No obstante, esta iniciativa tiene varios cuestionamientos, sobre todo porque en Honduras y El Salvador las leyes no tuvieron el impacto deseado, que era que los jóvenes no integraran las pandillas. A pesar de eso, Alejos estima que en Guatemala este proyecto sí podría funcionar.
Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), considera que esta iniciativa estaría duplicando lo que establece la asociación ilícita, normado en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
“Los mismos ponentes de la Ley en El Salvador reconocieron que no había sido eficaz; al contrario, lo que se logró fue una restructuración de las pandillas, al perfeccionar la acción delictiva”, añadió.
La abogada Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que la represión a la juventud no es conveniente y que no se atacan las razones por las que los jóvenes se involucran en pandillas, como falta de oportunidades, tanto en lo laboral como en lo educativo.
“Se están obviando las necesidades que tienen los jóvenes que ingresan a las pandillas, las causas que originan este fenómeno, las faltas de oportunidades que hay para ellos”, expuso Escobar.
El experto salvadoreño en seguridad y criminología Ricardo Sosa indicó que en su país la iniciativa antimaras fue declarada inconstitucional, y a pesar de ello se aprobó una ley, llamada de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
Sosa manifestó que esa norma sanciona el hecho de la organización en grupos criminales, y la sola pertenencia a una pandilla está prohibida. Pero la fiscalía encontró un camino más viable de acusar a un pandillero con base en el Código Penal, por medio del delito de asociación ilícita.
Alejos cree que la norma puede funcionar, ya que es una reforma al Código Penal y no una nueva ley, como lo sucedido en Honduras y El Salvador, este último donde la violencia recrudeció cuando fracasó una supuesta tregua entre bandos enfrentados y el mayor impacto se tradujo en mayor muerte de policías.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, no respondió a las llamadas y mensajes enviados para conocer una versión oficial del Ejecutivo.
El subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, recordó que respecto de las pandillas los operativos montados a gran escala han permitido más de 500 capturas, la incautación de 200 armas de fuego y se han prevenido alrededor de 200 muertes violentas.
Sanciones más fuertes
- Instigación a delinquir establecerá una pena de uno a cuatro años de prisión y una multa de Q20 mil a Q35 mil.
- Quedan prohibidas las pandillas y quien las integre será castigado con seis a 12 años de prisión y multa de Q50 mil a Q60 mil.
- Los cabecillas de pandillas recibirán prisión de 10 a 15 años y multa de Q100 mil a Q250 mil.
- Promoción a los grupos delincuenciales será sancionada con prisión de seis a 12 años.
- Adjudicaciones ilegales de bienes muebles e inmuebles, con el objetivo de comercializar cualquier clase de estupefaciente, será objeto de seis a 12 años de prisión y una multa de Q40 mil a Q75 mil.
