El Ministerio de Gobernación propuso este jueves 27 de agosto al Congreso reformar el Código Procesal Penal para restringir las medidas sustitutivas a capturados por delitos relacionados con la portación ilegal de armas y ampliar el uso del control telemático, con el que también busca reducir el hacinamiento en las cárceles.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó ante la Comisión de Gobernación del Congreso las dos propuestas de reforma al Código Procesal Penal.

 La primera busca impedir que las personas capturadas por delitos relacionados con la portación ilegal de armas de fuego reciban medidas sustitutivas. Según explicó, la redacción actual permite que una persona detenida con un arma ilegal obtenga una medida sustitutiva e incluso vuelva a acceder a este beneficio si es capturada de nuevo antes de recibir una condena por el primer caso.

Villeda justificó la propuesta por la cantidad de armas que circulan fuera del control estatal y su relación con los homicidios. Señaló que se estima que entre 1.5 y 1.6 millones de armas circulan en Guatemala -entre legales e ilegales- y sostuvo que alrededor del 80% de los homicidios registrados en el país se cometen con armas de fuego.

Agregó que durante el 2025 fueron decomisadas aproximadamente 3 mil 835 armas y que durante el primer trimestre del 2026 las incautaciones de armas ilegales aumentaron 32%.

La propuesta plantea restringir las medidas sustitutivas para diferentes delitos vinculados con armas, aunque Villeda dejó en manos de los diputados definir hasta dónde llegará la prohibición. Entre los delitos mencionó la portación ilegal de armas de uso civil o deportivo, armas de uso exclusivo del Ejército o de las fuerzas de seguridad, así como explosivos y otro armamento restringido.

El ministro aseguró que, en algunos casos, personas beneficiadas con medidas sustitutivas han sido capturadas de nuevo y que los peritajes han vinculado las armas que portaban con homicidios.

La segunda reforma busca incorporar el control telemático como una octava medida sustitutiva en el Código Procesal Penal. Villeda explicó que el dispositivo funciona como un mecanismo para supervisar el cumplimiento de otras medidas, como el arresto domiciliario, pero no está establecido expresamente como medida sustitutiva. Gobernación considera que incluirlo directamente podría aumentar su utilización y reducir el número de personas en prisión preventiva.

La propuesta se plantea, además, frente al hacinamiento del Sistema Penitenciario. Según los datos expuestos por el ministro, los 25 centros de detención tienen capacidad para 6 mil 908 personas, pero albergan aproximadamente a 24 mil, lo que situaría el hacinamiento en alrededor del 340%. Entre 10 mil y 11 mil privados de libertad se encuentran en prisión preventiva. Villeda agregó que el sistema cuenta con unos cuatro mil guardias penitenciarios distribuidos en turnos, cantidad que considera insuficiente para mantener el control interno de las cárceles.

Gobernación sostiene que el sistema de control telemático tiene capacidad para aproximadamente 3 mil 400 personas, pero solo unas 400 lo utilizan. Villeda afirmó que el servicio representa un costo elevado para el Estado y está subutilizado. La reforma pretende que los jueces recurran con mayor frecuencia a esta herramienta en casos que no requieran prisión preventiva, mientras se mantiene el monitoreo de las personas sometidas a proceso penal.

El ministro también vinculó la reducción del hacinamiento con la nueva legislación contra el lavado de dinero. Según sus estimaciones, entre dos mil 500 y tres mil personas que ya cumplieron su pena de prisión, pero permanecían encarceladas por no poder pagar las multas establecidas anteriormente, podrían recuperar su libertad. Para Gobernación, esta medida, junto con un mayor uso del control telemático y la construcción de nuevas cárceles, forma parte de las acciones necesarias para reducir la sobrepoblación penitenciaria.

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