El primero de ellos es un posible gasto millonario que estaría fuera del presupuesto electoral por una posible reimpresión de papeletas, en caso de que alguna de las candidaturas judicializadas cambie antes de las elecciones.
El segundo es un posible detonante de conflictividad que se encuentra latente por la reciente exclusión de candidatos, lo que podría desencadenar actos violentos en distintos puntos de la República.
La impresión de papeletas está al límite de tiempo, justo a los plazos que necesitan las imprentas para cumplir con las cantidades requeridas, ha reconocido el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que espera recibirlas en dos semanas para poder organizar la logística de traslado de todos los insumos a los centros de votación.
El caso más reciente de candidaturas con problemas legales rodea al partido político Prosperidad Ciudadana, que impulsaba al binomio presidencial de Carlos Pineda y Efraín Orozco, pero existen otros casos pendientes en las Cortes que podrían alterar el diseño final de las papeletas.
Por ejemplo, el binomio de Roberto Arzú y David Pineda, están pendientes de conocer una última resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en una batalla legal que comenzó desde la fase de inscripción de candidatos.
También hay diputados que luchan por su inscripción y obtener el derecho a competir por su reelección en el Congreso. En cualquiera de los casos, una resolución favorable a los políticos podría obligar al TSE a alterar el diseño de las papeletas que ya se enviaron a imprimir.
Otros políticos buscan recuperar un cargo público luego de estar fuera de la administración del Estado, pero por no ser idóneos, por tener denuncias pendientes de resolver o no contar con su constancia transitoria de reclamación de cargos, o finiquito. Entre estos aspirantes a cargos de elección popular destacan:
- Manuel Baldizón, aspirante al Congreso por Cambio, no idóneo por condena por lavado de dinero.
- Alfonso Portillo, aspirante al Congreso por Viva, no idóneo por condena por la conspiración para lavado de dinero.
- Aldo Dávila, aspirante al Congreso por Vos, no idóneo por denuncias pendientes.
- José Ubico, aspirante al Congreso por Nosotros, no idóneo por señalamientos de narcotráfico.
- Luis Hernández Azmitia, aspirante al Congreso por FCN Nación, no idóneo por denuncias pendientes.
- Jaime Martínez Lohaiza, aspirante a alcalde de Jutiapa por Valor, no idóneo por condena de tráfico de influencias.
- Edwin Escobar, aspirante a alcalde de Villa Nueva por Unionista, no inscrito por falta de finiquito.
Riesgo económico
La MOE-GT, considera que el TSE no ha sido capaz de cumplir con el calendario de fechas previsto para el proceso de impresión de papeletas, que tendría que haber comenzado, según la propia programación electoral, el pasado 8 de mayo.
Pero las decenas de candidaturas que están con problemas legales podrían significar un problema a futuro, ya que no existe, a un mes de las votaciones, certeza sobre todas las candidaturas, reconoce la MOE-GT.
“A tan solo 33 días de las elecciones es indispensable que se conozca con certeza qué candidatos podrán participar en el proceso electoral, para que se pueda continuar avanzando con la logística de las elecciones”, señaló la misión.
Las constantes nulidades, acciones de amparo y apelaciones, son recursos que desde la MOE-GT son vistos como instrumentos para “alterar la competencia electoral”, lo que vendría a exponer las deficiencias y debilidades del sistema político electoral “que ponen en riesgo la democracia guatemalteca”.
Pero estos procesos no resueltos en definitiva pueden suponer un gasto considerable, ya que según la presidenta del TSE, Irma Palencia, para los procesos de impresión de papeletas estiman invertir aproximadamente Q25 millones.
Si alguna candidatura es incluida a último minuto se tendría que reimprimir algún grupo de boletas electorales, y “enviar las papeletas a impresión con una decena de resoluciones pendientes es un riesgo, tanto por el costo económico que podría conllevar una reimpresión, como por el poco tiempo que queda para las elecciones generales”, reconoció Palencia.
El mensaje que envió la MOE-GT a las cortes nacionales es que se pueda agilizar todos los procesos en materia electoral pendientes, lo que daría certeza al evento electoral que se aproxima.
Posible conflictividad
Mirador Electoral, estima que junto a las dificultades económicas que podría existir por las decenas de acciones legales pendientes, otro factor a considerar es la posible conflictividad que podría desatarse por la exclusión de candidatos a “último minuto”.
“Es inédito el momento histórico que estamos viviendo debido a que no se habían visto tantas anomalías, tanta judicialización en un proceso electoral”, señaló Edie Cux, representante de Mirador Electoral y director de Acción Ciudadana.
Cux señaló que el pasado fin de semana se vio un movimiento considerable de simpatizantes de un partido político que quedó fuera de la contienda electoral, lo que podría dar origen, en el peor escenario, a conflictos sociales.
“Podría ir en aumento la conflictividad por la resolución contra el partido Prosperidad Ciudadana, es algo que hay que estar monitoreando porque no se trata de la exclusión de solo el binomio, sino de un centenar de candidatos de todos los territorios”, explicó.
TSE pide calma
Mientras los observadores externan sus preocupaciones, el órgano electoral estima que pueden ser diversos los escenarios que signifiquen un conflicto.
La magistrada electoral, Blanca Alfaro, quien tiene a su cargo la mesa de seguridad, solicitó públicamente a toda la población guatemalteca mantener la calma: “nosotros tenemos que en este momento guardar hacía la ciudadanía el respeto debido, pedirles la calma”.
Alfaro señaló que no es la primera vez que este partido -Prosperidad Ciudadana- se ve envuelto en problemas legales, e incluso recordó como ella misma en el 2019 no pudo ser candidata vicepresidencial, por lo que resalto que es necesario conocer esos antecedentes y mantener la cordura.
“El llamado a todos los ciudadanos es que analicemos un poquito de historia, de dónde deviene la problemática del partido Prosperidad Ciudadana, no es ninguna incidencia contra el candidato Carlos Pineda, ni los mil 200 candidatos que están participando”, puntualizó.
