, la tasa máxima será de 26.26%. La de consumo está en un promedio de 21.75%, lo que significa que el tope hubiera sido de 43.5%.

Sin embargo, los diputados que apoyaron la normativa se negaron a realizar el cambio, que hubiera requerido un fondo de revisión. Ello generó que la sesión se iniciara con una hora de retraso.

Control al límite de gasto

Complacencia y rechazo

Mientras  varios diputados se mostraron satisfechos con la normativa, otros, como Álvaro González, de Compromiso, Renovación y Orden, consideraron que esta creará un efecto negativo en el mercado del dinero plástico.

Por aparte, Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que con la normativa se protege a la población de los acosos y cobros excesivos.

La propuesta no es retroactiva, por lo que los contratos que se firmaron antes de la aprobación de la Ley continuarán sin cambios y al finalizar deberán adaptarse a las nuevas disposiciones.

Luego de su aprobación en el Congreso, la iniciativa aún debe  ser sancionada o vetada por el presidente Alejandro Maldonado; si logra el aval del Ejecutivo entrará en vigencia tres meses después de ser publicada en el Diario de Centro América.

Se retrasa reforma

Al final de la sesión, el diputado Pablo Duarte exigió que esta se continuara  para aprobar las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado; al clamor se sumaron diputados de la UNE y de Encuentro por Guatemala, pero, a pesar de la insistencia se rompió el quórum.

Las reformas a esta normativa se encuentran en un impasse, pues fueron aprobadas de urgencia nacional, pero falta que se retome el proceso de discusión por artículos y redacción final.