Las cartillas fueron adjudicadas a la empresa francesa Icards Solutions S.A. de CV. La otra oferta que se presentó fue de GSI Socieda Anónima, por un monto de Q14.9 millones, y aunque era más bajo el precio, fue rechazada por la junta receptora por no contar con certificaciones requeridas en las bases.
La modalidad de adquisición fue la de proveedor único, que se aplica cuando por el tipo de bien o servicio solo una empresa en el mercado puede proveerlo. Sin embargo, en el mercado internacional existen diversos oferentes de libretas de pasaportes.
El evento también fue cuestionado dado que uno de los requisitos para que las empresas pudieran participar era que el oferente acreditara que el fabricante era una entidad con capital 100 por ciento estatal durante los últimos 20 años y acreditar el mismo tiempo de experiencia en la emisión de libretas de pasaporte.
Esto motivó recibió cinco inconformidades contra las bases y lo actuado por la junta receptora. Entre los reclamos estaban las certificaciones que el IGM exigía y el requerimiento del capital estatal.
Se obstruye y vulnera la Libertad de Comercio e industria, libre competencia y concurrencia en perjuicio del artículo 43 de la Constitución Política de la República, siendo que en el mercado internacional existen prestigiosos fabricantes de libretas de pasaporte con capital público y privado que pueden cumplir y superar los requerimientos y necesidades del Instituto Guatemalteco de Migración”, manifestó la empresa GSI, Sociedad Anónima.
Otra inconformidad fue de la empresa Státni Tiskarna Cenin, que expuso: “somos una empresa estatal con mucha experiencia en el campo de documentos de seguridad, incluido pasaportes. nuestros clientes están en Europa, Asia, y Africa. Tenemos representantes en Centro America , y nos gustaría participar. Pero el tiempo es demasiado corto para poder presentar una oferta atractiva”.
No obstante, las cinco quejas fueron rechazadas.
Las 500 mil libretas se proporcionarán en dos entregas. La primera será de 50 mil en dos meses y medio. La segunda debe ser por 450 mil en un plazo de cuatro meses. El tiempo es computado a partir del día hábil siguiente a la publicación de la resolución que aprueba el contrato en Guatecompras.
Cuando el evento se publicó el IGM apenas contaba en bodegas con 58 mil 197 libretas ordinarias, que representaban menos de la cantidad necesaria para cubrir la demanda dentro y fuera del país, según estableció el dictamen técnico.
Rezagos en la ejecución
El IGM tiene un presupuesto de Q172 millones, aunque hasta la fecha solo reporta una ejecución del 35.15 por ciento. Para el programa de emisión de documentos migratorios particularmente tiene Q22 millones 651 mil 259, pero solo ha ejecutado Q686 mil 528.01, lo cual equivale al 3.03 por ciento, según se observa en el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas (Sicoin).
A esto lo antecede una serie de controversias políticas de parte del vicepresidente Guillermo Castillo y el exdirector de Migración, Guillermo Díaz, quien fue destituido el cinco de abril por los ministros que integran la Autoridad Nacional Migratoria, aduciendo que había incurrido en actos que eran “opuestos a los intereses” de la institución.
Tanto Díaz como Castillo reprocharon al presidente Alejandro Giammattei de haber intervenido ante los ministros para que estos procedieran a destituir al director, mientras se realizaba una licitación de 750 mil cartillas para pasaporte.
“Lo que escuché en la autoridad migratoria es que el señor presidente ordenó a los ministros de trabajo, desarrollo social, gobernación y relaciones exteriores que me quitaran la cabeza”, afirmó Díaz en una conferencia de prensa.
El evento finalmente se fue prescindido por una recomendación de la Contraloría General de Cuentas en enero. Luego, se lanzó una segunda licitación en enero, pero en mayo nuevamente la institución fiscalizadora solicitó que se anulara aduciendo que no se había permitido la libre competencia.
Tras anularse la segunda licitación, las nuevas autoridades del IGM, dirigido por Manuel Estuardo Valladares, lanzaron este nuevo evento, que fue cuestionado por las empresas y expertos en contrataciones públicas por considerar que las bases tenían una dedicatoria especial.
David Gaytán, consultor en temas de transparencia, explica que es ilegal que un evento de compra se dirija a un determinado proveedor. Cuando se aplica la modalidad de proveedor único es porque existe un estudio de mercado que demuestra que no hay otro oferente con la capacidad de brindar el bien o servicio, pero ese no es el caso con los pasaportes.
“Estos eventos tienen que ser supervisados por Contraloría General de Cuentas y se debe advertir que puede haber vicios”, explicó Gaytán.
El entrevistado considera inaceptable la opacidad en estas compras, ya que mientras eso sucede se corre el riesgo de que haya desabastecimiento de cartillas y ello repercute en el derecho que tienen las personas de tener sus documentos migratorios de forma oportuna.
Por medio de la oficina de comunicación, el IGM negó que la modalidad de proveedor único redujera la competencia y explicaron que se optó por requerir que el fabricante tuviera capital estatal porque así la negociación tendría el respaldo de un estado, lo cual atribuía certeza a la negociación.
