En cuanto al reconocimiento de derechos, la PDH propone que no haya ninguna modificación, incluido lo relacionado con educación integral en sexualidad, que también debe ser una obligación del Estado.

Paredes explicó que no es necesario que se incluya la creación del Consejo Nacional de la Juventud, porque podría generar más burocracia en las decisiones a favor de los jóvenes.

El defensor de la Juventud consideró pertinente que se adhiera un mecanismo de participación para esa población en los Consejos Departamentales de Desarrollo, porque es allí donde se toman las decisiones locales.

Sobre el presupuesto, que ha generado tanta polémica debido a la propuesta de incrementar tasas en algunos impuestos específicos, Paredes indicó que lo mejor es que sea la cartera del Tesoro la que establezca los recursos que se destinarán para la institución que proteja los derechos de los jóvenes.

Prevén cambios

Alejandra Carrillo, congresista que preside la mesa técnica que analiza la normativa, refirió que lo mejor es que Finanzas sea el que defina los recursos; porque si se usan los del tabaco y el alcohol, se le resta a Salud, lo cual no es prudente, más cuando hay una crisis financiera tan grande.

Carrillo aseguró que tampoco se incluirá a los jóvenes de 14 a 17 años, pues la Ley de la niñez y la adolescencia es más proteccionista, en especial para aquellos menores que están en conflicto con la ley penal, y si se suman a la normativa, podrían perder esos derechos.

“La ley será para los jóvenes de 18 a 30 años; no es tanto para los adolescentes”, manifestó la legisladora.