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Los datos que detalla la propuesta explican que los penales de Guatemala se encuentran de un 366% a 436% sobre sus capacidades, por lo que consideran oportuno que se otorguen medidas temporales mientras la nación supera la pandemia.
El documento ingresó a Dirección Legislativa a mediados de julio, pero apenas la semana pasada el Pleno envió la propuesta a la Comisión de Reformas al Sector Justicia que espera celebrar una primera reunión, para evaluar la iniciativa, el próximo miércoles.
Según el portal electrónico del Congreso esta mesa de trabajo está integrada por cinco diputados del bloque Todos, y uno de las bancadas Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), Bienestar Nacional (Bien), Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla.
Entre los diputados de la primera bancada se encuentra Felipe Alejos, que fue denunciado por el Ministerio Público (MP) dentro del Caso Traficantes de Influencias; José Armando Ubico, condenado en 2003 en los Estados Unidos por narcotráfico e incluido en la lista de funcionario corruptos del Departamento de Estado.
También figura Boris España, que fue denunciado por el Caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo por los delitos de lavado de dinero, violación a la Constitución, asociación ilícita junto a cohecho pasivo y activo. El antejuicio fue rechazado por la CSJ pero está pendiente un amparo que busca reactivar los señalamientos.
El diputado Fidel Reyes Lee, del bloque Bien, ha enfrentado denuncias por falsedad material, usurpación de funciones y falsificación de documentos, según explica el portal electrónico Congreso Visible, que hace un recuento de señalamientos legales contra legisladores.
Uno de los casos penales más recientes es Comisiones Paralelas 2020, según las indagaciones los diputados Carlos López, de la UNE y Sofía Hernández, de UCN, se reunieron con el privado de libertad Gustavo Alejos, cuando se encontraba hospitalizado y se trabajaba en la nómina de candidatos a la CSJ, ellos también forman parte de la mesa de trabajo.
¿A quién van a liberar?
La iniciativa insta a que jueces otorguen medidas sustitutivas de arresto domiciliar por seis meses, y que sean prorrogables hasta que se contenga la pandemia del Covid – 19. Se excluyen personas procesadas por delitos contra la vida, crímenes sexuales, pornografía, extorsiones y genocidio.
Pero la integración de la comisión preocupa al abogado penalista Carlos Besares, quien estima que en el camino podría manipularse el sentido natural de la iniciativa para liberar a personajes políticos procesados por corrupción.
“A mí me parece muy preocupante que una comisión compuesta de esta manera este hablando de sustitución de la prisión preventiva por una pandemia, y es porque al fin y al cabo estarían logrando los objetivos que se trazaron desde el inicio de esta problemática que es liberar a compañeros, amigos y familiares que están involucrados en casos penales”, refirió.
Una sospecha similar tiene Mariana Rohrmoser, integrante del Frente Ciudadano Contra la Corrupción (Fccc), quien considera que aunque la iniciativa tenga una propuesta humanitaria, si no se establecen mecanismos de selección, se podría favorecer exclusivamente a privados de libertad con poder y peso político.
“Cuando estamos hablando de un Mariscal Zavala donde cada quien tiene su cuarto privado y hasta con televisión, por favor, hay que hacer una distinción y a eso apelaría a los jueces para que tengan el criterio absoluto de que reos o privados de libertad pueden optar a esto, según las condiciones de sanidad que tengan dentro de su centro de detención, la ley esto no lo específica, hay reos que hasta duermen mejor que personas en situación de calle”, indicó.
Abuso de prisión preventiva
También hay otros criterios que respaldan la iniciativa por considerar que acata acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado en materia de Derechos Humanos, uno de ellos evitar una prolongada prisión cuando no existe sentencia condenatoria firme.
El penalista Arturo Miranda considera hasta necesario que toda vez se tenga un dictamen para esta iniciativa, los diputados, decidan impulsar su aprobación hasta de urgencia nacional.
“Podemos establecer que en Guatemala si existe un abuso del uso de la prisión preventiva porque en muchos casos se hace la regla general y no la excepción, en este sentido tuvo que esperarse a que hubiera una crisis como el Covid – 19 para que Guatemala tratara de enmendar la plana, es muy atinado pero todavía creo que tendría que haberse impulsado mucho antes”, comentó.
Para el Constituyente Alfredo García Siekavizza la propuesta de ley cumple con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y podría ser oportuna para impulsar la Ley de Control Telemático, que aunque está aprobada, no ha entrado en vigencia.
“Podrían aprovechar con vincular esta iniciativa de ley, para discutirla en este periodo de sesiones ordinarias, y unirla con la ley de brazaletes electrónicos que esta parada y que no se aplica, exigir que se use y hacer presión sobre el sistema de justicia”, argumentó.
Garantiza Objetividad
La Comisión de Reformas al Sector Justicia se encuentra presidida por el diputado Otto Callejas, del bloque Todos, quien espera que como mesa de trabajo, la próxima semana, se puedan reunir con representantes del MP, Defensoría Pública Penal y CSJ.
“Nosotros ya el día miércoles vamos a empezar a tener reuniones públicas para poderlas socializar con las instituciones que están involucradas en el sector justicia, para ver qué cambios se pueden hacer o si hay que eliminar algunas cositas, en eso estamos por ahora”, dijo además que sus reuniones serán públicas y analizan la posibilidad que sean transmitidas por el canal del Congreso o bien por las redes sociales del bloque Todos.
Ante las dudas que algunos sectores tienen por la integración de la comisión, Callejas fue claro al asegurar que van a trabajar con objetividad, respetando todos los puntos de vista y llegando a consensos.
“Una persona pues definitivamente tiene voz y voto pero no tiene el poder para manejar a toda la comisión, entonces nosotros lo que hacemos es trabajar en consensos”, puntualizó.
Callejas añadió que esperan tener un dictamen, tal vez, en tres semanas; Siekavizza y Miranda consideran oportuno que pueda tenerse ya una decisión en ese tiempo, mientras que Rohrmoser y Besares estiman que la discusión no debe de ser apresurada y que debería llevar más tiempo.
