Esta forma de operar basada en recibir aportes que se mantenían en secreto era la práctica normal de promocionarse de todos los partidos políticos guatemaltecos; debido a ello, incluso organizaciones partidarias pequeñas y consideradas diferentes, como Encuentro por Guatemala, de la muy respetada diputada Nineth Montenegro, fueron investigadas y procesadas por ocultar aportes financieros durante la campaña electoral 2015, con lo cual se demostraba que desde el inicio, el sistema político guatemalteco había nacido con fallas originales muy serias.

Deuda política

Para explicar esta deficiencia, hay que decir que la forma en la que la política se relaciona con el dinero es uno de los aspectos más relevantes de cualquier sociedad, y en el caso guatemalteco el problema es que el sistema nació con un doble pecado: sin controles adecuados al financiamiento a las actividades políticas, y sin ningún aporte del Estado al funcionamiento de las organizaciones partidarias, excepto un porcentaje pequeño otorgado al finalizar la campaña electoral, lo cual fue claramente insuficiente. Acción Ciudadana calculó en un informe del 2011 que la deuda electoral que el Tribunal Supremo Electoral pagaba a los partidos cubría menos del 5% del gasto total de las campañas electorales.

Debido a esta ausencia de controles, el financiamiento electoral no reportado fue el responsable de muchos de los problemas que hemos padecido desde 1985 a la fecha. Por medio de dicho mecanismo, se perpetuó la ineficiencia institucional, el despilfarro y la mala calidad de los servicios públicos, debido a varios factores: en primer lugar, el dinero que ingresaba a las campañas electorales determinó deudas políticas que posteriormente se pagaron en obras realizadas con materiales de mala calidad, mal diseñadas o con sobreprecios en las compras y contrataciones realizadas, tal como ocurrió en el caso del libramiento de Chimaltenango. Calificada por el entonces presidente Jimmy Morales como la obra de ingeniería más importante de Centroamérica, la mega construcción ha sufrido desde su inauguración de numerosos derrumbes e inundaciones que han demostrado no solo su pésimo diseño y ejecución, sino también la sobrevaloración de toda la obra.

La historia del libramiento de Chimaltenango empieza en el 2014, cuando el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, adjudicó la obra a Constructora Nacional S. A. (Conasa), propiedad de Álvaro Mayorga, quien fuera mencionado en el caso Construcción y Corrupción, donde se intenta demostrar que la constructora había entregado Q64 millones en sobornos a Rodrigo Arenas, del Movimiento Cívico Nacional, quien sirvió para financiar la campaña del “No te toca” en contra de Manuel Baldizón, una estrategia clave que favoreció el triunfo de Jimmy Morales en el 2015.

Las deudas electorales también han incidido en el nombramiento de funcionarios que no se caracterizan por su capacidad e idoneidad, sino simplemente por la lealtad o el apoyo brindado al partido que llega al poder. Un ejemplo de este tipo de corrupción ligada al apoyo de campaña es el caso de Jorge García Silva, diputado de Prosperidad Ciudadana y secretario de la junta directiva del Congreso, a quien el actual gobierno del presidente Giammattei le entregó el control del Instituto de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh), espacio institucional que ha sido aprovechado para contratar familiares, así como para la adjudicación de contratos a empresas vinculadas con el diputado. Así, García Silva fue beneficiado con la contratación de Outsourcing Total S. A., una empresa familiar, por un monto de Q22 millones para la compra de Estaciones Meteorológicas y Sismológicas, pero el detalle es que la persona que lo asesora en el Congreso, Sabrina María Véliz Castañeda, funge igualmente como asesora jurídica del Insivumeh.

La buena noticia es que el trabajo de la Cicig contribuyó a mejorar los controles y las regulaciones legales relacionadas con el financiamiento electoral, lo cual determinó que del período 2015 en adelante se empezaran a conocer las diversas investigaciones que fueron presentadas por la Cicig y el MP. Fue en el marco de dichas investigaciones que el comisionado Velásquez pronunció la memorable frase con la que iniciamos este breve análisis. Y no era para menos: los investigadores de la Cicig estimaban que alrededor del 75% de los fondos que ingresaban a las campañas provenían del crimen organizado o de contratistas que posteriormente cobraban lo invertido mediante la entrega de obras deficientes, tal como ocurrió en el tristemente caso Odebrecht.

Financiamiento débil

La ausencia de un financiamiento público otorgado a las organizaciones políticas es también una notable deficiencia. En el mundo, 116 países otorgan financiamiento público directo para los partidos políticos, aspecto que en Guatemala ni siquiera ha sido objeto de discusión, muy probablemente porque sería una demanda poco respaldada por la ciudadanía, debido a la mala imagen de la que goza la actividad política.

Lamentablemente, la combinación de tener organizaciones partidarias que no contaban con fondos independientes provenientes del Estado, más la débil regulación con la que nació el sistema, determinó la receta perfecta para que se produjera la paulatina captura de la institucionalidad pública. La mayor parte de los presidentes, alcaldes y diputados que desde 1985 a la fecha fueron electos bajo este deficiente esquema electoral probablemente llegaron con tantas deudas políticas, que buena parte de su gestión se orientó al pago de favores y deudas electorales.

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Luis Fernando Mack es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política, de la Universidad de San Carlos de Guatemala