CIUDAD E GUATEMALA – El Gobierno guatemalteco formuló un mensaje al Congreso de Estados Unidos para rechazar que las autoridades nacionales hayan hecho declaraciones imprecisas y basadas en información incorrecta sobre Tim Rieser, un miembro del personal de apoyo del Comité de Apropiaciones del legislativo norteamericano, y a quien el gobernante Otto Pérez acusa de haber orquestado restricciones a Guatemala y que estaría detrás de las recientes condiciones de Washington si el país no avanza en el trámite de adopciones a estadounidenses y el resarcimiento a afectados por la hidroeléctrica Chixoy.

La carta de tres páginas sostiene que Rieser ha tenido reacciones desmedidas y no proporcionales, que se plasman en la Ley de Asignaciones y Compensaciones aprobadas por el Congreso estadounidense, y que evidencian su “escaso y desactualizado conocimiento de la realidad guatemalteco” y que “ha mal aconsejado y mal orientado a los honorables senadores y congresistas” de Washington.

La ley en mención manda a los responsables de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo a que informen al Departamento de Tesoro de EE. UU. sobre los esfuerzos de Guatemala en el cumplimiento del plan de resarcimiento de daños a afectados por Chixoy, firmado en 2010. Además, restringe la ayuda militar al país.

Sobre Rieser, Guatemala señala que asesoría “deriva de un análisis de la situación política que cuando menos es desactualizada, y muy probablemente carente de objetividad y balance“. Más adelante menciona que su asesoría es poco objetiva, parcializada y desactualizada.

Aunque no refiere el nombre del asesor, el Gobierno declara que “hay  personas y organizaciones interesadas en asegurar el estangulamiento financiero, no del Ejército sino de Guatemala” al hablar sobre el embargo militar aplicado al país y al obligar a delegados de Washington a votar contra créditos para Guatemala del BID y BCIE.

Luego de señalar que Guatemala es amigo de Estados Unidos y que por tanto se pregunta por qué hay gente que aconseje al Congreso estadounidense a tratar a nuestro país como enemigo, el Ejecutivo agradece el apoyo de Washington en la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho.

En este último punto, la carta cree que Estados Unidos “puede y debe continuar su papel positivo” en la consolidación de la democracia y estado de Derecho, pero a continuación aclara que ese apoyo debe canalizarse por las instituciones democráticas y los gobiernos electos, “en vez de socavar la base financiera de los mismos, siguiendo los malos consejos de organizaciones y profesionales que erosionan nuestros tradicionales lazos de amistad y cooperación”.