Además, debido a irregularidades en las finanzas del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el Ministerio Público solicitó el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, cuyo fuero fue protegido por el Congreso.
Ahora, la comisión extraordinaria tiene en sus manos la discusión, y si se llegara a modificar el Código Penal y a separar la figura de secretario general de las responsabilidades financieras, se beneficiará a Blanco, Villate y Morales, en caso de que se aplicase la retroactividad de la ley.
Por ahora, en la reunión efectuada ayer solo se logró aprobar un cronograma de trabajo para discutir los cambios al segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal, que posteriormente serán entregados al pleno.
También se decidió que durante el proceso de discusión se invitará a varios sectores, entre ellos el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados y organizaciones que lo soliciten a través de la página electrónica del Congreso.
Opiniones encontradas
Manuel Conde, del bloque del Partido de Avanzada Nacional, considera que en las reformas efectuadas el año pasado en el denominado Pacto de Corruptos “se trató de hacer” con “una actitud política correcta” y “posiblemente haber ido a la urgencia nacional fue el error”.
El congresista afirmó que la Corte dice en sus considerandos que “todos los elementos esgrimidos para hacer este tipo de reformas, que pasa por la falta de proporcionalidad, claridad y por la falta de una definición de lo que es punible y lo que es administrativo”.
“La CC nos exhorta, pero yo los invitó a no perder la claridad, nosotros tenemos la función legislativa y la podemos ejercer en lo que consideramos conveniente para que la tipificación y el tratamiento de este tipo de supuestos sean atendidos, en el ramo penal como en lo administrativo. No nos debemos restringir en nuestra función legislativa”, expuso Conde.
El diputado Amílcar Pop, de Winaq, apoyó la idea y aseveró que se debe “hacer una distinción entre la responsabilidad penal y la administrativa”.
“Hay que distinguir la conducta penal de la conducta administrativa. Para lograrlo y llegar a esa conclusión debemos escuchar a algunos sectores. Debemos circunscribirnos al análisis técnico y las organizaciones que deseen hacer un planteamiento que lo hagan”, dijo Pop.
El legislador también instó a no generar una gran expectación sobre el trabajo que efectuará la Comisión, pues afirmó que reformar el artículo mencionado “no resolverá los problemas del sistema electoral ni los de corrupción”.
La Corte en su fallo ordena al Congreso que discuta la reforma al Código Penal con sectores de la sociedad, disposición que el diputado Estuardo Galdámez, de FCN-Nación, cuestionó.
“Nos insta a abocarnos a sectores que no menciona ni enumera; se hará un desorden. Además, no existe un artículo dentro de nuestro ordenamiento jurídico que faculte a la CC para que nos exhorte a delegar nuestras facultades como diputados”, criticó Galdámez.
El congresista Rodolfo Castañón, presidente de la Comisión, afirmó: “Hay que aceptar las opiniones, pero la mayoría es la que decide al final”.
“Si la Comisión cree conveniente ampliar más, lo haremos”, aseguró Castañón.
Para Óscar Argueta, de la UNE, se deben circunscribir al mandato de la CC, y si se requieren otros cambios, se deberían plantear en una iniciativa distinta, presentada fuera de la Comisión.
Opiniones
Carlos Mencos, contralor general de la Nación
Indicó que hay que hacer un análisis profundo sobre el caso, pero considera que ayudaría que existiera un cuerpo colegiado que tenga un esquema administrativo, que conozca de procesos y registre las finanzas del partido. “Por lo que dicen, pareciera correcto que exista un órgano de control”, aseveró.
Óscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales
Aseveró que están en la mejor disposición de apoyar en el proceso. “Las reformas deberían ser enfocadas y lo hemos manifestado en el tema de transparencia y de facilitarle al TSE esa función de fiscalización que tiene encomendada por la Ley Electoral. Cualquier reforma debería in enfocada en transparentar”, expuso.
Luis Fernando Ruiz, presidente del Colegio de Abogados
Comentó que el Colegio de Abogados tiene una Comisión de Asuntos Electorales, la cual fue comisionada para ir al Legislativo y obtener los insumos necesarios. “Si el Congreso o cualquier institución del Estado nos pide apoyo, tienen que dar por seguro que los vamos a asistir. Tenemos disposición y un grupo de profesionales”, aseguró.
