Solamente los ministerios de Energía y Minas, Trabajo, Defensa y Educación cumplen con el nivel de ejecución esperada.
En consideración del Abelardo Medina, economista encargado del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la baja ejecución denota incapacidad de las carteras de realizar compras, no obstante, señala que el problema real es que los recursos que son ejecutados no se traducen a resultados tangibles en infraestructura y programas de beneficio social.
“Está bien que se gasten los recursos, pero que se vean reflejados los resultados sino ¿en qué se están gastando el dinero?”, dijo y añadió, “No es posible que tres años después de entrada en vigencia de las reformas a la ley de Compras y Contrataciones, sigan diciendo que es la ley, ya deberían haber aprendido a usarla”.
En este sentido, Irene Flores, consultora del Área Administrativa del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comentó que la no aprobación del presupuesto 2018 obligó a las carteras a trabajar con el que estaba vigente en 2017 y fue necesario realizar un reacomodo a lo interno de cada ministerio antes de proceder a realizar licitaciones y cotizaciones.
“Además, existe temor entre los funcionarios de públicos de firmar y autorizar compras y contrataciones debido a los casos destapados en la lucha contra la corrupción. Ahora son mucho más cuidadosos para no terminar involucrados en el uso anómalo de recursos”, aseveró.
Asimismo, resaltó la ineficiencia en los procesos internos del gobierno y sus procesos engorrosos para ejecutar recursos. “El Estado es bueno para pagar planillas y compras directas, que son tramites simples, pero, es malo para adquirir insumos”, dijo.
En este sentido, en los últimos 15 años la ejecución presupuestaria a nivel general ha cerrado en un 90%, recordó Flores.
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