De estas, resaltan traspasos de fondos para cubrir emergencias derivadas del Estado de Calamidad y recortes de fondos destinados a salud para cederlos a otros programas con tintes clientelares, como subsidios o diversos proyectos de infraestructura de cara al año electoral.
Según el Ministerio de Finanzas (Minfin), entre las transferencias más reciente se encuentra la de Q857.8 millones que se realizó de los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) para fortalecer el Fondo Emergente.
Esta se deriva del decreto 36-2022 del Congreso de la República, en el cual se dispuso que se restarían Q600 millones al MPSAS que estaban destinados para la compra de más vacunas contra el covid-19 y otros Q400 millones que estaban asignados al Civ para proyectos de infraestructura.
Sin embargo, la propuesta causó el malestar de salubristas y especialistas en salud pública, ya que aún hay rezagos en distintos sectores de la población, principalmente en el grupo de niñez de 6 a 11 años, donde solo dos de cada diez, aproximadamente, cuentan con una primera dosis.
De igual forma, el 24 de junio se le restó al MSPAS Q100 millones, los cuales estaban destinados a prevenir la mortalidad de la niñez y desnutrición crónica y administración institucional. Estos fondos pasaron al Mides para los programas Mejores Familias que se realiza con la Fundación del Azúcar; Comedores Sociales; Bolsa Social y Nutriniños.
En el acuerdo gubernativo que oficializa dicha transferencia las autoridades del MSPAS adujeron que cedían espacio ya que contaban con disponibilidad presupuestaria porque “el monto promedio adjudicado de bienes y servicios fue menor al estimado en el Plan Operativo Anual” y por este motivo estimaban que no afectaría las actividades que ejecuta la cartera.
Asimismo, el pasado 20 de julio se aprobó el traslado de Q722 millones del Fondo Emergente a favor de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, la Dirección General de Caminos, Unidad de Construcción de Edificios del Estado y el Fondo Social de Solidaridad, todas entidades del Civ, derivado de la ratificación del Estado de Calamidad a nivel nacional en la época lluviosa.
Otras transferencias
El pasado 12 de julio el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) solicitó un aumento en su presupuesto de Q142.3 millones para adquirir cinco puentes de emergencia LSBTM tipo militar con los cuales se pretende restablecer el paso vehicular y peatonal el hundimiento que ocurrió en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico.
Este dinero proviene del Fondo Emergente que fue fortalecido con los recursos del MSPAS y el Civ indicados anteriormente.
Los puentes ya fueron adquiridos el 11 de julio por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala por un monto de Q139 millones 250 mil a la empresa Class Equipos y Construcciones de Guatemala Sociedad Anónima.
Los representantes legales de la empresa son los hermanos Gerson Steven y Marco Antonio Recinos Méndez, hijos de Marco Antonio Recinos Sandoval, sindicado en el 2016 en el caso Cooptación del Estado por presunto financiamiento irregular al Partido Patriota.
Se trato de una compra por excepción, por lo que no tuvo que agotar los procedimientos que establecen las licitaciones públicas.
Asimismo, se ha incrementado el presupuesto de entidades como el Ministerio de Energía y Minas para cubrir el subsidio al gas propano que se aprobó en el decreto 15-2021; al Civ, para la construcción y remozamiento de edificios gubernamentales y a Cultura y Deportes, para la contratación de jornales y servicios técnicos, así como el remozamiento de instalaciones culturales, entre otras.
Falta de prioridades
El economista independiente Enrique Maldonado considera que algunas de estas transferencias, como las que recortan el presupuesto al sector salud para la prevención de la desnutrición crónica en la niñez, evidencian una falta de prioridades por parte del Gobierno de Guatemala.
Además, contravienen las observaciones que hace el Comité de los Derechos Humanos sobre la elaboración de los presupuestos públicos. En esta se refiere que los Estados deben “dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de los recursos de que dispongan” y esto significa que no deben adoptar medidas regresivas como restar recursos.
“El Gobierno podría argumentar que la inseguridad alimentaria afecta y entonces se van a dar apoyo por medio de los comedores sociales, pero estos no llegan a donde tienen que llegar porque se instalan en cabeceras y esperan que las comunidades lleguen a almorzar al casco urbano, pero esto no sucede”, explica Maldonado.
Irene Flores, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que toda planificación presupuestaria está sujeta a cambios y, en ese sentido, es razonable que en algún momento se puedan realizar transferencias.
Sin embargo, la justificación de por qué se realizan algunos traspasos de fondos no parecen tener fundamento. Por ejemplo, en el MSPAS una de las razones expuestas por la cartera para ceder al Mides presupuesto del programa de prevención de la desnutrición crónica fue que no había oferentes en algunos eventos, pero esto podía solucionar con diversas estrategias.
“El hecho que no se presenten oferentes tiene que ver con muchas cosas, como el tipo de insumo que se compra y entender cómo el mercado funciona en Guatemala. Pero, argumentar que se realiza la transferencia porque no hay oferentes, deja dudas. El programa de desnutrición crónica es clave y una forma de gestionar (la falta de oferentes) sería cambiar métodos de compra”, dice Flores.
Más transferencias
Esta semana se dio a conocer que el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Energía y Minas, presentó una iniciativa de ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Combustible Diesel por Q5 del cinco de agosto al 30 de septiembre.
La iniciativa se presenta a pocos días que concluya el subsidio de Q7 para diesel y Q5 para las gasolinas súper y regular.
La propuesta contempla una ampliación presupuestaria de Q400 millones, los cuales provendrían de los remanentes que se aprobaron con los decretos 13-2020, Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el covid-19, y el 1-21, Ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra coronavirus.
Al cierre de esta edición, recién había arrancado la sesión plenaria en el Congreso de la República, en la cual se dio lectura a la iniciativa del Ejecutivo. La misma fue enviada a comisión para recibir dictamen.
