Esto permitirá que los involucrados instalen una junta negociadora entre el patrono, —el Congreso— y el sindicato —en representación de los trabajadores—, para convenir los nuevos beneficios.
Tumax afirmó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que se hace porque “se está mostrando voluntad ante la opinión pública”.
Castillo, quien además es integrante de la Comisión que analiza el pacto, explicó que este es el primer paso que abre la puerta para legalizar la renegociación de los beneficios adquiridos años atrás por los trabajadores.
Aunque hay dudas sobre perder derechos adquiridos, Castillo afirmó que todo estará en discusión en la mesa y que hay precedentes legales.
Los diputados y trabajadores tendrán un mes para crear el nuevo pacto colectivo, en tanto los derechos de los empleados continuarán sin ninguna modificación.
Sindicalistas y diputados anuncian una nueva negociación del pacto colectivo. pic.twitter.com/u7V39lOeX1
— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) febrero 16, 2016
No se descartó que se pueda hacer una modificación al aumento de salario anual del 10 por ciento con el que cuentan los empleados del Congreso, pero ambos sectores se mostraron reacios a dar detalles sobre los planteamientos que harán en la mesa.
Mientras los congresistas y sindicalistas anunciaban la renegociación varios trabajadores se acercaban a escuchar, murmullos y miradas de sorpresa se reflejaban en sus rostros.
La decisión se da un mes después de que el Congreso publicara la nómina de trabajadores presupuestados donde hay sueldos superiores a los Q30 mil devengados por secretarias y conserjes.
La publicación provocó indignación general entre la población debido a lo dispar que son los sueldos comparados con trabajadores de otras entidades del Estado y la iniciativa privada.
PGN acciona
El pasado 2 de febrero la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra quienes resulten responsables de negociar el pacto que ha permitido que conserjes y secretarios posean sueldos mayores a los de funcionarios de alto nivel.
La denuncia tiene sustento en artículos de la Constitución, Ley del Organismo Legislativo, Ley del Organismo Ejecutivo y la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, explicó el abogado de la PGN, Abraham Vela.
La denuncia abrirá la puerta para renegociar el pacto colectivo del @CongresoGuate pic.twitter.com/BJtNiMm0uL
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) February 16, 2016
Señaló que, según la Procuraduría, los funcionarios y exfuncionarios del Congreso debieron sustentar técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos a los que se comprometieron y tomar en consideración las posibilidades financieras del Estado.
“Asimismo se presume que en ningún momento se observó el artículo 240 de la Constitución que estipula que toda ley, en este caso, el pacto colectivo suscrito y homologado, que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar la fuente de financiamiento de dónde se tomarán los fondos destinados para cubrirlos”, informó.
Vela resaltó que la PGN no actúa contra la negociación colectiva, ni contra los sindicalistas, sino denuncia a los funcionarios y exfuncionarios que suscribieron el convenio.
Uno de los que firmó el pacto fue el excongresista Jorge Méndez Herbruger cuando era presidente del Legislativo.
La PGN también envió al Congreso un informe en relación con el acuerdo laboral, que señala que el pacto viola el principio de igualdad entre los trabajadores del Estado y los mismos trabajadores del Legislativo.
El documento explica que, “como se aprecia en la nómina de salarios de los trabajadores del Congreso, algunos están por encima del resto de los trabajadores del Estado, ocupando puestos de la misma categoría”.
