Son tres artículos, publicados en el Diario de Centro América, en el primero se menciona que las personas individuales o representante legal de la persona jurídica que maneje fondos públicos y no asista sin causa justificada a las situaciones del Congreso será sancionada con dos o tres años de prisión.
El segundo artículo tiene la misma advertencia y castigo, pero en este se apercibe a los funcionarios y empleados públicos, que de igual forma manejen, reciban o custodien fondos públicos.
El tercer y último artículo hace mención que el decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de dos terceras partes del total de diputados, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia a los ocho días de su publicación —28 de abril— en el diario oficial.
Se publica en el diario oficial el decreto que castiga a funcionarios que no acuda a citaciones del Congreso. pic.twitter.com/W9BkJTHrFK
— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) April 20, 2016
Pugna de poderes
Dicho decreto había sido aprobado el 4 de marzo último, pero el pasado 9 de marzo en una publicación del Diario de Centro América el presidente Jimmy Morales, vetó dicha normativa.
El argumento del mandatario es que las sanciones son contrarias a lo que establece la Constitución, ya que la ausencia de los funcionarios a las citaciones del Organismo Legislativo no está tipificadas como delito o falta.
Morales pidió al Congreso que ratificara la acción, y afirmó que necesitaba que los ministros se ocupen de los problemas que tiene el país, y ese tipo de castigos entorpecerían su trabajo.
Sin embargo el pasado 5 de abril, en una sesión plenaria,los diputados rechazaron el veto presidencial y más de las dos terceras partes del total del pleno aprobó el Acuerdo 16-2016 que ratificó las sanciones.
Los parlamentarios afirmaron que el mandatario protegía a sus ministros para que estos no se presentaran al Congreso a rendir cuentas, y que con esto “se sentaría un precedente que favorecería a la fiscalización”.
El pulso no quedó ahí y el pasado 14 de abril el Ejecutivo presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el acuerdo del Congreso que rechaza el veto presidencial al decreto 13-2016.
“Hoy me confirmaron que el amparo fue presentado ante la CC”, indicó ese jueves por la noche el vocero presidencial Heinz Hiemann, quien afirmó que el mismo fue presentado por la Secretaría General de la Presidencia, con el objeto de anular la medida legislativa.
