El exfuncionario señaló que a un embajador se le debe delegar la autoridad para firmar un contrato antes de hacerlo, y este no fue el caso.

Según el trámite, explicó Carrera, si un embajador quiere firmar un contrato debe mandar toda una serie de atestados del mismo, en donde solicita que se le delegue la autoridad para hacerlo. Ante esto, la Cancillería debe pedir dictamen y consultas de asuntos jurídicos y administración financiera para corroborar la validez jurídica del contrato y si hay fondos para pagarlo.

Si las respuestas son positivas, el ministro  delega la autoridad en el embajador. “De no ser así, el procedimiento, ipso jure, sería totalmente ilegal”, explicó Carrera.

Socava objetivos

Carrera opina que Mérida trazó una serie de objetivos para dicho lobby que comprometen la política exterior de Guatemala, y que lo mismo sucedió con el contrato suscrito por los diputados Fernando Linares Beltranena, Óscar Quintanilla, Julio Lainfiesta y Jaime Regalado.

“Es claro que el objetivo de ahí es socavar la lucha contra la impunidad y contra la corrupción en Guatemala. Aquí casi que socava objetivos de política pública, tanto en política exterior como en política de justicia y seguridad del país”, agregó.

Innecesario

El contexto en que se firmó el contrato no es de una mala relación entre Guatemala y Estados Unidos, sino se da en medio de uno en el cual el gobierno estadounidense y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) operan o coadyuvan en acciones contra la corrupción, lo cual afecta a distintos actores locales, afirmó el excanciller Édgar Gutiérrez.

“Para mí, los temas del cabildeo tienen que ver más bien con mitigación de daños o negociar los alcances de las acciones penales y punitivas de la Cicig y el Ministerio Público”, comentó.

De acuerdo con Gutiérrez, si bien se han dado varias “relaciones ríspidas”, como en temas de drogas o derechos humanos, incluso de imagen de gobierno, pareciera ser que esta es una acción más “corporativa”, porque incluye a alguien que tenía funciones públicas, a diputados y agentes privados que, según Linares Beltranena, financiaron el contrato que firmó junto a otros tres parlamentarios.

“El excomisionado Mérida sí firmó en nombre del Gobierno de la República este contrato, y ahora nadie lo está reconociendo. Eso puede implicar a futuro un litigio, si  la empresa  que pudiera cobrar  hizo algún trabajo”, advirtió.

¿Quién financia los convenios?

La declaración del diputado Fernando Linares Beltranena, acerca de que “donantes privados” aportaron fondos para pagar a la firma de  Barnes & Thornburg,  Q7.2 millones para hacer cabildeo en Estados Unidos, destapó las preguntas sobre la identidad de tales financistas y la legalidad de sus aportes.  

Según se conoció, el contrato firmado por  Marvin Mérida habría quedado sin efecto, debido a que, a ocho días de haberlo firmado, fue destituido, por lo que buscaron  a otras personas y los diputados fueron convencidos por   Linares.

El  ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que el único contrato de servicios profesionales que el Estado tiene vigente es con el bufete que representa en el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con la firma Teco Energy.

Estrada indicó que se evaluará contactar a la compañía para hacerle ver que no existía ninguna representación del Estado en el contrato que Mérida firmó, y que es la empresa la que debería estar preocupada.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Anamaría Diéguez, comentó que el canciller, Carlos Raúl Morales, analizará si se denuncia  a Mérida.

Morales afirmó que en EE. UU. ese contrato es legal, pero en Guatemala  sería tráfico de influencias. También manifestó su rechazo a ese tipo de contratos y que no son necesarios cuando se cuenta con personal capacitado.